Industriales pesqueros advierten que la propuesta del Gobierno afectaría tradicionales “caladeros” de pez espada y jurel, comprometiendo el futuro de una industria estratégica para el país.
Un caladero es una zona o área geográfica del mar donde los pescadores echan (“calan”) sus redes o aparejos de pesca porque se sabe que allí habitan, transitan o se concentran especies marinas de interés comercial.
La intención del Gobierno de ampliar los parques marinos en el Archipiélago de Juan Fernández y las Islas Desventuradas ha encendido las alarmas en el sector pesquero industrial, que advierte que la medida podría generar graves consecuencias para el empleo, la actividad exportadora y la seguridad alimentaria del país.
Aunque la autoridad sostiene que la iniciativa busca fortalecer la conservación de ecosistemas marinos y cumplir compromisos internacionales, los gremios afirman que la propuesta incorpora áreas que históricamente han sido utilizadas como “caladeros” de pesca de pez espada y jurel.
Desde el sector argumentan que Chile supera ampliamente la meta internacional de proteger el 30% de los océanos al 2030 (Meta 30×30), manteniendo más del 40% de su Zona Económica Exclusiva (ZEE) bajo alguna categoría de protección, cifra que según el Ministerio del Medio Ambiente superaría el 50% con este proyecto. Por ello, cuestionan la necesidad de seguir ampliando estas zonas sin evaluaciones científicas ni públicas que demuestren mejoras medibles en la recuperación de los recursos pesqueros.
Además, recuerdan que la actual Área Marina Protegida se logró mediante un acuerdo amplio entre ONGs, la pesca artesanal e industrial, investigadores y autoridades, el cual hoy se pretende desconocer. Asimismo, advierten sobre la creciente influencia de organizaciones internacionales en la definición de la política oceánica chilena —atribución exclusiva del Estado—, priorizando la conservación sobre el desarrollo productivo.
Compatibilizar conservación y producción
Los gremios sostienen que la conservación puede lograrse mediante cuotas basadas en evidencia científica, vedas temporales, manejo adaptativo y fiscalización de la pesca ilegal, herramientas que consideran más eficientes que declarar áreas de exclusión permanente.
La principal preocupación es social: la pesca industrial genera miles de empleos directos e indirectos en plantas de proceso, astilleros, puertos y servicios, principalmente en Coquimbo, Valparaíso y Biobío. Reducir el acceso a zonas históricas implicaría menores capturas, pérdida de competitividad y mayores costos operacionales.
El presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (AIP), Osciel Velásquez, ha señalado que la protección del medio ambiente debe ser compatible con el desarrollo productivo y el empleo, resguardando la biodiversidad sin restar competitividad ni desincentivar la inversión.
En la misma línea, Fernando Guevara, de Empresas Omega, manifestó su preocupación por el impacto de la medida sobre una actividad histórica, enfatizando que cualquier decisión debe sustentarse en antecedentes científicos, económicos y sociales robustos.
Los gremios reiteran que no se oponen a la conservación, pero piden equilibrio. “Conservar el océano es un objetivo compartido. Pero también lo es proteger el trabajo de miles de familias y asegurar que las decisiones públicas consideren tanto la evidencia ambiental como sus impactos sociales y económicos”, concluyen desde la industria.
