Decisión estará alojada y determinada con las recomendaciones que realice la División Jurídica del Gobierno Regional de Coquimbo. Máxima autoridad indicó que respetará los procesos judiciales y delimitará sus opiniones a conocer “el detalle de las formalizaciones”.
Un racimo de reacciones generó la audiencia de formalización que se realizará a fines de mayo a los implicados en el bullado caso Papaya Gate. La solicitud de la Fiscalía Regional de Valparaíso contra ocho personas ocurrirá a casi cinco años de los ilícitos, pero refresca uno los asuntos más complejos que ha experimentado la región de Coquimbo, luego de una cuestionada compraventa de terrenos, representada por la Contraloría, y que se efectuó sin la debida “toma de razón” del ente fiscalizados.
Los antecedentes, en ese momento, fueron derivados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, éste último querellante. Los detalles también han sido objeto de cuestionamiento en distintas instancias, incluso en una comisión especial del Congreso.
En ese contexto, Cristóbal Juliá, gobernador de la región de Coquimbo, evaluará los antecedentes que además se puedan esgrimir de la audiencia preparada para el 26 de este mes. “Hay que ver primero en qué consiste la formalización, porque hasta este momento la información que manejo es que se va a formalizar a ciertas personas que fueron funcionarios y otras que son de carácter privado”.
“Como Gobierno Regional tendremos que ponderar los hechos en el estado de la formalización y si nos corresponde o no hacernos parte de la querella. Pero eso lo va a definir la unidad (División) Jurídica del Gobierno Regional”.
La máxima autoridad regional manifestó también ser respetuoso de los procesos judiciales y delimitará sus opiniones “al detalle de las formalizaciones”.
“Finalmente, lo que interesa -y creo que le interesa- a la ciudadanía, es que aquellos que son responsables terminen pagando por lo que hicieron”, sentenció.
