Gobernador Juliá pide mayor autonomía financiera tras reiterar críticas por recorte de $8 mil millones del FNDR

Criticas de la autoridad apuntan a las constantes solicitudes de aprobación de recursos a la Dirección de Presupuestos (Dipres), pese a que partidas van incluidas en la Ley de Presupuestos, visadas por el Congreso. Algo similar esbozó con Contraloría: “los procesos se transforman en una burocracia interminable, y son los vecinos quienes van perdiendo credibilidad de las autoridades”, dijo.
El 06 de enero asumió Cristóbal Juliá como Gobernador Regional en Coquimbo. Y a mediados de semana, la autoridad rindió su Cuenta Pública, que lejos de iniciar con enumerar logros en su corta gestión o destacar la ejecución de proyectos, esbozó críticas al proceso de descentralización y transferencia de competencias, especialmente aquellas que permiten al organismo mayor autonomía financiera.
“(El) Proceso de descentralización partió para mejorar la gestión pública y la participación ciudadana. No obstante, los esfuerzos en trabajar aquello, persisten distintas problemáticas. Hemos estado involucrados en la conversación en el Congreso, y con autoridades del Gobierno Central, para ver cómo podemos lograr algo que es sumamente anhelado por los Gobiernos Regionales, y que es la autonomía fiscal”, indicó.
Según Juliá, si los Gobiernos Regionales disfrutaran de mayor autonomía, “tendríamos estos recortes presupuestarios que hemos visto el año pasado y el presente año, que, a la fecha, en esta región, llega al 8% del presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional”. En ese sentido, las estimaciones del gobernador apuntan a una merma cercana a los $8 mil millones.
Adicionalmente, las quejas aluden a competencias limitadas, graficadas en “pedir constantemente autorización a Dipres (Dirección de Presupuestos) para cosas que son básicas, incluso asuntos que fueron aprobados por los parlamentarios en el Congreso en la Ley de Presupuestos”.
“Con proyectos que sobrepasan los 300 a 400 millones de pesos, siempre deben pasar por Contraloría, y lo que ocurre con ello, es que los procesos se transforman en una burocracia interminable, y son los vecinos quienes van perdiendo credibilidad de las autoridades porque nos demoramos en las soluciones”, agregó.