El diputado Víctor Pino presentó una reforma constitucional que busca fortalecer la eficiencia del proceso legislativo y poner fin a la paralización indefinida de iniciativas en el Congreso.
La propuesta surge ante una problemática persistente en el sistema institucional chileno: La existencia de proyectos que, tras ser aprobados por su Cámara de origen, permanecen durante años —e incluso décadas— sin ser tramitados ni archivados por la Cámara revisora. Lo que evidencia una deficiencia estructural que afecta la certeza jurídica y la confianza ciudadana en el funcionamiento del Poder Legislativo.
El proyecto propone incorporar un nuevo artículo en la Constitución, estableciendo que la Cámara revisora deberá tramitar los proyectos aprobados por la Cámara de origen en un plazo máximo de tres años desde su remisión. Vencido dicho plazo sin pronunciamiento, el proyecto se entenderá aprobado sin enmiendas ni adiciones y será devuelto a la Cámara de origen, la que deberá pronunciarse sobre su aprobación o rechazo en un plazo no superior a 30 días.
“El Congreso no puede seguir acumulando proyectos durante décadas sin que exista un pronunciamiento. Eso no es sano para la democracia ni para la certeza jurídica del país”, señaló el diputado Víctor Pino.
El parlamentario agregó que “esta reforma no busca debilitar el debate legislativo, sino todo lo contrario: busca que las decisiones se tomen dentro de plazos razonables y que ninguna iniciativa quede en el limbo por simple omisión”.
Finalmente, sostuvo que “cuando el Estado no responde oportunamente, la ciudadanía percibe abandono. Necesitamos un Congreso más eficiente, más transparente y más responsable frente a los proyectos que tramita”.
Con esta iniciativa, el diputado Víctor Pino busca asegurar mayor responsabilidad institucional entre ambas Cámaras y avanzar hacia un sistema legislativo más ágil y acorde a las exigencias de la ciudadanía.
