“La política de subsidios ha sido exitosa, pero necesita ajustes para responder al déficit actual”, afirma Carlos Marambio, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales, quien visitó la región de Coquimbo para revisar el avance del Plan de Emergencia Habitacional y plantear medidas que permitan cumplir las metas.
Por Joaquín López Barraza
En su paso por la región de Coquimbo, el director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales (ADVS), Carlos Marambio, entregó una radiografía técnica del estado del Plan de Emergencia Habitacional (PEH) y de los principales factores que, a su juicio, definirán la capacidad de cumplir con la meta al 2026.
Su diagnóstico combina avances concretos con desafíos estructurales. Según el informe del Minvu, la región presenta un 84,6% de avance global en el PEH, pero el programa DS49, destinado a familias de menores ingresos y sin acceso a crédito, registra solo un 37,4% de cumplimiento. Para Marambio, el rezago no responde a falta de demanda ni a escasez de suelos, sino a problemas de gestión y tramitación.
“El DS49 es 100% financiado por el Estado, pero sus revisiones pueden tardar más de dos años. Esa burocracia desalienta al sector privado y retrasa la entrega de soluciones. Si no se agiliza, será difícil que cumpla su potencial”, explica.
El dirigente sostiene que, en contraste, el DS19 —proyectos de integración social que combinan recursos públicos y privados— ha mostrado mejor desempeño, aportando más de 5.000 viviendas en la región. Sin embargo, advierte que también enfrenta obstáculos: “El alza en costos de construcción y suelo, sumada a la eliminación del crédito especial para empresas constructoras, ha reducido su viabilidad. Hace cinco años el programa producía unas 30.000 viviendas anuales; hoy son 20.000. Si compensamos esa pérdida, podemos reactivar la capacidad instalada que está subutilizada”.
Concesiones en vivienda: una herramienta para ampliar el arriendo asequible
Entre sus propuestas para acelerar la producción habitacional, Marambio plantea abrir la puerta a mecanismos ya probados en otras áreas de inversión pública.
“Podríamos impulsar concesiones en materia de vivienda, especialmente en suelo fiscal, como se hizo en su momento con infraestructura vial. Esto permitiría aumentar la oferta de arriendos asequibles y responder a grupos que no necesariamente necesitan o pueden acceder a la vivienda en propiedad: adultos mayores, jóvenes y población migrante”.
A su juicio, otra palanca clave es la densificación equilibrada en zonas bien servidas de las ciudades. “No es que no haya suelo, lo hay. El problema es que muchas veces no tiene la norma suficiente o está mal planificado. Si en sectores céntricos con casas de un piso pudiéramos construir edificios de tres o cuatro pisos, cerca de transporte y servicios, ganaríamos espacio para más familias sin forzar la expansión de la ciudad hacia periferias cada vez más costosas y mal conectadas”.
Precios que suben más rápido que los sueldos
Marambio reconoce la paradoja que vive la región: un sobrestock equivalente a 25 meses de ventas, junto a un déficit que sigue presionando. “El problema es que las familias no pueden acceder a esas viviendas porque los precios han crecido más rápido que las remuneraciones. Ahí el Estado tiene dos opciones: ajustar subsidios para cerrar la brecha o flexibilizar condiciones bancarias para mejorar el acceso al crédito. Si no resolvemos esa ecuación, seguiremos con viviendas vacías y familias sin casa”, advierte.
El financiamiento que necesita un plan que no puede detenerse
Aunque en la región de Coquimbo el flujo de pagos del Minvu no ha presentado los problemas que afectan hoy a la Región Metropolitana, Marambio llama a no subestimar este riesgo: “Si no hay caja para pagar estados de avance, las obras se detienen, las familias esperan más y se pierden empleos. El PEH es un compromiso presidencial y requiere respaldo financiero constante para no frenar su ejecución”.
Para la segunda mitad de 2025, espera que la región cumpla la meta de 12.000 viviendas entregadas y que se mantenga el trabajo público–privado que, según dice, ha sido ejemplar. Y mirando más allá del periodo actual, plantea que la próxima administración debería fijarse metas igualmente ambiciosas y dar continuidad a la política habitacional como prioridad nacional.
“La política de subsidios ha sido exitosa en reducir el déficit, pero el contexto cambió: hoy necesitamos ajustes que nos permitan mantener el ritmo, integrar el arriendo como política fuerte y aprovechar mejor el suelo urbano. Si no adaptamos la estrategia, la brecha habitacional no se va a cerrar”, concluye.
