El clima se ha encargado de recordarnos una lección severa sobre la vulnerabilidad de nuestra infraestructura. Caminos anegados, rutas cortadas, viviendas afectadas y puentes o badenes colapsados por la fuerza destructiva de las bajadas de quebradas, desbordes de canales y crecidas de ríos son el saldo de un fenómeno que, si bien ocurre con baja frecuencia, produce estragos profundos.
En una geografía como la nuestra, caracterizada por pendientes pronunciadas y cuencas de respuesta rápida, el agua no desciende en calma: lo hace con velocidad, arrastrando toneladas de sedimentos, rocas y escombros. Frente a esta realidad, decenas de badenes y obras viales menores simplemente no soportaron la furia del caudal. Este colapso estructural obliga a plantear una discusión de fondo sobre la visión estratégica en la obra pública local: ¿hasta cuándo seguiremos diseñando para la normalidad y no para la excepción?
Existe una premisa económica y social insoslayable: construir bien desde el comienzo, incorporando estándares de ingeniería adaptados a eventos climáticos extremos, resulta drásticamente más barato que reparar o reconstruir tras cada emergencia. La inversión inicial en obras de mitigación, drenaje reforzado, sobredimensionamiento preventivo de colectores y puentes de mayor envergadura puede parecer elevada en el presupuesto inmediato, pero el costo de la inacción y de la reconstrucción cíclica es infinitamente mayor. A las pérdidas financieras directas del Estado hay que sumar el costo invisible pero devastador en el aislamiento de comunidades, el impacto en la economía regional y la interrupción de servicios básicos.
El cambio climático ha dejado de ser una proyección futura para convertirse en una realidad operativa. Aunque las precipitaciones de gran magnitud se registren de manera esporádica en una zona mayoritariamente árida o semiárida, su impacto es multiplicado justamente por la falta de preparación del terreno y de las infraestructuras. La planificación urbana y la obra vial no pueden seguir respondiendo a promedios históricos que ya no reflejan la dinámica actual del clima.
Exigir estándares de resiliencia en las licitaciones públicas no es un lujo ni un gasto suntuario; es un deber de responsabilidad presupuestaria y de seguridad territorial. La Región de Coquimbo requiere una infraestructura a la altura de su geografía y de los desafíos del presente. Levantar puentes donde hoy persisten badenes vulnerables, canalizar adecuadamente los cauces y reforzar la contención en quebradas de alta velocidad no solo protegerá el patrimonio público, sino que salvaguardará la vida y el bienestar de miles de familias. La prevención estructural debe dejar de ser una promesa de reconstrucción para convertirse en la norma de nuestro desarrollo.
Víctor H. Villagrán
Editor Semanario Tiempo
