La Sala de la Cámara aprobó en su tercer y último trámite, el proyecto que agiliza los permisos sectoriales, despachando la iniciativa a ley de la República. El texto, conocido como proyecto de “permisología”, busca agilizar el otorgamiento de los permisos sectoriales para proyectos de inversión, simplificando su tramitación acorde a sus riesgos asociados, junto con avanzar en mayor certeza jurídica y transparencia de los procedimientos.
De esta forma la iniciativa pretende lograr sus objetivos, sin reducir ni desregular los mecanismos de protección al medio ambiente y de las personas. En concreto, el texto busca optimizar y reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de 380 permisos sectoriales pertenecientes a 37 servicios y a 16 ministerios. La iniciativa apuesta por una simplificación y modernización de los procesos administrativos, sin comprometer los estándares regulatorios vigentes.
Al momento de las votaciones se respaldó la totalidad de los cambios hechos al texto en el Senado, incluyendo los tres aspectos más controversiales. De tal forma, se respaldó el principio de proporcionalidad que establece que los órganos sectoriales velarán porque las limitaciones para la habilitación de proyectos se adecúen al objetivo y riesgo involucrado; evitando la imposición de exigencias y cargas innecesarias para el correcto resguardo de los respectivos objetos de protección.
Lo propio ocurrió con la habilitación de proyectos o actividades sometidas a limitaciones regulatorias, la que se realizará, por regla general, mediante técnicas habilitantes alternativas (avisos y declaraciones juradas), sin exigir la dictación de un acto administrativo.
Mismo caso para la aplicación del silencio administrativo positivo general. En este caso se determinó que, de no existir respuesta a una solicitud de parte de la autoridad dentro del plazo establecido, se considera que el permiso ha sido otorgado automáticamente. Es decir, si la entidad o servicio no se pronuncia dentro del tiempo definido por la ley o el reglamento, la petición se entenderá aprobada, evitando así la paralización de proyectos por falta de respuesta administrativa.
El debate estuvo marcado por la necesidad de conjugar el desarrollo económico del país con el cuidado medioambiental. Vale decir, que la adecuada protección del entorno no se convierta en una limitante para el progreso y el crecimiento.
En ese marco, la oposición respaldó el proyecto y las modificaciones hechas durante su tramitación, dado que la agilización de trámites favorecerá el desarrollo y la generación de empleo.
Por su parte, el oficialismo se dividió respecto de los eventuales riesgos que significaría la simplificación de trámites. Mientras algunos parlamentarios relevaron la importancia de disminuir los tiempos en beneficio de la pequeña y mediana empresa, otros expresaron dudas por los efectos en el entorno y por la legitimidad de la simplificación en los procesos administrativos.
Por su parte, el ministro de Economía, Nicolás Grau, afirmó que la norma representa cambios muy importantes sobre todo para los proyectos de pequeña escala, por medio de la disminución de los tiempos, sin bajar el estándar sectorial ni medioambiental. Al respecto, descartó categóricamente que el proyecto afecte la protección del medio ambiente. Explicó que los reparos planteados están radicados en el funcionamiento del Sistema de Evaluación Ambiental, mecanismo que se encuentra fuera de esta ley.
Cabe recordar que el proyecto tiene por objeto proporcionar un marco general que vele por el cumplimiento, estandarice y coordine las formas establecidas para la válida actuación de los órganos de la Administración del Estado, con competencia para habilitar proyectos o actividades sometidas a limitaciones regulatorias.
El objetivo es otorgar mayor certeza a titulares y personas que desarrollen dichas actividades, así como a la ciudadanía en general. Asimismo, promueve el desarrollo de la productividad, crecimiento e inversión a través de la creación de mecanismos para la modernización de las autorizaciones y para el progresivo tránsito hacia una regulación estandarizada y simplificada para la habilitación de proyectos o actividades que resguarden adecuadamente los derechos de las personas solicitantes.
Lo anterior por medio de normas que definan el proceder de los órganos de la Administración del Estado para su actuación válida y pronta, la que tendrá en consideración los riesgos asociados, dará mayor certeza jurídica y aumentará la transparencia de los procedimientos.
