La proposición busca implementar una normativa que entregue instrucciones a bancos, cooperativas de ahorro y crédito y empresas emisoras de tarjetas de pago no bancarias. La idea es fortalecer controles, a través de investigaciones y procesos judiciales, contribuir a la prevención y detección del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) puso en consulta pública, por un período de cuatro semanas, una propuesta normativa que exige la exhibición de la cédula de identidad a quienes realicen depósitos en efectivo por montos iguales o superiores a $1 millón, o su equivalente en moneda extranjera.
La medida propuesta considera instrucciones comunes para bancos, cooperativas de ahorro y crédito (CACs) y empresas emisoras de tarjetas de pago no bancarias (ETNBs). Para ello, se realizan ajustes al Capítulo 20-1 de la Recopilación Actualizada de Normas para bancos, al Capítulo CAC-3 para CACs y la Circular N°1 para ETNBs.
Si bien la disposición normativa recae sobre los depósitos en efectivo a partir de $1 millón, la propuesta faculta expresamente a las entidades financieras para extender el mismo control de identidad a depósitos en efectivo por montos inferiores, según sus propias políticas.
Los ajustes tienen como objetivo mejorar la trazabilidad de las operaciones en efectivo, en especial cuando éstas son realizadas por personas distintas de los titulares de las cuentas destinatarias, y facilitar las investigaciones y los procesos judiciales correspondientes. Su aplicación busca resguardar, a su vez, el normal desarrollo de las transacciones habituales y legítimas que se realizan con efectivo en las entidades bajo la supervisión de esta Comisión.
El proyecto normativo se enmarca en el cumplimiento de la Acción N°60 del Plan de Acción 2023-2027 de la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, de la cual la CMF es parte integrante, recoge además el trabajo coordinado con la Mesa Intersectorial (MILAFT) y se sustenta en un informe técnico elaborado por dicha Mesa en conjunto con el Ministerio Público, que forma parte de los antecedentes de la consulta.
