La semana pasada el Investigador en Políticas Públicas y Fundador de la Corporación Cadena de Favores Cuarta Región, Gustavo Heise Burgos, nos recordaba ideas potentes respecto a los campamentos en nuestra región.
“La Región de Coquimbo enfrenta una crisis silenciosa pero profunda: la expansión de campamentos y el aumento sostenido del déficit habitacional. Hoy, más de 3.200 familias viven en 51 campamentos distribuidos en diversas comunas, muchas de ellas en sectores aislados, sin acceso regular a agua potable, electricidad o servicios básicos. Esta realidad no solo refleja pobreza, sino también una exclusión estructural que se ha mantenido por años”.
Sin embargo, siempre detrás de los campamentos y de las tomas de terrenos hay una doble cara. Por una parte la de personas necesitadas que muchas veces no tienen recursos, redes ni conocimiento para avanzar más en la vida y que sufren la angustia de la falta de techo y abrigo. Por otro lado, la marginalidad y falta de regulación social que apareja espacios de delincuencia, narcotráfico, perpetuación del hacinamiento y la pobreza.
Esta semana, el pasado 25 de agosto, se realizó un gran operativo policial en el sector denominado del campamento La Varilla, ubicado detrás del cementerio de Las Compañías, el populoso sector de La Serena al lado norte del río Elqui.
Entre las 06:00 a 11.00 horas, funcionarios de este Departamento de Migraciones y Policía Internacional La Serena, en conjunto REPOL COQUIMBO y colaboración de REPOL ARICA, VALPARAISO Y ATACAMA, además de Carabineros locales sumaron en total 120 efectivos que realizaron una gran redada con 31 vehículos, drones, un helicóptero institucional.
En total 260 extranjeros fiscalizados. En el detalle, fueron 88 venezolanos, 60 colombianos, 59 haitianos, 26 bolivianos, 21 ecuatorianos. 3 peruanos, un argentino y un cubano. De ellos cinco fueron detenidos. Se detectaron muchos inmigrantes ilegales, a quienes se les tomaron huellas digitales e imágenes faciales.
En realidad, sorprende la cantidad de inmigrantes y la acción policial nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de articular políticas públicas en los campamentos. No sólo esperar que sigan creciendo espontáneamente y reaccionar muchos meses o años después. Si surgen, debe existir una respuesta del Estado. Al menos un control más permanente que permita integrarlos de alguna forma al sistema.
Víctor H. Villagrán
Editor Semanario Tiempo
