La normativa elimina el cobro progresivo de hasta 12 UTM por hectárea y posterga los remates de concesiones hasta 2027, mientras la Agrupación Nacional de la Pequeña y Mediana Minería advierte un impacto negativo en la recaudación fiscal y en la estabilidad de las pertenencias de menor escala.
Por amplia mayoría, la Cámara de Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto que modifica el régimen de patentes mineras, iniciativa impulsada por el Ejecutivo con el objetivo de simplificar la estructura de cobros y brindar estabilidad regulatoria al sector. La nueva legislación elimina el cobro progresivo que alcanzaba hasta 12 unidades tributarias mensuales (UTM) por hectárea y lo reemplaza por una tasa fija de 0,4 UTM. Adicionalmente, el texto legal posterga hasta el 28 de febrero de 2027 el pago de las patentes correspondientes al período 2026, suspendiendo los procedimientos de remate de concesiones mineras a nivel nacional.
Durante la tramitación en sala, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, acompañado por el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, valoró el consenso legislativo alcanzado, sosteniendo que la medida remueve trabas burocráticas para incentivar la inversión y la exploración en las bases de la industria.
REBAJAS Y REQUISITOS OPERATIVOS
El cuerpo legal amplía las causales para acceder a una patente rebajada de 0,1 UTM por hectárea, beneficiando no solo a los titulares de las concesiones, sino también a arrendatarios y explotadores legítimos. Asimismo, mantiene este beneficio para proyectos que cuenten con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) vigente o en tramitación, e incorpora un régimen especial de cinco años para titulares de hasta 500 hectáreas empadronados en la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) u otros poderes de compra reconocidos. Para la minería artesanal, la superficie máxima susceptible de rebaja aumentó de 50 a 100 hectáreas, y de 100 a 150 hectáreas para pequeños productores, extendiendo la duración del beneficio de dos a cinco años.
CRÍTICAS Y MOROSIDAD EN EL SECTOR
Pese al despacho de la iniciativa, la Agrupación Nacional de la Pequeña y Mediana Minería y de Dueños de Concesiones Mineras (AGRUMIN) rechazó el resultado legislativo. Su presidente, Patricio Gatica, lamentó que la Cámara de Diputados no rechazara las modificaciones del Senado para enviar el texto a una comisión mixta, acusando al biministro Daniel Mas y al subsecretario de la cartera de desatender las indicaciones de los pequeños productores. Gatica también cuestionó la gestión de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) en la defensa de las bases gremiales.
Desde la perspectiva técnica y financiera, AGRUMIN alertó sobre una caída en la recaudación fiscal derivada de las modificaciones legales aplicadas desde 2022. Según datos expuestos por el gremio, el monto de patentes impagas en 2025 ascendió a $102.609 millones (32,4% de morosidad), mientras que a agosto de 2026 la morosidad acumulada suma $85.607 millones (27,3%), estructurando un menor ingreso nominal de $188.216 millones en ambos ejercicios. La entidad proyecta un déficit neto acumulado en la recaudación de patentes de $119.642 millones hacia el año 2035.
Finalmente, el gremio reprochó la exigencia de entregar información administrativa que ya cursa en el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), señalando que estos trámites desvían los recursos del organismo fiscalizador en terreno y exponen a los pequeños mineros a la pérdida de sus propiedades.
