Área Marina Costera Protegida: estiman más de 3.500 empleos en riesgo, en medio de altas cifras de desocupación en la región

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Desde La Higuera, sindicatos de pescadores de Chungungo, Caleta Los Hornos y Totoralillo Norte estiman que adicionalmente otros 65% de los trabajadores de mar pueden verse perjudicados con la medida, que ayer fue publicada en el Diario Oficial. Reiteran una serie de vicios como la baja participación ciudadana, la afectación de derechos entregados para ejercer la actividad, irregularidades que fueron advertidos por servicios públicos y centros de estudios.

Son tres recursos de protección que se encuentran alojados en la Corte de Apelaciones de La Serena contra la legalidad en la creación del Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) Atacama-Coquimbo. Sin embargo, la zona de protección, que abarca más de 574 mil hectáreas fue publicada en el Diario Oficial, por lo que los pescadores artesanales e industriales de La Higuera y Coquimbo se manifestaron en alerta, ante una eventual afectación por más de 3.500 puestos de trabajo con su implementación.
Ello en medio de las altas cifras de desempleo en la región de Coquimbo, ya que el 10,5% de desocupación registrada durante el trimestre móvil agosto-octubre del año en curso, la sigue posicionando como la zona con mayor cesantía en Chile.
Por ello, reiteraron una serie de irregularidades en la forma cómo se llevó el proceso de elaboración, pues no contó con la debida participación ciudadana, ni consideró la opinión de actores claves, como tampoco la posible afectación de derechos constitucionales adquiridos para ejercer la actividad pesquera, la que vienen desarrollando hace décadas, anomalías que incluso fueron advertidos por servicios públicos y centros de estudios.
“Esto amenaza, limita y prohíbe nuestra actividad pesquera que desarrollamos de manera sustentable con el medio ambiente y cuidando los recursos del mar hace más de 30 años. El gobierno determina normas sin los antecedentes ni la participación de las personas que viven en los territorios”, indicó Raúl Julio, presidente del Sindicato de Pescadores de Totoralillo Norte de la comuna de La Higuera.
A través de dos recursos de protección, que se encuentran en trámite en el tribunal de alzada serenense, los pescadores de Totoralillo Norte, Caleta Los Hornos y Chungungo creen que adicionalmente un 65% de los trabajadores de mar, mariscadores y buzos de toda la comuna de La Higuera pueden verse perjudicados con la medida.
Dichos antecedentes fueron presentados -a través de cartas- a la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, quién -a juicio de los pescadores- omitió las advertencias al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático, lo que no fueron incorporados al expediente administrativo que se tuvo a la vista en la sesión del 11 de agosto pasado.
Para Jorge Cabrera, vocero del Sindicato de Pescadores de Totoralillo Norte, la aprobación del AMCP-MU está viciada “por sesiones del Consejo de Ministros que fueron interrumpidas, sin consenso, con entrega de información parcial y errónea, y con algunos de sus miembros incluso pidiendo postergarla constantemente”.

3.500 empleos menos
Cabe recordar que Asociación de Industriales y Armadores Pesqueros de la Cuarta Región (AIP) y la Federación de Trabajadores de Mar (Fetramar) Elqui, interpusieron un tercer recurso de protección ante el tribunal de alzada serenense. En cuanto a la AIP, la pesca aporta unos 1.000 empleos, entre personas que se desempeñan en embarcaciones, los planteles y las empresas que prestan servicios de alimentación, aseo, mantenimiento mecánico, electricidad y transporte, entre otras.
En 2016, esta asociación fue certificada bajo el sello MSC (Marine Stewardship Council) como pesquera sustentable, y fue la primera organización industrial de Chile en obtener esa acreditación internacional, la que asegura que los productos son sanos, desde el punto de vista biológico y ecosistémico. “La pesca de crustáceos se realiza hace más de 35 años y entrega empleos estables y formales durante casi la totalidad del año, constituyéndose en una de las principales fuentes de trabajo”, sostuvo el escrito del abogado Jorge Osorio.
Por su parte, Fetramar Elqui representa a 20 organizaciones de pescadores artesanales de Coquimbo, Tongoy y Guanaqueros, agrupando a unos 2.435 socios que desarrollan la actividad entre Caleta Los Hornos y Chungungo. Son unas 190 embarcaciones comprometidas, donde trabajan hasta 10 tripulantes”, agregó Osorio.
Dichas falencias han sido advertidas por servicios públicos y centros de estudios. Por ejemplo, la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Católica del Norte indicó que los polígonos del AMCP-MU hacen imposible la fiscalización efectiva de la autoridad marítima, contraviniendo las recomendaciones internacionales que indican que se deben evitar límites complejos. Asimismo, también insinuó que no hubo consulta formal a organizaciones de pesca de ambas regiones, ni a las comunidades del pueblo chango, a pesar que algunos de ellos estuvieron en los talleres de socialización.

Por su parte, del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (Ceaza) consideró de “suma importancia” fortalecer la participación ciudadana y de autoridades, a través de una consulta formal a las organizaciones de pesca. En tanto, la Armada de Chile apuntó que la zona presenta un alto tráfico de embarcaciones asociadas a la pesca artesanal con puntos de fondeo en zonas aledañas a islotes, donde existen otorgamientos legales, reglamentarios y administrativos de distintas autoridades sectoriales que entregaron derechos a particulares y agrupaciones sociales, de carácter marítimo y pesquero, “que han invertido importantes recursos económicos e investigativos”.