Proyecto redactado por el gobierno se encuentra bajo análisis en el Congreso Nacional. El sector pesquero industrial critica los efectos que podría tener en caso de aprobarse sin mejoras, al precarizar las condiciones para la actividad.
Opiniones encontradas y honda preocupación cunde en el sector pesquero local y nacional con respecto al proyecto de ley para una nueva Ley General de Pesca y Acuicultura, anunciada en diciembre pasado por el Presidente de la República, Gabriel Boric, y que se encuentra en trámite en el Congreso Nacional. Dicho cuerpo legal pretende reemplazar a la actual legislación, la Ley 18.892, originada en 1989 y actualizada en numerosas oportunidades, incluyendo una polémica modificación introducida en 2013 durante la primera administración del ex presidente Sebastián Piñera.
La propuesta legal contiene 375 artículos más 28 disposiciones transitorias, introduciendo una serie de cambios para las actividades económicas que se desarrollan en el mar chileno, los que han despertado críticas desde los diversos ámbitos de la pesca y acuicultura.
“Los empresarios de la región encontramos que es una mala ley, que no da estabilidad para seguir invirtiendo, no entrega seguridades”, señala Osciel Velásquez, presidente de la Asociación de Industriales y Armadores Pesqueros de la Región de Coquimbo (AIP) y de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca).
El dirigente destaca que el proyecto, lejos de otorgar certezas que contribuyan a estimular las inversiones –y en consecuencia, impulsar el crecimiento y el empleo en el rubro pesquero–, amenaza con introducir más incertidumbres y beneficiar a los países competidores de Chile, a costa de la pesca nacional. “Es una ley anárquica en que no gana nadie y en donde pareciera haber una posición ideológica del gobierno contra los empresarios”, comenta.
Entre otros problemas, el proyecto de ley establece una disminución de 20 a 10 años en la durabilidad de las licencias de pesca otorgadas a las empresas del sector, cuestión que limita el horizonte de inversiones en materiales como barcos pesqueros y plantas de proceso.
Asimismo, en el caso de la pesca industrial, se aumenta drásticamente la proporción de asignaciones a través de subastas públicas, pasando desde un máximo de 15% por pesquería a un 50% del total de la fracción industrial, desconociendo de este modo los derechos históricos adquiridos por los actores pesqueros ya constituidos. Ello beneficia a las empresas más grandes y con mayor poder financiero, perjudicando en cambio a las medianas y pequeñas, las cuales podrían quedar fuera de competencia y desaparecer. Este último es el caso de la flota local dedicada a la captura de crustáceos demersales, así como los que practican la pesca de pez espada, todos los cuales pertenecen a pequeñas y medianas empresas.
Otra arista radica en que el proyecto rebaja notablemente las cuotas de pesca disponibles para la pesca industrial en las pesquerías de anchoveta, sardina española, sardina común, congrio, jurel, merluza común, merluza de cola, merluza de tres aletas y merluza del sur, en favor de la flota artesanal. Esta medida no sólo pondría en riesgo el abastecimiento de numerosas plantas de procesamiento de congelados y enlatados, sino que además podría repetir la mala experiencia dejada por la “Ley de la Jibia”, de 2019, que impidió a partir de entonces a la flota industrial participar en la captura de dicho molusco, provocando la destrucción de dos mil empleos, el cierre masivo de plantas que procesaban jibia y pérdidas millonarias en exportaciones, sin que ello hubiese redundado en un provecho objetivo para la pesca artesanal. De hecho, las cuotas de jibia ya no logran ser capturadas en su totalidad, favoreciendo en cambio a las flotas internacionales que operan en el área adyacente, las que pescan esta biomasa una vez que sale de la zona económica exclusiva de Chile.
“Estamos dando ventaja a otros países; lo que Chile no pesca, otros países nos ganan los mercados. No nos negamos a un cambio de ley, pero sí que sea una buena ley”, declara Velásquez.
