Haití arrastra décadas de un sufrimiento interno profundo, marcado por catástrofes como el terremoto de 2010, magnicidios y el colapso institucional a manos de bandas criminales. Este dolor histórico gatilló un éxodo masivo, empujando a más de 520.000 personas a cruzar la peligrosa selva del Darién solo en 2023.
Ante esto, países de la región blindaron sus fronteras, mientras que Chile emergió como un destino clave, acumulando una población haitiana residente de 184.721 personas (11,4% del total de extranjeros en el país). Sin embargo, la respuesta del Estado chileno estuvo lejos de ser una migración ordenada y segura.
Recientemente, el país se ha visto sacudido por la vulnerabilidad extrema de los niños, niñas y adolescentes (NNA) de origen haitiano que ingresaron de forma irregular, por una reciente auditoría de la Contraloría General de la República que develó una extraña flexibilización de los controles migratorios, donde el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) eximió de forma irregular la exigencia de certificados de nacimiento legalizados ante consulados para trámites de menores procedentes de Haití.
Fiscalizaciones en terreno confirmaron que al menos 64 menores no habitaban en las direcciones declaradas ni junto a los tutores legales registrados en sus carpetas y actualmente, el Ministerio Público investiga penalmente el ingreso de menores en vuelos chárter operados por aerolíneas como Aruba Airlines y Galistair tras detectar anomalías en los manifiestos de pasajeros.
Hoy, con mucho destiempo se desarrollan acciones fiscalizadoras de la Cámara de Diputados y la PDI lidera operativos nacionales de fiscalización biométrica en campamentos y zonas vulnerables. La Fiscalía de Tarapacá y el Sermig indagan el paradero desconocido de más de 200 niños de origen haitiano que ingresaron al país.
Pero el riesgo directo de perder la trazabilidad de un niño es evidente: cuando el Estado le pierde el rastro, lo entrega a las redes de trata de personas y explotación laboral. Urge esclarecer judicialmente el paradero de cada uno para prevenir delitos atroces. Si bien en el debate público local suelen agitarse alarmas extremas como el tráfico de órganos, la Defensoría de la Niñez y el Ministerio Público han aclarado de forma tajante que no existen antecedentes ni registros penales de ese delito específico en Chile. No obstante, el tráfico de migrantes y la desprotección estatal ya constituyen una tragedia humanitaria intolerable.
Proteger a los niños migrantes no es un asunto político; es un imperativo moral. Chile debe endurecer la fiscalización, cruzar de forma eficiente los datos de fronteras con las policías y los tribunales de familia, y asumir que un control deficiente termina costando vidas y destruyendo infancias.
Víctor H. Villagrán
Editor Semanario Tiempo
