Hoy el discurso presidencial gira en torno a la mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, lo cual parece no tener mayores retractores. Claro está que a costa de esa eficiencia ningún funcionario público quiere quedar sin empleo, ningún municipio quiere menos presupuesto y existe un legítimo temor de perder beneficios sociales.
Sin embargo, es un hecho de la causa que diariamente se pierden millones de pesos por mala gestión. La propia ministra de salud, la semana pasada en La Serena apunto a que existe “responsabilidad de ciertos directores de servicio que no están realizando bien su trabajo, como por ejemplo, en controlar situaciones de ausentismo o la paradojal realidad de hospitales que no tienen medicamentos para entregarle a sus pacientes y por otro lado, 2.000 millones de pesos en merma de medicamentos que los tienen que eliminar”.
Y está claro que en una casa, en una empresa, cuando existen problemas de flujo de caja o de liquidez, básicamente existen tres opciones: o reducimos los gastos, o aumentamos los ingresos o nos endeudamos (gasto a futuro). Chile está produciendo menos hace rato, ya está llegando al límite de su capacidad razonable de endeudamiento, por lo tanto parece que la idea de mejorar la gestión y reducir gastos mal ejecutados es el camino.
Y en ellos los temores ideológicos en tanto se cumplan con los preceptos legales y constitucionales que nos hemos dado para organizar nuestro país. También en la discusión parlamentaria con el costo que ello tenga para lo intereses políticos futuros, pero se debe tomar conciencia de la necesidad de medir, ajustar, optimizar el gasto público.
Y quizás la misma lógica debería aplicar para el gasto regional, puesto que vemos una danza de millones permanentemente, probablemente justificados y técnicamente correctos, pero que algunas veces resultan difíciles de explicar. Ya tuvimos la experiencia del Papaya Gate o el Mercado del Mar. El edificio consistorial de Coquimbo (el más caro de Chile).
Saltan alarmas como la de la reciente compra de ambulancias, con aparentes fallas en los procesos de adjudicación (en investigación) y también surgen dudas como el monto de $6.300 millones para el parque San Joaquín, puesto que no considera la compra del terreno (que ya está) sino solo las obras para un parque. Eso. Áreas verdes, algunas pérgolas y juegos infantiles.
Ojalá nos estemos equivocando o quizá el costo de las obras realmente haya subido a ese nivel. Pero en algún momento es probable que alguien deba explicar con peras y manzanas dónde estarán esos miles de millones de pesos invertidos.
Víctor H. Villagrán
Editor Semanrio Tiempo
