En la ofensiva contra el Gobierno participaron parlamentarios, alcaldes y consejeros regionales y algunos dirigentes sociales. Todos empujaron y exigieron que el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda dejara firmado el decreto que autorizaba los montos.
:Varios parlamentarios, alcaldes y consejeros regionales, además de algunos dirigentes vecinales, presionaron al Gobierno luego que se trabara el traspaso de recursos para una de las medidas claves para fortalecer la prevención del delito, la vigilancia, el combate al narcotráfico, el crimen organizado y la labor de Carabineros.
Se trata de los fondos para la adquisición de drones de vigilancia. El anuncio fue confirmado luego de semanas de gestiones y demandas públicas encabezadas por el gobernador regional, Cristóbal Juliá. La iniciativa, financiada con más de $11.195 millones del Gobierno Regional, permitirá incorporar estos dispositivos, después de la dura advertencia de las autoridades locales, quienes pidieron garantías formales de un avance en la medida, incluso contar con la firma del decreto de Hacienda validado por Contraloría.
El gobernador de la región de Coquimbo, Cristóbal Juliá, profundizó en las dificultades que han enfrentado durante la tramitación, calificando como injustificadas las solicitudes reiteradas de documentación ya entregada y la falta de respuesta técnica desde el nivel central. “Es lamentable llegar a este punto para defender recursos que, por ley, pertenecen a la región. DIPRES había comprometido en septiembre la aprobación, pero nuevamente se nos niega sin sustento, pidiendo documentos que ya estaban en manos del ministerio. Mientras tanto, la región más productora de marihuana del país enfrenta un avance del narcotráfico que pone en riesgo la vida rural y la seguridad de miles de familias. No es aceptable que sigan dilatando una inversión que está completamente acreditada”, indicó.
El senador Matías Walker destacó que el logro fue consecuencia directa de la presión mancomunada de autoridades y actores sociales. “Esta autorización se firmó gracias a la presión que ejercimos con dirigentes, autoridades y el Consejo Regional. Ver para creer. Ahora debemos ver la autorización firmada y que Contraloría tome razón, tal como ya ocurrió con otros proyectos. La unidad regional nuevamente demuestra que funciona”, señaló.
Walker recordó también que este método ya había dado resultados en temas habitacionales, donde la unidad regional permitió destrabar recursos para los comités de vivienda. “Así como lo hicimos con los comités de vivienda, hoy vimos que la presión volvió a ser efectiva. El gobernador sensibilizó al Gobierno, se hicieron gestiones con el ministro de Seguridad y el subsecretario, y eso dio frutos. Cada vez que enfrentamos la burocracia de Santiago unidos, los resultados están a la vista”, agregó.
El senador Sergio Gahona, en tanto, criticó el manejo presupuestario del Ejecutivo y la falta de certezas. “El gobierno nos tiene acostumbrados a la improvisación. Hace semanas se afirmó aquí mismo que todo estaba solucionado, pero nada se concretó. No existe claridad en la ley de presupuesto y por eso está detenida en el Congreso: no se les cree. Mientras no exista un decreto firmado y tramitado, no podemos considerar nada como cierto. La región no puede seguir dependiendo de anuncios que no se cumplen”, indicó.
Desde el Consejo Regional, el consejero Lombardo Toledo subrayó el valor de la unidad social e institucional que permitió destrabar la autorización. “Cuando la comunidad y las autoridades se unen por una causa noble, los resultados llegan. La seguridad se construye con hechos, no con discursos, y las inversiones en esta materia trascienden cualquier diferencia política. Vamos a seguir trabajando con el gobernador para que todos los proyectos de seguridad se concreten con la mayor rapidez posible”, afirmó.
El alcalde de Vicuña, Mario Aros, llamó a actuar con responsabilidad y urgencia frente al aumento de delitos y el impacto del narcotráfico en la región. “La inseguridad que vive la región exige contar con estas aeronaves. Somos la primera región productora de marihuana del país y necesitamos herramientas reales para enfrentar ese escenario. Esperamos ver todos los decretos firmados y avanzar con seriedad, poniendo a las familias en primer lugar. Estos drones serán fundamentales para combatir el narcotráfico y controlar incivilidades que han aumentado de manera preocupante”, advirtió.
Con la autorización ya firmada por el nivel central, el proceso avanza hacia su fase administrativa final, a la espera del decreto de Hacienda que permitirá transferir los recursos y ejecutar la compra de las aeronaves. Una vez emitido ese documento, Carabineros podrá iniciar la incorporación a sus operaciones, fortaleciendo la vigilancia aérea, el apoyo a procedimientos policiales y la detección temprana de actividades ilícitas. Se trata de una herramienta clave que, con la validación administrativa en curso, comenzará a materializar un refuerzo concreto y necesario para la seguridad de la región.
