Andes Iron, titular del proyecto minero-portuario que busca instalarse en La Higuera, inició la fase para obtener más de 700 autorizaciones ante Secretarías Regionales Ministeriales, servicios públicos y el municipio local. Este proceso, estima la empresa, significará adicionar otros US$20 millones en gastos.
Son unos US$500 millones los desembolsados por Andes Iron, titular del proyecto minero-portuario Dominga. La cuantiosa cifra no refiere a los costos para iniciar una etapa de construcción específica u obras claves para su desarrollo, sino el gasto durante 15 años de dilatación y tramitación, en una truncada implementación que actualmente lo tiene como “aprobado” por la autoridad ambiental (Servicio de Evaluación Ambiental), pero en medio de un nuevo juicio ante el Tribunal Constitucional y, seguramente, un próximo litigio en la Corte Suprema.
Es el símbolo de la judicialización en la región de Coquimbo y en Chile. Ingresó en septiembre del 2013 al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Ahí, tras casi cuatro años recibió un Informe Consolidado de Evaluación (ICE) positivo. Luego sorteó una votación contraria (2017) y otra favorable (2021) por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo. En dos instancias, el Comité de Ministros (de Michelle Bachelet y Gabriel Boric) han rechazado su avance. Además, ha sido revisado en tres oportunidades -todas propicias a la empresa- en el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA) y dos vueltas posee en la Corte Suprema. Hoy, está en el Tribunal Constitucional, donde también fue evaluado anteriormente de forma favorable.
Ofensiva
Con ese historial y luego que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) modificara su estatus desde “rechazado” a “aprobado”, el gerente General de Andes Iron, Pedro Ducci, pasó a la ofensiva y envió cartas a siete Secretarías Regionales Ministeriales (Seremi) de la región, otras 17 misivas a servicios públicos y un mensaje escrito a la Municipalidad de La Higuera. En todas, el propósito es avanzar en el dilatado proyecto, a través de la gestión de más de 700 permisos para materializarse.
Desde la empresa insisten en que Dominga es viable y que están dispuestos a invertir cerca de 20 millones de dólares más en la obtención de esas autorizaciones para cumplir con la normativa vigente.
“La Resolución Exenta N°151, de fecha 24 de agosto de 2021, que califica ambientalmente favorable el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, y es por ello, que la sociedad procederá a la implementación de la RCA (Resolución de Calificación Ambiental) y a la tramitación para obtener los permisos correspondientes, dando cumplimiento a la normativa sectorial que nos regula”, indicó Ducci en las cartas. Además, el alto ejecutivo resaltó su compromiso con estándares internacionales de sostenibilidad como el Pacto Global de las Naciones Unidas.
Sin embargo, el proyecto enfrenta aún una batalla legal en el Tribunal Constitucional, donde el SEA, encabezado por su directora Nacional y secretaria Ejecutiva del Comité de Ministros, Valentina Durán, lidera una contienda que ha sido calificada como política. Ello, luego del pronunciamiento del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA).
En específico, el tribunal deberá deliberar una “contienda de competencia”, mecanismo jurídico que se utiliza cuando dos órganos del Estado -en este caso, un órgano administrativo (el Comité de Ministros) y uno jurisdiccional (el 1TA)- se adjudican competencias sobre un mismo asunto.
