La estrategia se implementará al 31 de diciembre, en conjunto con las direcciones de los hospitales y contemplará factores como el impacto asistencial, brechas estructurales de recursos humanos, estrategias sanitarias y otros que incidieron en reclutar a ese personal. Ayer, había 759 profesionales en convenio por la pandemia, de acuerdo a la Fenats.
Molestos se mostraron los integrantes de la Comisión de Salud del Senado ante la ausencia del ministro de Hacienda, Mario Marcel, en la sesión donde se analizó la inminente desvinculación que se realizará de trabajadores contratados por la Alerta Sanitaria de Covid 19. Hasta el 31 de agosto, ese personal cumplirá funciones, pero ¿qué pasará después?
En forma unánime, los senadores Juan Luis Castro (presidente), Francisco Chahuán, Sergio Gahona y Ximena Órdenes, y el senador Iván Flores en calidad de asistente, acordaron mandar una nota de protesta al presidente de la República, Gabriel Boric, para expresarle “que ello va afectar a miles de funcionarios”.
A nivel nacional, la ministra de Salud, Ximena Aguilera indicó que, a la fecha, existen 12 mil funcionarios –que representa un desembolso de 140 mil millones de pesos-, “de los cuales pediremos que sean reasignados 6.070 porque no pueden suspenderse sus funciones, los otros 6 mil deberán desvincularse”.
De acuerdo a Mauricio Ugarte, presidente regional de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats), “en la región tenemos 759 contratos covid, de los cuales debieran quedar para el próximo año en estas funciones 444 personas. Por lo tanto, serían poco más de 300 trabajadores desvinculados al 31 de diciembre”.
Reconoce que parte de los criterios establecidos por el Ministerio de Salud para la continuidad de los trabajadores encuentran aquellos que estén en los servicios de urgencia, laboratorio, atención domiciliaria y unidades de camas críticas. Sin embargo, agrega, que esta situación no se encuentra totalmente definida, pues “aún requiere la aprobación presupuestaria”.
En cuanto a la preocupación por los trabajadores contratados a honorarios bajo esta modalidad, Pablo Guerra, subdirector de Gestión y Desarrollo de las Personas del Servicio de Salud Coquimbo, indicó que “no significa que la totalidad de contrataciones de personal de refuerzo termina en esa fecha de forma abrupta, ya que estamos trabajando para realizar este proceso de forma paulatina y progresiva”.
“Como Servicio de Salud Coquimbo, en conjunto con las direcciones de cada uno de los hospitales de la red, estamos realizando un plan de desescalada gradual al 31 de diciembre de 2023, considerando el impacto asistencial, brechas estructurales de recursos humanos, estrategias sanitarias y otros factores que incidieron en la contratación de este personal”, acotó.
Guerra recordó que inicios del año 2020, la Alerta Sanitaria permitía para poder contar con recursos extras “que nos permitieran combatir la pandemia del Covid-19 y sus diferentes estrategias que, entre otras facultades, permitía contratar personal clínico y activar la compra de insumos.
“Este estado ya tiene fecha de término y culmina el 31 de agosto del presente año (ayer)”, sentenció. Semanario Tiempo intentó conocer la cifra oficial de los funcionarios que podrían haber sido reubicados o desvinculados, sin embargo, al cierre de esta edición, declinaron referirse a esos datos.
El senador Sergio Gahona hizo un llamado a transparentar la información, manifestando que “es necesario saber la brecha que existe en los hospitales porque no todos están en las mismas condiciones. Más allá de este personal de refuerzo, el recurso humano está debilitado. Creo que esta es una oportunidad para sincerar la realidad de la atención y definir estrategias más allá de esta coyuntura”.
