
La Corte de La Serena acogió el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público y ordenó la prisión preventiva de L.R.C.Z., médico cirujano ecuatoriano imputado como autor de los delitos reiterados de emisión de licencias médicas fraudulentas y fraude de subvenciones. Ilícitos perpetrados entre enero de 2023 y junio de 2025, en la comuna.
En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por el ministro Cristian Le-Cerf, Felipe Pulgar y el abogado (i) Jaime Camus– revocó la resolución recurrida, dictada por el Juzgado de Garantía de La Coquimbo, que el 31 de marzo pasado dispuso las medidas cautelares de arresto domiciliario parcial nocturno, arraigo nacional, firma quincenal y la suspensión de la facultad de emisión de licencias médicas.
“Que el debate jurídico debe enmarcarse dentro del artículo 144 del Código Procesal Penal, al tratarse de una decisión emanada de una audiencia que fue requerida por la defensa para revisar la prisión preventiva que esta Corte confirmó por peligro de fuga”, sostiene el fallo.
La resolución agrega que: “Para aquella solicitud se invocó como antecedente nuevo -y único- un informe social que daría cuenta del arraigo familiar y social del imputado, basado en antecedentes que no resultan ser nuevos ni detentar el peso suficiente para alterar las conclusiones alcanzadas por este tribunal al momento de mantener la prisión preventiva, motivo suficiente para revocar la decisión por estimar que la necesidad de cautela, en este punto, no ha decaído”.
Por tanto, se resuelve que: “Se revoca la resolución de treinta y uno de marzo de dos mil veintiséis dictada por el Juzgado de Garantía de Coquimbo, y en su lugar se declara que se mantiene la medida cautelar de prisión preventiva impuesta”.
Según el ente persecutor, al menos, entre el 1 de enero de 2023 y el 5 de junio de 2025, el imputado, médico general sin especialidad en el registro de prestadores de la Superintendencia de Salud, emitió un total de 11.880 licencias médicas electrónicas a través de los operadores I-Med y Medipass, para afiliados a Fonasa (11.239) e isapres (935), bajo su nombre como prestador individual y también a través del centro de salud Surmédica SpA, creado por el imputado y su madre, con domicilio en la comuna de Coquimbo.
Del total de licencias médicas electrónicas emitidas, 275 fueron otorgadas en forma presencial y 11.065 de manera remota, lo que transforma al imputado en el mayor emisor de licencias médicas a nivel nacional, en 2024. El mayor porcentaje de licencias corresponde a diagnósticos de patologías mentales y enfermedades osteomusculares, lo que contrasta con el hecho de que el imputado no tiene especialidad médica alguna.
En dicho contexto, el imputado emitió 36 licencias médicas a 34 funcionarios públicos que viajaron al extranjero durante los días de reposo; y otras seis licencias a funcionarios públicos que asistieron a casinos de juegos.
Del total de licencias otorgadas por el imputado a pacientes Fonasa, 10.741 fueron tramitadas, generando un pago de subsidio por incapacidad laboral improcedente por $4.639.802.932.







