La Dirección de Concesiones del MOP (titular del proyecto ya adjudicado a SACYR) espera efectuar nuevos análisis en flora y fauna, estudios de eventuales emisiones de ruido, salmuera, contaminantes atmosféricos, incluso proceso de consulta a pueblos originarios. Primeras obras estaban programadas para el 4to trimestre del 2026.
El director (S) de la Dirección General de Concesiones (DGC) del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Claudio Soto, solicitó casi un año -hasta enero del 2027- extender el periodo para responder las observaciones formuladas al proyecto “Desaladora para Coquimbo” en marco del proceso de revisión ambiental que atraviesa la iniciativa, de unos US$318 millones, en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
En un escrito ingresado a fines de febrero, Soto expuso los argumentos para justificar el extenso periodo requerido, que contiene aspectos no solo aspectos ambientales, sino también legales y de participación ciudadana. Cabe recordar que la iniciativa, ya adjudicada a la empresa Sacyr en noviembre del año pasado y cuyo titular sigue siendo la DGC, es considerada clave para asegurar el abastecimiento de agua en La Serena y Coquimbo, incluso con posibilidad de impactar a Ovalle.
“Se requiere de mayor tiempo que el otorgado, considerando la necesidad de efectuar entre otras actividades campañas de terreno y estudios complementarios”, expuso Soto en el texto enviado al director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en Coquimbo, Erwin Gajardo.
Se espera que en dicho periodo se pueda ajustar brechas de información requeridas por los servicios técnicos con competencia en el SEIA, a través de actividades en terreno sujetas a autorizaciones de organismos públicos, campañas de análisis temporales determinadas en la evaluación ambiental y verificar la información con procesos de modelación y control de calidad, de modo de asegurar consistencia del expediente de evaluación, “evitando reprocesos y asegurando que la Adenda Nº2 complementaria se ingrese con los respaldos necesarios para su revisión”.
En particular, se requiere efectuar una campaña de caracterización arqueológica de los sitios “PA-27” y “Lagunillas” que necesita la autorización previa del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), y la ejecución de pozos de sondeo y otras actividades que dependen, entre otros, de la disponibilidad de arqueólogos especialistas.
Además, se efectuarán estudios de biota marina y cadena trófica para capturar la variabilidad biológica de la Ensenada El Panul, lugar de emplazamiento de la desaladora. Por otra parte, se realizará una modelación de ruido submarino y calidad de aire para evaluar el impacto en cetáceos.
En cuanto al medio humano, se requiere complementar y/o profundizar los análisis del componente, incluyendo lo relacionado al uso de hierbas medicinales y la interacción espiritual de la comunidad comunidades indígenas presentes en el área.
Y finalmente, se complementarán antecedentes y análisis asociados a la potencial afectación de flora, vegetación y hábitat, incluyendo la revisión de efectos vinculados a obras, sistemas constructivos y actividades del proyecto.
Otras consideraciones, se relacionan con un plazo para consolidar las respuestas que surjan de los estudios, efectuar una revisión jurídica final y enviar las aclaraciones.
Se estima que el proyecto beneficiará a 460 mil habitantes de la conurbación, aportando una nueva fuente de agua en el contexto de la crisis hídrica que afecta a la región hace una década y media. La iniciativa comenzará con una producción de 800 litros por segundo (l/s) y alcanzará su máxima capacidad (1.200 l/s) el 2031.
