Hace 26 años atrás, 15 de octubre de 1999 para ser más precisos, el país vivió un salto revolucionario en el sistema de justicia criminal, con la promulgación de la ley orgánica constitucional del Ministerio Público y la promulgación consecuente de un nuevo Código Procesal Penal que transformó drásticamente la forma en que se llevaba a cabo la justicia penal en Chile, cambiando un sistema inquisitivo añejo y con serias falencias en materia de objetividad, transparencia y resultados por uno acusatorio, con separación de funciones entre Fiscales que investigan y jueces que juzgan, y con efectiva defensa penal proporcionada por el Estado para aquellos que no tuvieran recursos económicos poniéndonos como país a la par de otras naciones en materia de sistemas de justicia penal.
En una implementación gradual, en el año 2000, hace 25 años atrás, los primeros fiscales, funcionarios y funcionarias del Ministerio Publico comenzaron a desempeñar su trabajo en las region de Coquimbo con mucho entusiasmo y vocación de servicio público y todos liderados por quien fuera el primer Fiscal Regional de Coquimbo y también del país, como don Víctor Hugo Villarroel (Q.E.P.D.), cuyo norte fue claro: que la justicia penal cambiara para mejor, dar un mejor servicio para la ciudadanía en general y para las víctimas en particular. Don Víctor vivió la tarea titánica de “instalar la casa” y hoy orgullosamente nuestro salón plenario lleva su nombre, como testimonio de su trabajo inclaudicable. Han sido 25 años de trabajo arduo y de aprendizajes que ha posicionado a la Fiscalía como un actor relevante en el ecosistema de justicia penal en Chile.
Hoy lamentablemente Chile y la Region de Coquimbo vive una realidad distinta en cuanto a la criminalidad, con la comisión de delitos con mayor violencia y sofisticación por parte de bandas criminales locales y transnacionales y que nos pone como desafío enfrentarlo con innovación, inteligencia y coraje.
En esa línea desde mi llegada en febrero del año 2024 como Fiscal Regional implementamos tecnología reemplazando la carpeta en papel por la Ficha Caso Digital que permite un estudio simultáneo de las investigaciones, adoptamos la bitácora web que permite una comunicación en línea más rápida y con trazabilidad con nuestras policías, creamos junto a las otras Fiscalías Regionales del Norte la Fiscalía de Flagrancia Macrozona Norte, aprovechando economías de escala, e instauramos un equipo de Servicios Transversales que centraliza funciones para toda la Region, todas medidas que han permitido descongestionar a las Fiscalías Locales a objeto que puedan cumplir con sus funciones con mayor rapidez y eficiencia. Por otro parte centralizamos las investigaciones de Trafico de Drogas de los Vilos en la Fiscalía de Ovalle e instalamos en dicha Fiscalía un equipo ECOH para las provincias de Limarí y Choapa, a objeto de fortalecer las investigaciones de crimen organizado en dichas provincias junto a reestructurar la organización de nuestra Fiscalía de SACFI con el Equipo ECOH en la Provincia de Elqui, a objeto que puedan trabajar integralmente todos los fenómenos criminales pasando a ser un equipo de Alta Complejidad anticipándonos a los nuevos equipos SAC creados por la Ley que crea la Fiscalía Supraterritorial.
Estas medidas rindieron sus frutos al concluir el año 2024, logramos bajar la tasa de causas rezagadas en forma significativa, aumentamos en un 34% las sentencias condenatorias en procedimientos abreviados y ordinarios con relación al 2023, siendo el salto cuantitativo más significativo de Chile y al mismo tiempo bajamos los archivos provisionales con imputados conocidos en un 6% y terminamos el año 2024 con un 74% de homicidios esclarecido, solo para nombrar algunos logros.
Por eso, el desafío 2025 resulta doble y vamos en ese camino. Hemos esclarecido un 84% de homicidios, hemos aumentado en un 12% las sentencias condenatorias en procedimientos abreviados y ordinarios respecto al 2024, hemos aumentado en un 18,4% las sentencias con penas efectivas de cárcel y hemos aumentado en un 19% las audiencias de control de detención, entre otros indicadores.
El mensaje es que estos resultados han sido posibles gracias al trabajo mancomunado con Carabineros, PDI, Gendarmería, Servicio Médico Legal, entre otros actores y especialmente también con el compromiso y vocación de nuestros equipos, pero también estamos conscientes de nuestras falencias y que falta mucho aun por mejorar. Ahí es clave escuchar a las comunidades, tal como lo hemos hecho este año con vecinos, gremios agrícolas, ámbito educativo, etc. para atender sus opiniones sobre nuestro trabajo y mejorarlo.
Finalmente, la demanda de justicia de la ciudadanía y el crecimiento de los indicadores implica necesariamente actualizaciones de nuestras leyes y por supuesto el fortalecimiento del Ministerio Público, asuntos que hoy en día resultan primordiales de atender.
