Mientras el grupo de vecinos persigue invalidar el permiso de la iniciativa por áreas donde yacen -presuntamente- cementerios de la cultura diaguita en el trazado proyectado para una línea de transmisión eléctrica, la autoridad ambiental, en tanto, menciona que la evaluación se ajustó a derecho, puesto que el reclamo fue presentado 23 días antes del plazo de caducidad y con argumentos que no fueron expuestos con anterioridad.
En la audiencia que revisó la causa R-130-2025 alojada en el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA), los vecinos de la localidad de El Molle y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) expusieron sus argumentos por la legalidad de la validación administrativa del proyecto minero Arqueros.
Fue el abogado que representa al grupo vecinal, Juan Molina, quien expuso a su juicio las pruebas en contra de la resolución de la autoridad ambiental que rechazó su recurso de reposición y confirmó la inadmisibilidad de la solicitud de invalidación a la la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la iniciativa privada que pretende instalarse en las comunas de Vicuña y La Serena con una inversión de US$396 millones.
Para ellos, la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo rechazó sus pretensiones al considerar que ésta no fue presentada con la antelación suficiente para ejercer la potestad de invalidación, la que se encuentra sujeta a un plazo de dos años. Además, sostienen que la RCA es contraria a derecho, ya que no se justificó suficientemente los criterios técnicos, económicos o ambientales respecto de la localización, particularmente en lo que dice relación con la línea de transmisión.
“El proyecto está afectando diversos componentes ambientales, entre ellos el de espiritualidad, porque es el lugar donde yacen y guarnecen los cementerios de la cultura diaguita, lo cual hemos acreditado con dos informes: un informe de antropólogo y un informe de arqueólogo, con la debida fundamentación y metodología, y que dan cuenta de que en esos lugares no se evalúa. Eso lo planteamos en la invalidación y en la reclamación”, explicó Molina.
En ese sentido, agregó que la junta de vecinos nunca se ha opuesto al proyecto minero: “lo que nosotros estamos señalando es que aquí hay una línea de alta tensión que está impactando cementerios indígenas que son parte de la espiritualidad y del servicio ecosistémico para el lugar. Estamos alegando que esa línea de alta tensión no es marginal en cuanto al impacto del paisaje”.
El profesional añadió que los impactos significativos fueron ignorados, no estableciéndose medidas que resguardaran la identidad y la espiritualidad, lo que fue omitido. “Está verificado el daño grave sobre un cementerio y resulta que para el SEA y el tercero coadyuvante no existe. Aquí la solicitud de invalidación debió ser acogida por encontrarse acreditada, además de fundado su legalidad. La naturaleza de estos vicios es de carácter esencial e implican una diligencia inexcusable del servicio, y dejan en indefensión a los interesados”, concluyó Molina.
La respuesta del SEA
El Servicio de Evaluación Ambiental, representado por el abogado Benjamín González, expresó que la evaluación ambiental se ajustó a derecho y que el reclamo de la junta de vecinos debe ser desestimada tanto por motivos formales como de fondo. El jurista explicó que la inadmisibilidad de la solicitud de invalidación se ajustó a derecho, en atención a que fue presentada 23 días antes del plazo de caducidad, lo que hacía materialmente imposible resolverla dentro de dicho término. Añadió que la potestad invalidatoria de la Administración debe ser ejercida en el plazo de 2 años desde la publicación o notificación del acto administrativo, el que no puede ser alterado de oficio por la Administración ni tampoco a petición de parte.
Además, precisó que la junta de vecinos planteó argumentos que no fueron expuestos con anterioridad, de manera que no fue posible hacerse cargo de tales preocupaciones. En particular, informó que la supuesta afectación al cementerio indígena ubicado en la localidad de El Molle no formó parte de la solicitud de invalidación, ni tampoco del recurso de reposición, y que solo fue incorporada en la presente reclamación judicial, ocurriendo lo mismo respecto de la apertura de un segundo proceso de participación ciudadana.
En cuanto al fondo, el SEA destacó que la evaluación ambiental contó con la participación de diversos servicios que se pronunciaron conformes con los antecedentes presentados, lo que justificó la recomendación de aprobación del proyecto. “Se presentaron medidas de mitigación, una medida de compensación, y hubo cerca de 40 pronunciamientos con observaciones al Estudio (de Impacto Ambiental), observaciones a la ADENDA y observaciones a la ADENDA complementaria, lo que redundó en un informe que recomendó la aprobación del proyecto”, sostuvo González.
Además, alegó que, si bien no existe impacto significativo en el valor paisajístico del sector, existe un compromiso ambiental voluntario que tiene por objeto pintar las torres más cercanas a la Ruta CH-41 para que no interfieran con la visibilidad y el valor paisajístico del sector.
“En síntesis, la afectación respecto al paisaje del sector es puntual y marginal. Sernatur, que es el organismo con competencia del Estado en la materia, se manifestó conforme y, a mayor abundamiento, existe un compromiso ambiental voluntario que avala que el proyecto no genera impactos significativos”, agregó.
El SEA solicitó que la reclamación judicial sea rechazada tanto porque que la solicitud de invalidación fue declarada inadmisible de manera correcta, como debido a que se evaluaron correctamente los impactos ambientales del proyecto.
Arqueros corresponde a una iniciativa de explotación y tratamiento de mineral de cobre, que incluye el desarrollo de una mina subterránea, la construcción de una planta concentradora, un depósito de relaves y obras complementarias para el suministro de agua, energía y otros servicios.
En Vicuña se emplazan la bocatoma, las estaciones de bombeo N°1 y N°2, la planta y el depósito de relaves, además de la mayor parte del trazado de la línea de transmisión eléctrica (LTE) 110 kV, el sistema de impulsión de agua y los caminos de acceso. El proyecto considera una vida útil de 21 años.
