El máximo tribunal del país resolvió abrir una investigación a raíz de la autodenuncia del ministro Jean Pierre Matus, en medio de cuestionamientos por un eventual conflicto de interés. Andes Iron desmintió la información publicada por el medio y rechazaron “de manera categórica y enfática” la noticia, ya que “contiene afirmaciones falsas, inexactas y completamente descontextualizadas, que inducen deliberadamente a interpretaciones erróneas y carentes de todo sustento fáctico”.
La Corte Suprema resolvió este 17 de diciembre abrir una investigación administrativa a raíz de la autodenuncia presentada por el ministro Jean Pierre Matus, en medio de cuestionamientos por un eventual conflicto de interés asociado a resoluciones judiciales sobre el proyecto minero Dominga.
La indagatoria quedó en manos del fiscal judicial del máximo tribunal, Jorge Pizarro, y busca esclarecer los antecedentes que reveló vínculos económicos indirectos entre el entorno del magistrado y un estudio de abogados ligado a decisiones judiciales favorables a la iniciativa minera.
La investigación que detonó el proceso fue publicada por el medio Reportea, y expuso que la empresa Andes Iron, titular del proyecto Dominga, transfirió más de $255 millones durante 2023 a un estudio jurídico cuyos socios hoy están imputados en otras causas por presuntos sobornos a jueces.
Si bien el estudio no figuraba formalmente como litigante en las causas del proyecto, los pagos fueron respaldados por facturas de “asesorías jurídicas”, levantando alertas sobre la real naturaleza de dichos servicios. Parte de esos recursos, según el reportaje, terminaron en manos de la esposa del ministro Matus, quien recibió al menos $18 millones durante el período en que se discutían judicialmente aspectos clave del proyecto.
Uno de los puntos más sensibles es que, pese a mantener a los abogados involucrados en su registro de inhabilidades, el ministro Matus integró o redactó resoluciones relevantes sobre Dominga, incluyendo fallos emitidos en 2022 y 2024 que resultaron favorables para la iniciativa minera.
En este escenario, la autodenuncia del propio ministro fue interpretada como una señal de contención institucional, pero no ha logrado disipar las dudas sobre la permeabilidad del sistema judicial frente a redes de influencia externas.
Por ahora, la Corte Suprema se limitó a confirmar la apertura de la investigación administrativa, subrayando que el proceso permitirá determinar si existieron faltas disciplinarias o situaciones incompatibles con el cargo. Sin embargo, el impacto político e institucional ya está instalado, en un contexto donde la independencia judicial vuelve a estar bajo la lupa pública.
Reacción de la empresa
Andes Iron desmintió la información publicada por el medio y rechazaron “de manera categórica y enfática” la noticia, ya que “contiene afirmaciones falsas, inexactas y completamente descontextualizadas, que inducen deliberadamente a interpretaciones erróneas y carentes de todo sustento fáctico”.
Así, recalcaron que “en ningún caso contempló labores de representación judicial, ni gestiones de lobby, influencias indebidas o actuaciones de cualquier otra naturaleza distinta a las expresamente pactadas”.
“Durante el período de vigencia de dicho contrato no se dictó resolución judicial alguna que favoreciera al proyecto Dominga. Recién el 9 de diciembre de 2024 —esto es, más de un año después de finalizada la asesoría— el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta dictó sentencia declarando ilegal la decisión del Comité de Ministros de enero de 2023″, puntualizaron.
En tanto, el 16 de septiembre de 2025, la Corte Suprema “declaró inadmisibles los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos contra dicho fallo”.
Por último, Andes Iron desmintió que Reportea se haya comunicado con ellos para obtener su versión para el reportaje a través de correo electrónico, como consignaron. “No existe registro alguno de dicho mensaje en ninguna de las casillas institucionales”, indicaron.
“Resulta especialmente llamativo que, considerando la gravedad de las imputaciones formuladas, el medio no haya realizado un esfuerzo mínimo y efectivo por obtener la versión de la empresa, lo que habría permitido aclarar los hechos y evitar la publicación de un reportaje de carácter claramente injurioso”, cuestionaron.
Por lo mismo, aseveraron que la empresa “se reserva expresamente el ejercicio de todas las acciones legales que correspondan, con el objeto de resguardar su honra, reputación y su actuar conforme a derecho”.
