El pasado 03 de septiembre, en una resolución unánime -de la ministra Adelita Ravanales, Eliana Quezada y los abogados integrantes José Miguel Valdivia y Andrea Ruiz de la Tercera Sala del máximo tribunal del país desestimó las implicancias invocadas por el organismo técnico que actúa como Secretaría Ejecutiva del Comité de Ministros. “Versó sobre aspectos procesales” y no abordó “el conocimiento del fondo del asunto en discusión”, sostuvo la Corte Suprema.
Una arista del intrincado y dilatado paso del proyecto Dominga por tribunales del país cerró a favor de la iniciativa minero-portuaria. Y no fue en una corte cualquiera. Esto pues la Tercera Sala de la Corte Suprema desestimó una solicitud de implicancia interpuesta por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) -y otros- contra del juez Jean Pierre Matus, redactor del fallo que está pendiente por diversos recursos de casación y que prontamente dará a conocer el máximo tribunal del país.
El pronunciamiento de la Suprema viene precedido de un rechazo que propinó la Corte de Apelaciones de Santiago por el mismo tema. ¿Cómo surgió? El SEA, quién actúa también como Secretaría Ejecutiva del Comité de Ministros, alegaba que el magistrado Matus debía marginarse por el vínculo declarado que tiene con el abogado Marcelo Castillo, profesional que ha representado a grupos que respaldan el proyecto, como el Sindicato de Trabajadores Independientes Artesanales de Totoralillo Norte.
La queja del organismo técnico se produjo luego que la Tercera Sala, compuesta por Matus y los ministrps Adelita Ravanales y Diego Simpértigue, y las abogadas integrantes María Angélica Benavides y Andrea Ruiz hizo la vista de la causa y luego deliberaron sobre el futuro del proyecto de US$2.500 millones. Tras su revisión la controversia quedó en acuerdo y se designó a Matus como redactor de la sentencia.
Respaldando al SEA también concurrieron la abogada Antonia Berríos -que representa al pueblo Chango- y Marcos Emilfork, que representa a la Asociación de Mariscadores y Pescadores de Los Choros, entre otros. Ambos alegaron la causal que dice que Matus debería inhabilitarse por “haber manifestado su dictamen sobre la cuestión pendiente, con conocimiento de los antecedentes necesarios para pronunciar sentencia”.
Sin embargo, el pasado 03 de septiembre, en una resolución unánime -de la ministra Adelita Ravanales, la ministra (s) Eliana Quezada y los abogados integrantes José Miguel Valdivia y Andrea Ruiz- la Tercera Sala rechazó las dos implicancias invocadas.
El máximo tribunal resolvió que el pronunciamiento sobre un recurso de queja vinculado al caso solo “versó sobre aspectos procesales” y no abordó “el conocimiento del fondo del asunto en discusión”. Respecto del otro hecho, la Suprema estimó que se trató de “resoluciones distintas” y por lo tanto “es posible colegir que los antecedentes necesarios para pronunciar sentencia en cada uno de estos casos también lo son”.
Dado que los recurrentes volvieron a insistir en el mismo punto -primero con la recusación y luego con la implicancia- la Suprema impuso a los recurrentes al pago de costas y además de una multa.
Hasta el momento ya han sido siete los jueces que han rechazado la recusación y luego la implicancia: los ministros Jaime Balmaceda, el ministro (s) Rodrigo Carrasco, el abogado integrante Jorge Benítez, de la Corte de Santiago, y la ministra Ravanales, la ministra (s) Quezada y los abogados integrantes Valdivia y Ruiz, de la Suprema.
