Existen muchas situaciones sociales que nos producen graves daños no solamente como país sino que deterioran severamente nuestra convivencia social frente a las que hasta ahora hemos persistido en dar palos de ciego ante una dificultad que nos ha resultado más difícil de neutralizar y controlar que pellizcar un vidrio. Lo peor de todo es que no somos los únicos, se trata realmente de un problema global que a todos los países les ha costado mantener bajo control con altos y bajos en busca de una esquiva solución definitiva hasta ahora pendiente y que se escapa como una liebre en un espeso matorral.
Como ya habrán adivinado, se trata en primer lugar del aumento descontrolado del narcotráfico y la drogadicción que van íntimamente unidos por razones obvias: al no haber compradores y consumidores el negocio no tiene futuro. Entre los otros factores asociados a considerar lo constituyen sin duda la violencia extrema, la corrupción institucional, el lavado de dinero y, desde el punto de vista estrictamente humano, la rehabilitación de los drogadictos, en relación a lo cual existen tendencias diferentes y muchas veces opuestas, en especial aquellas que van en busca de la abstinencia en contraposición a otras que orientadas al control de daños.
La más conocida, clásica o antigua, como queramos llamarla, es sin duda aquella orientada a conseguir la abstinencia que considera una etapa de desintoxicación para desde allí elaborar una estrategia que conduzca a la abstinencia que, al igual que en el caso de los alcohólicos, no está exenta de eventuales recaídas a consecuencia de un consumo posterior, tentación con la que se tendrá que luchar durante toda la vida.
El otro enfoque no busca la abstinencia como objetivo primordial sino lo que denominan como “control de daños”, centrada igualmente en sus inicios en la desintoxicación para luego enfocarse progresivamente en el origen del problema que gatilló la drogadicción. Enfoque que impresiona como altamente razonable y que involucra mantener durante un tiempo un consumo de droga regulado hasta que el mismo paciente decida suspenderla voluntariamente y no como una exigencia como en el caso del enfoque clásico.
Ambos sistemas terapéuticos tienen defensores y detractores, pero lo más probable es que con el tiempo se llegue a un sistema mixto que armonice ambas posturas, que han comenzado poco a poco a armonizarse en beneficio de los pacientes. Pero ocurra o no, es bueno no olvidar que el control de daños, sea aplicado o no en esa forma, constituye una estrategia más que razonable ante este u otros problemas sociales extremadamente difíciles de extirpar.
En el caso del narcotráfico y la drogadicción por ejemplo nos hemos centrado exclusivamente en el narcotraficante y no en el drogadicto, al que se ha considerado de regla como una “víctima”. Ante lo cual es bueno preguntarse:¿Puede considerarse una víctima una persona que ha decidido voluntariamente exponerse al consumo de drogas? ¿No se supone que reconocemos como víctima a una persona a quien se le ha conferido un daño que no ha buscado ni en su objetivo ni en el contexto?. Preguntas que nos inducen a repensar las cosas si pensamos en todo el daño en diferentes ámbitos, tanto en lo económico como en los recursos profesionales que invierte el Estado en la rehabilitación de drogadictos.
¿Existe alguna manera más eficiente para un control efectivo del daño que cada drogadicto causa al erario nacional y a la convivencia social en nuestro país, tanto en sufrimiento como en vidas humanas a causa de actos delictuales y accidentes automovilísticos por ejemplo?. En este sentido no he tenido hasta ahora noticias de ninguna iniciativa al respecto.
Es obvio que el camino no va por el camino de cursar multas a cada drogadicto que es sorprendido consumiendo. Un verdadero chiste por lo impracticable. Pero se le podría suspender temporalmente algunos derechos ciudadanos post condena a quien fuese sorprendido en delitos bajo la influencia de las drogas. Entre ellos, algunos tipos de apoyo del Estado o bloquear su permiso para conducir vehículos motorizados durante 5 años, duplicándolos en caso de una nueva trasgresión, agregado a la sanción judicial que corresponda por su trasgresión a la ley.
Creo que de alguna manera tendríamos que dejar de lado la visión de que un drogadicto es una “víctima” y tomar conciencia del tremendo daño que le causan con su adicción a todo un país que podría destinar cuantiosos recursos que utiliza en rehabilitarlos a cubrir la falencia de una multitud de necesidades más apremiantes para los ciudadanos que han esperado por años.
