La decisión del colegiado consultivo de la cartera pública consideró informes desfavorables del Ministerio de Transportes, la Empresa Portuaria Coquimbo y la Seremi de Vivienda, aunque la iniciativa fue revisada de buena forma -aunque con observaciones- por parte de Aduanas y el Gobierno Regional de Coquimbo.
.Es una historia que se definió en un año. Comenzó el 17 de octubre del 2024, cuando la Sociedad Concesionaria Puerto Seco de Coquimbo SPA presentó una propuesta ante el Consejo de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para ejecutar la construcción y operación de un terminal en tierra en un área de ocho hectáreas del sector El Panul. La inversión de la empresa, con el apoyo de la Consultora Axiona, ascendía a los US$27 millones.
La iniciativa consideraba un periodo de 25 años para la edificación, explotación y cierre, y su titular justificó a su favor no solo el crecimiento de la capacitad del puerto de Coquimbo tras las obras de modernización de TPC, sino el mejoramiento la logística regional y la disminución del impacto urbano en el entorno portuario, dado episodios de alta circulación de camiones.
Todos los argumentos pretendían que el Consejo de Concesiones propusiera al MOP declarar de “Interés Público” el millonario proyecto.
Deliberación
Una “declaratoria de interés público” es un acto administrativo que propone que una idea privada es de utilidad o beneficio para la comunidad. De ser favorable, el proponente debe desarrollar los estudios necesarios para evaluar y presentar su proyecto. Así, por ejemplo, bajo esta declaratoria han sido sometidas iniciativas como el fallido Tranvía entre La Serena y Coquimbo.
Dicho antecedente es relevante, además, puesto que la cartera pública subsidia los proyectos de inversión privada que son levantados bajo el modelo de concesiones.
Según los antecedentes presentados al Consejo, existió la inquietud respecto a la demanda proyectada, “la cual parece ser muy optimista, con tasas de crecimiento de hasta el 6.23% y la captación del 100% de la carga de contenedores”. Según la Empresa Portuaria Coquimbo (EPCO) y Dirección de Planeamiento del MOP, “las cifras efectivas de transferencia de carga contenerizada el 2023 y 2024 son muy inferiores a la demanda real proyectada por el proponente”. “El 2024 la sobre estimación es de más de cuatro veces. En cuanto a los ingresos, la tarifa propuesta por camión representa un aumento en los costos de gestión logística para los camiones, lo que hace cuestionar las proyecciones de demanda del proponente considerando que el uso del puerto seco no sería obligatorio”, sostuvo el cuerpo colegiado.
El organismo consultivo también discutió sobre el modelo en comparación con otros puertos en Chile. Así, concluyó que, en San Antonio, la estatal EPSA (Empresa Portuaria San Antonio) está construyendo el puerto seco como parte del mismo proceso, el proyecto de Coquimbo plantea un modelo de negocio distinto, que no cuenta con el apoyo ni coordinación con EPCO.
Y la entidad también cuestionó El Consejo la necesidad de un mandante claro para el proyecto. Sin perjuicio de ello, el Consejo no desconoció la existencia de una problemática en la congestión en los puertos, lo que impulsa la necesidad de antepuertos o puertos secos.
De acuerdo a los antecedentes expuestos, el proyecto contó con el pronunciamiento favorable -con observaciones- del Servicio Nacional de Aduanas y el Gobierno Regional de Coquimbo. Pese a ello, la instancia declinó en su recomendación favorable.
En la cita, realizada el 07 de agosto de 2025, estuvo de forma presencial la ministra de Obras Públicas, Jessica López; la presidenta del Consejo de Concesiones, Sonia Tschorne, y consejero Juan Carlos Ferrada, Rodrigo Delgadillo y Andrés Gómez–Lobo. Según el acta que accedió Semanario Tiempo, también estuvieron en la discusión José Hidalgo, asesor de la ministra López; Claudio Soto, director General de Concesiones (s); Marlene Pérez, Patricia Vásquez, Pamela Albornoz y Pamela Quiñones y Juan Chackiel, Igor Riquelme, Ricardo Faúndez y Fabián Govorcín de la Dirección General de Concesiones; y Francisco Ribbeck, secretario abogado del Consejo de Concesiones.
