El 24 de octubre de 2025, la Comisión Nacional de Borde Costero aprobó por unanimidad la nueva Política Nacional Costera, modernizando la planificación del litoral. Esto abre una oportunidad para ordenar usos, financiar la infraestructura natural y medir con transparencia. Pero sin una institucionalidad especializada como un Ministerio del Mar, probablemente seguiremos gestionando el océano con lógica de tierra. La costa no es un límite: es el corazón de nuestra seguridad, identidad y futuro.
Nuestros candidatos presidenciales deben comprender que Chile es un país oceánico. Su mar jurisdiccional cubre una superficie casi cinco veces mayor que su territorio continental y, desde los 17°S hasta los 56°S, nuestra línea de costa, si incluimos fiordos y canales, supera los 84 mil kilómetros. Allí se despliega un mosaico de ecosistemas marino-costeros que proveen alimento, protección frente a temporales y tsunamis, fijación de carbono, además de bienes inmateriales como cultura, recreación y espiritualidad. No hablamos de un “borde”: hablamos de una zona donde tierra y mar forman un solo sistema vivo.
Esta relación viene de lejos. Los asentamientos tempranos de Chinchorro en Arica, el Complejo de Quereo en Los Vilos y Monte Verde en el sur, dan cuenta de sociedades que hallaron en el litoral agua, fibras, abrigo y recursos marinos para sostener la vida. Esa continuidad histórica se expresa hoy en comunidades de pescadores artesanales y pueblos costeros que, pese a la presión de un desarrollo desordenado, conservan prácticas y formas de gobernanza local sobre bienes comunes.
Pero en el Antropoceno esa base natural cruje: la sobreexplotación, el cambio climático, la urbanización difusa y la fragmentación institucional erosionan los servicios ecosistémicos que sostienen nuestros medios de vida. Retrasar ese deterioro y en lo posible, revertirlo, exige acciones inmediatas y de largo aliento: restaurar hábitats, ordenar usos, cambiar incentivos y educar para una ciudadanía oceánica.
En paralelo el mundo también avanza: el Tratado de Altamar (BBNJ) ordena la biodiversidad fuera de las jurisdicciones nacionales. Para Chile, complementa la nueva política: ponemos reglas claras dentro, mientras nos alineamos con estándares fuera. Además, impulsar Valparaíso como sede de su secretaría técnica nos posiciona como articulador regional; pero ese liderazgo externo es deseable contar con una coherencia orgánica interna y una sola voz, que a mediano y largo plazo sea un referente.
Para Chile, este marco complementa la Política Nacional Costera: ordenamos la franja interna y nos alineamos con reglas en alta mar, incluida la postulación de Valparaíso como sede de su secretaría técnica —lo que convertiría a Chile en el primer país del Sur Global en albergar una instancia de este tipo.
La Comisión Nacional de Borde Costero aprobó la Nueva Política Nacional Costera para Chile. Es la primera actualización en más de 30 años y marca un giro conceptual: del “borde” a la “zona costera” como sistema socioecológico, con la promesa de vincular desarrollo productivo, fomento comunitario y resguardo ambiental bajo una mirada integrada.
Celebramos el paso, pero quizás no baste con este nuevo gran paso. Para que esta política no repita la historia de buenas ideas y baja implementación, Chile puede avanzar en tres cosas tan sencillas como difíciles:
– Ordenar con reglas y plazos. La zonificación costera debe completarse y actualizarse en todas las regiones con estándares comunes, participación incidente y criterios de seguridad costera y conectividad ecológica. Sin mapas vinculantes, cualquier promesa de “gestión integrada” es difícil de imaginar.
– Financiar la infraestructura natural. Humedales, praderas de algas, marismas y dunas son defensa costera, depuradoras de nutrientes y sumideros de carbono. Reconocerlos en los presupuestos públicos, con fondos de restauración y pagos por servicios ecosistémicos, es más costo-efectivo que sobredimensionar obras grises (muros, espigones, enrocados, etc.), que en muchos casos solo trasladan el riesgo.
– Medir para corregir. Se necesitan indicadores públicos y anuales: estado ecológico de hábitats críticos, accesos públicos habilitados, tiempos de tramitación bajo ventanilla integrada, empleo local por tipo de uso y riesgo costero por comuna. La Evaluación Ambiental Estratégica debería ser un ciclo de aprendizaje: planificar, implementar, evaluar y ajustar.
Y aunque suene reverberante, ¿por qué no pensar en un Ministerio del Mar? Países como Portugal o Francia cuentan con ministerios similares para coordinar su política oceánica. Hoy, la gobernanza de nuestra costa se reparte entre múltiples ministerios y servicios que operan con lógicas y tiempos propios. Este nuevo marco legal mejora las condiciones actuales, pero sin una autoridad civil especializada, con competencias claras, presupuesto, capacidades técnicas y presencia regional, probablemente seguiremos en deuda.
