Alertas, criterio común y ajustes con transparencia

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Después de la guerra todos son generales. En efecto, partimos de la base de estar en una situación de potencial emergencia no es simple y tiene muchas voces, variantes y componentes que se deben considerar, varios de ellos que no se pueden manejar, controlar ni conocer con antelación.
Ese es el punto de partida y se agredece siempre la labor de los profesionales a cargo, bomberos, policías y autoridades. Hubo muchas cosas buenas, como el operativo por animales, la coordinación de colegios y la buena disposición general.
Sin embargo, también se escuchó reiteradamente decir que cada episodio de emergencia natural -como fue la alerta de tsunami esta semana- es una nueva oportunidad para aprender. Y en este sentido se espera que lo antes posible las autoridades puedan realizar una evaluación “a puertas abiertas”, de cara a la comunidad, pero no como una instancia de reproche público , sino porque también la comunidad necesita saber el fundamento de las decisiones y como poder mejorar.
Fue inquietante, por ejemplo, escuchar al encargado regional de SENAPRED, Angelo Hernández, con un tono de cierta desesperación (al revisar su lenguaje no verbal) conminando a la comunidad que acataran las instrucciones. Insistió que un 50% del éxito de las medidas preventivas y de resguardo depende de la propia población. Y es por eso mismo que las medidas deben ser difundidas, analizadas y compartidas. Y es por eso que el autoanálisis posterior es indispensable. La población no es un piño de cabras que puede ser empujado. Son personas, profesionales, muchos de ellos incluso especialistas, que necesitan información coherente y consistente para actuar en consecuencia.
Y también parece de toda lógica realizar ajustes aplicados a la realidad local concreta. No todo el territorio nacional puede tener exactamente la misma lógica, puesto que las condiciones son distintas, los edificios, conexiones, vías de evacuación, distancia de la costa, altura sobre el mar son diferentes.
Por ejemplo, resulta difícil explicar por qué razón el terminal de buses de La Serena estuvo cerrado casi todo el día. Se supone que es una medida para proteger. Sin embargo la carretera panamerciana sigue en plena circulación y los buses siguen saliendo y llegando pero estacionados en plena calle Amunategui de La Serena. Afuera del terminal cientos de personas con maletas, adultos mayores de pie y buses mal estacionados en un evidente peligro. Eso es absurdo. Es que ciertos lugares, como el terminal, que cumple una función crítica, perfectamente pudo estar abierto con resguardo policial especial y en condición de precaución. Estamos hablando de un recinto ubicado a 1,8 kilómetros de la costa con casi 10 metros de elevación sobre el nivel del mar y que para que se inundara por tsunami tendría que ocurrir un cataclismo tan evidente y gigantesco que naturalmente obligaría a evacuar probablemente toda la ciudad.
En otro aspecto, si bien el municipio hizo esfuerzos por generar espacios de albergues, evidentemente se está improvisando sobre la marcha. Con buena voluntad pero dada nuestra historia deberíamos contar con espacios de albergue bien delimitados, concocidos e implementados. Eso es plata, claro que sí. Pero resulta indispensable esa asignación de recursos. Personas, familias, niños deambulando hasta pasadas las 2 de la madrugada resulta inaudito. El día del terremoto del 16S de 2015 fue toda la noche con personas a oscuras en rincones de la ciudad.
Después de la experiencia del tsunami en Concepción es lógico que las autoridades actúen con extrema precaución, que no quieran correr riesgos políticos, pero también deben ser conscientes de que resulta siempre igual o más peligroso que la población no entienda, invalide o cuestione las decisiones por parecer desproporcionadas o carentes de un criterio entendible.
Hay que sumar. Sumar experiencia, voluntades, credibilidad.

Víctor H. Villagrán
Editor Semanario Tiempo