Las acuciantes necesidades del país obligaran al servicio a ser mucho más exhaustivo e implacable en su gestión fiscalizadora, toda vez que han pasado alrededor de 20 meses funcionando a media máquina a causa de la emergencia sanitaria por Covid-19, generando una fiscalización bastante más laxa que, como es lógico, bien pudo incidir en una recaudación menor. Sin embargo, esta situación cambiará radicalmente a partir de noviembre.
El país necesita hacer frente a una serie de urgencias sociales derivadas de la Pandemia, y esta necesidad permanecerá con independencia del signo de la administración que asuma la conducción del Estado. Por de pronto, los equilibrios fiscales son una necesidad, y vaya que la necesitamos después del enorme gasto público incurrido en cuanto a cobertura médica y ayudas sociales. No es misterio para nadie que la mayoría de los candidatos a la presidencia planteen revisar la carga tributaria de las empresas con un enfoque alcista, no sin antes derogar un conjunto de exenciones tributarias que, incluso el actual gobierno, considera injustificadas.
Mientras el debate político evoluciona, es bueno tener en consideración un hecho incontrovertible: este noviembre el Fisco intensificará la fiscalización a efectos de recaudar los recursos que precisa. Después de veinte meses de emergencia sanitaria, el Servicio de Impuestos Internos al fin podrá regularizar las labores fiscalizadoras encomendadas por la institucionalidad vigente, a efectos de procurar que los contribuyentes cumplan con su obligación tributaria de manera íntegra y oportuna.
De ahora en más cada empresario ha de estar llano a comparecer a una citación para analizar los registros contables. Mucho más implacable se auguran los procesos de fiscalización masiva, como la Operación Renta y la Operación IVA. Esta última consiste en la revisión de millones de operaciones mensuales, y para ello el SII cuenta con una plataforma informática de primer nivel, lo que le permite contrastar una gran cantidad de datos con precisión y encomiable velocidad.
Más duros serán los procesos de análisis selectivos, esos que se aplican a determinados contribuyentes, como los grandes, o aquellos que han sido contumaces en la comisión de ciertas desprolijidades en sus cumplimientos tributarios. Este análisis es integral, intenso e individualizado, con el foco puesto en irregularidades relativas a cambios de sujeto de IVA, revisión de devolución de IVA a exportadores, auditorías tributarias, etc. La presencia fiscalizadora del SII incluye acciones en terreno para analizar las actividades comerciales y registros, de tal modo de acceder a la información que permita verificar o descartar inconsistencias en las declaraciones. Es importante tener presente que el SII y Tesorería General trabajan de consuno a fin de cobrar hasta el último peso que corresponde conforme a la ley.
Se aconseja ser muy cuidadosos con los gastos declarados, con especial mención en la excesiva declaración de gastos necesarios para generar la renta, tales como el combustible; o bien la declaración de gastos que no se vinculan con el giro comercial de la empresa o que no son necesarios para producir la renta, como pueden ser los gastos en recepciones o almuerzos ejecutivos, situación que se ha visto en multitud de casos. Las multas aplicadas a estos gastos rechazados son del 40%.
Por todo lo anterior es clave contratar los servicios de estudios acreditados para prevenir este tipo de inconvenientes. Las asesorías que prestan incluyen auditorías de cumplimiento tributario y exhaustivas revisiones de cuentas a efectos de afrontar de buena manera el proceso de fiscalización. Asimismo, estas firmas acompañan al contribuyente a las citaciones del SII, prestando asesoría con la entrega de la documentación necesaria, del mismo modo que representan y defienden a las empresas administrativamente ante el mismo servicio.
Pero hay más: si la situación es más compleja, además acompañan y asesoran a sus clientes no ya sólo frente a Tribunales Tributarios Aduaneros, sino que también ante otros, incluyendo la Corte Suprema, que es la última instancia en nuestro sistema de Justicia.
