Es una iniciativa considerada clave para asegurar el suministro de agua en La Serena y Coquimbo, pero su tramitación ambiental aún se encuentra suspendida luego que la Dirección General de Concesiones solicitara una ampliación en el plazo para entregar las respuestas a las observaciones emanadas por los servicios públicos que participan en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
A través de un Hecho Esencial informado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la empresa Sacyr Agua anunció cambios en la gerencia general. La firma es la adjudicataria de la Dirección General de Concesiones (DGC) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para la construcción y operación de la primera planta desaladora para consumo humano en la Región de Coquimbo.
De acuerdo con el documento enviado al ente regulador, el cambio se produjo el pasado miércoles 05 de agosto, luego que se celebrara una sesión extraordinaria del directorio. En la instancia, se comunicó de la renuncia presentada por Lucas de Marcos de la Torre al cargo. Por ello, se acordó designar a Gustavo Adolfo Gómez Jiménez, “quien asumió sus funciones inmediatamente”.
El proyecto de desalación, primero bajo el modelo concesionado en el país, contempla una inversión cercana a los US$318 millones y beneficiará a más de 540 mil personas en las comunas de La Serena y Coquimbo.
Para eso, la planta tendrá una capacidad inicial de producción de 800 litros por segundo ampliable a 1.200 litros por segundo.
Cabe recordar que Sacyr Agua fue seleccionada para elaborar el diseño, apalancar el financiamiento, efectuar la construcción y encargarse de la operación de este proyecto, considerado como una obra emblemática para garantizar el abastecimiento hídrico en una de las zonas más afectadas por la sequía en Chile.
Mes clave
El proyecto de Sacyr Agua incluye, además, la construcción de una red de impulsión de agua desalada de aproximadamente 60 kilómetros, estaciones de bombeo y un estanque de regulación, lo que permitirá una distribución eficiente y segura del recurso hídrico.
Sin embargo, la evaluación ambiental de la iniciativa está siendo impulsada por la DGC del MOP. En ese sentido, y de acuerdo a lo que informó Semanario Tiempo, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) suspendió ese proceso hasta el 31 de agosto de 2026, decisión que se produjo luego de que la propia DGC solicitara el pasado 24 de febrero suspender la tramitación ambiental hasta el 15 de enero de 2027, con el fin de contar con más tiempo para responder el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (Icsara) emitido por los organismos públicos.
Pero, el SEA estimó que el período solicitado era excesivo. En su resolución -también comunicada por este medio señaló que el plazo pedido por la DGC implicaba “un período adicional de suspensión de 311 días totales y 213 días hábiles de tramitación”. Por ello, el organismo evaluador decidió otorgar una extensión menor, fijando la nueva fecha límite para el 31 de agosto de 2026.
