Los jueces Marcelo Hernández, Sandra Álvarez y Alamiro Alfaro aludieron afectación de la causal de implicancia prevista en el Artículo 195 del Código Orgánico de Tribunales, fundada no solo en haber manifestado dictamen, sino con conocimiento de los antecedentes necesarios para pronunciar sentencias, todas favorables al proyecto minero-portuario.
La extensa tramitación ambiental del proyecto Dominga se traslada a Santiago. Ello, no solo luego que la Corte de Apelaciones de Antofagasta diera un confuso giro y anulara su propia sentencia del 20 de febrero pasado (ver nota relacionada), sino que tres ministros del Primer Tribunal Ambiental de esa ciudad se inhabilitaran de revisar la reclamación que interpuso Andes Iron, titular del proyecto minero-portuario, por el pronunciamiento -de oficio- del tribunal de alzada nortino.
Y es que el sorpresivo giro que incurrió la Corte de Apelaciones de Antofagasta implicó trasladar los antecedentes para la revisión de la Corte Suprema de Justicia. En tanto, a inicios de este mes, los ministros del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA), Marcelo Hernández, Sandra Álvarez y Alamiro Alfaro, derivaron una reclamación interpuesta por la compañía al Segundo Tribunal Ambiental de Santiago (2TA).
Los jueces aludieron afectación de la causal de implicancia prevista en el Artículo 195 del Código Orgánico de Tribunales, fundada no solo en haber manifestado dictamen, sino con conocimiento de los antecedentes necesarios para pronunciar sentencias, todas favorables al proyecto minero-portuario.
Hernández participó en la sentencia dictada del 27 de abril del 2018, la cual se refirió a la legalidad de la evaluación ambiental del proyecto Dominga, como también a lo ordenado por la Corte Suprema en el “Resuelvo II” de la sentencia del 26 de septiembre del 2019.
Por su parte, Alfaro no solo emitió un pronunciamiento favorable, sino que redactó la sentencia definitiva del 09 de diciembre del 2024. En tanto, Álvarez se funda en haber emitido dictamen del 17 de febrero del 2025.
El fallo del Primer Tribunal Ambiental de diciembre de 2024 estableció parámetros claros respecto del alcance del nuevo pronunciamiento que debía emitir el Comité de Ministros. Dicho órgano no estaba habilitado para efectuar una nueva revisión integral del proyecto, sino para resolver dentro de los límites fijados por la sentencia. Cabe destacar que el proyecto cuenta con un Informe Consolidado de Evaluación que concluyó su cumplimiento con la normativa ambiental vigente, y que las instancias técnicas especializadas validaron sus medidas de mitigación, compensación y seguimiento.
Recurso de queja ante la Corte Suprema
Cabe recordar que Andes Iron interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema para revertir la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. La empresa estima que dicha resolución impide ejecutar una sentencia firme y ejecutoriada vinculada al proyecto, afectando la certeza jurídica y la correcta aplicación del derecho. “Dominga no solicita privilegios ni excepciones, sino que se respeten las decisiones adoptadas por las autoridades técnicas y confirmadas por los tribunales”.
Previo a estas últimas resoluciones, Dominga avanzaba en la obtención de permisos sectoriales necesarios para declarar el hito de construcción durante el primer semestre del año, etapa que proyecta generar aproximadamente 30.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos, y cerca de 10.000 en operación, con prioridad para la región de Coquimbo.
El proyecto contempla una inversión superior a US$2.500 millones, operará con agua de mar desalada y considera compartir este recurso con la comunidad en una zona afectada por la sequía, bajo altos estándares ambientales y un compromiso permanente con La Higuera y la Región de Coquimbo.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió admitir a trámite un recurso de casación presentado por el Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales de Totoralillo Norte y suspender los efectos de la sentencia dictada el pasado 20 de febrero, decisión que en la práctica restablece la vigencia de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Dominga.
Este hito se da en el contexto de diversas acciones judiciales actualmente en tramitación, incluyendo dos recursos presentados por la propia compañía, y forma parte de una controversia de carácter procesal, referida a aspectos de forma en la ejecución de fallos previos, sin cuestionar el fondo ambiental del proyecto.
Al respecto, el gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo Sostenible de Andes Iron, Francisco Villalón, señaló que “a lo largo del extenso proceso de evaluación ambiental ha quedado demostrado una y otra vez que el proyecto cumple con la ley y con los más altos estándares ambientales. La sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta permite recuperar las autorizaciones ambientales del proyecto y con eso poder seguir avanzando en la construcción”.
Villalón agregó que “creemos que es posible generar más desarrollo, más crecimiento y miles de puestos de trabajo. Creemos en la justicia ambiental de nuestro país y en el Estado de Derecho”.
Con esta resolución, el proyecto Dominga retoma su hoja de ruta en un escenario donde se mantiene la revisión judicial, reafirmando la vigencia de sus permisos ambientales y la continuidad de una iniciativa que ha sido ampliamente evaluada en el sistema institucional.
