Siguiendo a la R.A.E. se reconoce el Derecho, entre otras múltiples acepciones específicas, como “un conjunto de principios de normas expresivos de una idea de justicia y de orden que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva”, es decir con carácter de obligatorio para todo aquel que se desempeñe bajo sus términos, sean personas, gremios, comunidades, instituciones nacionales e internacionales y países sujetos a su jurisdicción.
Quienes se desempeñan en el campo del Derecho nos explican que se construye desde la necesidad social de justicia y orden, mediante la creación de normas a través de la creación de leyes por el poder Legislativo (Congresos y Parlamentos), sujetas a interpretación por los tribunales (jurisprudencia), sumada a la opinión de expertos (aspecto doctrinario), todo lo cual se fundamenta en principios de igualdad y buena fe, bajo el alero de la Constitución o Carta Magna como norma impuesta, evolucionando a través de la costumbre, tratados y cambios sociales con el objeto de regular la conducta humana.
En resumen, podríamos concluir que el Derecho nace de la vida en sociedad con el objeto de resolver conflictos y buscar el bien común, a través de jueces que interpretan las leyes bajo el prisma de una doctrina que ayuda e entenderlas, aplicando determinados principios para asegurar un actuar fundamentado en la justicia. Es por lo tanto un sistema dinámico que se crea, interpreta y adapta constantemente a las necesidades de la sociedad, a partir de la voluntad popular, plasmándose en normas a través de instituciones delegadas.
Como podemos apreciar, se trata de un entramado extremadamente complejo que configura a su vez lo que denominamos como “Estado de Derecho” en base a un principio fundamental donde tanto gobernados como gobernantes están sometidos a leyes definidas, públicas y aplicadas por igual, garantizando derechos fundamentales y controlando el poder estatal mediante instituciones judiciales imparciales. Asegurando un marco de justicia y de certeza para todos. Esto significa que nadie está por encima de la ley y el poder del Estado se limita y organiza conforme a normas jurídicas que protegen las libertades individuales.
Excelente introducción para ir adquiriendo una visión lo más integral posible del sistema jurídico en que nos desenvolvemos y al que nos encontramos todos sometidos sin excepción. Buena oportunidad también para apreciar hasta que punto se cumplen las leyes en nuestro país y en qué aspectos nos encontramos lejos de su cumplimiento a cabalidad. Cada cual podrá sacar sus propias conclusiones de acuerdo a su percepción y experiencia personal.
En lo general en cambio podemos apreciar sin mucho esfuerzo la complejidad y el “maremágnum” de leyes a los que nos encontramos sometidos y como su exceso y confusión nos conducen por caminos inciertos e impredecibles. Además de todos los conflictos relacionados con su justa interpretación, observando cómo diferentes tribunales suelen llegar a conclusiones diametralmente opuestas, causando un desconcierto creciente entre los ciudadanos.
Situación muchas veces relacionadas con la dictación a nivel parlamentario de leyes carentes de la precisión necesaria, quizás en un esfuerzo mal entendido de dejar contento a todos, dejando inadvertidamente flancos abiertos que facilitan una interpretación imprecisa o tendenciosa que no corresponde al verdadero espíritu de la ley.
Fenómeno legal que no nos afecta solamente a nosotros. Prueba de ello lo constituye la polémica desencadenada respecto al respeto de normas relacionadas con el Derecho Internacional, que se ha visto recientemente sobrepasado debido a un conflicto entre dos países de nuestro continente, en el que uno de ellos tomó una decisión pragmática extrema ante la prolongada inoperancia e inacción de la diplomacia y sus instituciones.
Derecho Internacional que olvidó entre sus normas establecer con claridad dos cosas fundamentales: que el principio de autodeterminación protege al pueblo y no al tirano que lo oprime, así como que el principio de no intervención no puede constituir una coraza para este mismo tirano. De modo que es urgente realizar los cambios necesarios, recordando que todo sistema jurídico es dinámico por definición y que necesita sin lugar a dudas adaptarse a nuevas realidades, probablemente no totalmente insospechadas al momento de establecerse sus normas.
