Son ocho personas implicadas por ilícitos -según el caso- de fraude al fisco, negociación incompatible y otros delitos previstos y sancionados en el Código Tributario, ocurridos entre diciembre del 2018 y abril del 2021. La solicitud de la fiscal Regional, Claudia Perivancich, dejó no solo reacciones en el sector político contra los implicados en el bullado caso, incluso con el rol del propio Ministerio Público.
Para las 08:30 horas, del próximo 26 de mayo, el Juzgado de Garantía de La Serena fijó la audiencia de formalización para los implicados en el caso Papaya Gate. Se trata de ocho personas comprometidas, encabezadas por la exIntendenta de Coquimbo, Lucía Pinto; el exAdminitrador Regional, José Cáceres, además de un ejecutivo (Pablo Bracchitta) y los empresarios de la zona Lorenzo Iduya Ortíz de Luzuriaga; Nicolás Bakulic; Karim Daire; Manuel Daire y Luis Iver.
Todos están siendo imputados por la Fiscalía Regional de Valparaíso por ilícitos como fraude al fisco, negociación incompatible y otros delitos previstos en el Código Tributario, luego de la adquisición de varios predios en el sector de San Ramón, por unos $9.800 millones.
La solicitud llega a casi cinco años de ocurridos los hechos y las diligencias estarían dirigidas por la fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich. La persecutora declinó entregar más antecedentes hasta efectuarse la audiencia.
Cabe recordar que sociedades investigadas y partícipes de la transacción son Guayacán S.P.A., Inmobiliaria La Herradura S.P.A., Inmobiliaria La Serena S.P.A., Inmobiliaria El Faro S.P.A., Inmobiliaria Pan de Azúcar S.P.A. e Inmobiliaria Cerro Grande S.P.A., empresas que participaron en la venta de los lotes que irían a la construcción de un centro deportivo y adquiridos bajo el periodo de la ex Intendenta de la región de Coquimbo, Lucía Pinto. Ello, incluso pese a que Contraloría General de la República representó en cuatro oportunidades la compraventa, la que se realizó sin la “toma de razón” del ente fiscalizador.
Para el diputado Ricardo Cifuentes “la formalización que ha solicitado la Fiscalía de Valparaíso llega tarde, creo yo, pues son más de cuatro años los que han transcurrido y, además, sin ninguna novedad porque las personas involucradas son las mismas. Es un caso que nos avergüenza como región”. “Cuando la Justicia no es oportuna deja de serla y nosotros vamos a seguir planteando que esto se debe tratar con mayor agilidad, porque no solo hay que castigar a quienes cometieron estos ilícitos probables, sino que hay que transmitir una señal a la sociedad de que este tipo de hechos no se tolera y eso en este caso ha sido débil”, puntualizó.
Según el senador Matías Walker “es importante entender lo que es una formalización y también que la presunción de inocencia es un principio que siempre debe respetarse ya que, esta solicitud presentada tampoco significa una condena anticipada”. “Todos los que han criticado a la fiscal regional, yo creo que se apresuran en sus juicios, porque estas cosas no pueden funcionar según las presiones políticas, sino que conforme el avance de la investigación», enfatizó.
El diputad Juan Fuenzalida expuso que “es bien curioso que, habiendo transcurrido tanto tiempo, justo ahora la Fiscalía haya decidido solicitar audiencia de formalización. En segundo término, hoy solo conocemos que se solicitó la audiencia de formalización sin conocer los fundamentos o argumentos en virtud de los cuales se funda esta solicitud. Creo que hay que tener todos los antecedentes a la vista para poder tener mayor claridad, agregó.
Mientras que el senador Daniel Núñez valoró la solicitud: “es excelente que por fin veamos una posibilidad de que exista justicia en el fraude al fisco más grande en la historia de la región de Coquimbo, donde el Gobierno Regional de Sebastián Piñera, encabezado por la exintendenta UDI Lucía Pinto y su administrador regional José Cáceres, insistieron en comprar terrenos en el sector oriente de La Serena a pesar de ser advertidos que existía un sobre precio en estos”.
