{"id":3136,"date":"2021-08-03T21:38:03","date_gmt":"2021-08-03T21:38:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.semanariotiempo.cl\/?p=3136"},"modified":"2021-08-03T21:39:11","modified_gmt":"2021-08-03T21:39:11","slug":"papaya-gate-las-4-claves-de-la-querella-criminal-que-interpuso-el-consejo-de-defensa-del-estado-contra-lucia-pinto-y-dos-ex-altos-funcionarios","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.semanariotiempo.cl\/?p=3136","title":{"rendered":"Papaya Gate: Las 4 claves de la querella criminal que interpuso el Consejo de Defensa del Estado contra Luc\u00eda Pinto y dos ex altos funcionarios"},"content":{"rendered":"\n<h4 class=\"has-vivid-red-color has-text-color wp-block-heading\"><strong>La acci\u00f3n jur\u00eddica salpic\u00f3 al gerente General del Centro Empresarial, Pablo Bracchita, quien figuraba ese entonces como ejecutivo de las inmobiliarias que vendieron el lote de predios al Gobierno Regional. Todos los imputados habr\u00edan realizado m\u00faltiples gestiones para concretar, bajo la modalidad de trato directo y por montos cuantiosamente sobrevalorados en relaci\u00f3n al valor real del terreno, omitiendo sucesivas y categ\u00f3ricas objeciones de la Contralor\u00eda Regional de Coquimbo.<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Finalmente, el viernes 23 de julio, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) present\u00f3 una querella criminal por fraude al fisco contra la ex Intendenta Luc\u00eda Pinto y otros dos altos personeros p\u00fablicos del Gobierno Regional \u2013el ex Administrador Regional, Jose C\u00e1ceres y el ex jefe del Departamento Jur\u00eddico, Eduardo Espinoza\u2013por su presunta responsabilidad en la adquisici\u00f3n irregular de terrenos por $9.800 millones, destinados para la construcci\u00f3n de un centro deportivo en el sector de San Ram\u00f3n, de La Serena.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La acci\u00f3n jur\u00eddica del organismo representante de los intereses del fisco tambi\u00e9n salpic\u00f3 al gerente General del Centro Empresarial, Pablo Bracchita, quien figuraba ese entonces como ejecutivo de las inmobiliarias que vendieron el lote de predios al Gobierno Regional. Todos los imputados habr\u00edan realizado m\u00faltiples gestiones para concretar, bajo la modalidad de trato directo y por montos cuantiosamente sobrevalorados en relaci\u00f3n al valor real del terreno, su adquisici\u00f3n. Lo anterior, omitiendo, adem\u00e1s, sucesivas y categ\u00f3ricas objeciones de la Contralor\u00eda Regional de Coquimbo y su negativa a tomar raz\u00f3n, en cuatro oportunidades, del contrato de compraventa presentado por el GORE para dicho fin. El caso fue bautizado como Papaya Gate.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"457\" height=\"506\" src=\"https:\/\/www.semanariotiempo.cl\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/papayagate.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-3137\" srcset=\"https:\/\/www.semanariotiempo.cl\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/papayagate.jpg 457w, https:\/\/www.semanariotiempo.cl\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/papayagate-271x300.jpg 271w, https:\/\/www.semanariotiempo.cl\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/papayagate-379x420.jpg 379w\" sizes=\"auto, (max-width: 457px) 100vw, 457px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><span class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">SESI\u00d3N<\/span><\/strong><br>En ese tenor, el pasado lunes 26 de julio, el presidente (s) del CDE, Daniel Martorell, particip\u00f3 en la pen\u00faltima sesi\u00f3n de la Comisi\u00f3n Investigadora de la C\u00e1mara de Diputados que naci\u00f3 una vez estallado el caso, donde explic\u00f3 las claves de la querella entablada por el organismo.<br>\u201cRespecto de esas cuatro personas, el Consejo, a partir de la valoraci\u00f3n de estudios de los antecedentes, nos tomamos el tiempo para valorar todos los antecedentes una vez que llegamos a un grado de convicci\u00f3n respecto del fundamento de esta acci\u00f3n, y que hemos decidido plasmarla en una acci\u00f3n criminal como es en este caso\u201d, sostuvo Martorell.<br>En ese sentido, agreg\u00f3 que \u201cen caso de verificarse los antecedentes de otros delitos vinculados con eventuales negociaciones incompatibles, el Consejo utilizar\u00e1 el mecanismo procesal de ampliar la querella a esos nuevos tipos penales que se puedan ir dando en la investigaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>1.- Sobreprecios<\/strong><br>Para Martorell, la acci\u00f3n legal del CDE contra los ex altos funcionarios de Gobierno surge a partir de las diferencias de precios en las cotizaciones iniciales versus lo que se pag\u00f3 por el terreno. En ese sentido, el organismo considera que los contratos de compraventa, pese a no contar con la respectiva toma de raz\u00f3n de la Contralor\u00eda Regional, conten\u00edan antecedentes suficientes de tasaciones que valoraban los terrenos en menos del 50% del valor por el cual el Gobierno Regional los compr\u00f3, ocasionando con ello un evidente perjuicio fiscal.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>2.- No acredita el trato directo<\/strong><br>Otro de los aspectos que mantiene dudas para el CDE dice relaci\u00f3n con la no acreditaci\u00f3n de informaci\u00f3n para utilizar el mecanismo de \u201ctrato directo\u201d para adquirir los predios en cuesti\u00f3n, versus la licitaci\u00f3n p\u00fablica. Por los montos de la transacci\u00f3n, la licitaci\u00f3n p\u00fablica es el mecanismo en el cual deber\u00eda materializarse las compras. \u201cSi bien el trato directo existe como mecanismo, es absolutamente excepcional y por su car\u00e1cter excepcional debe acreditarse los fundamentos\u201d, coment\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>3.- Representaciones de Contralor\u00eda<\/strong><br>En tercer lugar, las distintas representaciones de la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica a las resoluciones que aprobaban el contrato de compraventa, que en total fueron cuatro, en distintos periodos, se mantiene como una constante. Para Martorell, ah\u00ed emana una fuente de \u201cdiscriminaci\u00f3n directa\u201d en el proceso, pues para los funcionarios p\u00fablicos, los informes y los dict\u00e1menes del ente contralor son obligatorios. \u201cNo es un tema de pensar distinto a la Contralor\u00eda como funcionario p\u00fablico, uno puede hacerlo y es l\u00edcito pensar intelectualmente distinto, pero el tema est\u00e1 en torno a la obligatoriedad del dictamen que, en este sentido, tiene car\u00e1cter de obediencia\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>4.- Cambio de Cl\u00e1usula<\/strong><br>El cuarto fundamento se relaciona al cambio que se hizo en la cl\u00e1usula novena del contrato, que establec\u00eda justamente que los abogados de ambas partes, tanto del comprador como del vendedor, deb\u00edan comparecer a efectos de la inscripci\u00f3n del contrato en el Conservador de Bienes Ra\u00edces. Para el Consejo, dicha cl\u00e1usula, justamente, \u201ces la que estaba motivando tener que pasar por la resoluci\u00f3n de la toma de raz\u00f3n para efectos que la Contralor\u00eda validara la acci\u00f3n (de compra).<br>\u201cEsa cl\u00e1usula era la que estaba motivando las suspensiones notificadas a la Contralor\u00eda, por cuarta vez (\u2026) Pues bien, lo que se hizo de parte de los imputados fue eliminar la cl\u00e1usula y al hacerlo, se evit\u00f3 la necesidad de tener que justamente estar obteniendo la aprobaci\u00f3n de las resoluciones aprobatorias por parte de la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan Martorell, el Comit\u00e9 Contencioso Administrativo del CDE tiene en estudio la posibilidad de ejercer alg\u00fan tipo de acci\u00f3n de car\u00e1cter civil respecto de la compraventa, vinculado a ello a la nulidad de la resoluci\u00f3n efectuada por el GORE o directamente de la nulidad absoluta del contrato de compraventa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La acci\u00f3n jur\u00eddica salpic\u00f3 al gerente General del Centro Empresarial, Pablo Bracchita, quien figuraba ese entonces como ejecutivo de las inmobiliarias que vendieron el lote de predios al Gobierno Regional. 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