El financiamiento municipal ha estado en la palestra p\u00fablica. En primer t\u00e9rmino, a prop\u00f3sito del impuesto territorial (o contribuciones) y la pol\u00e9mica que se ha generado en torno a c\u00f3mo el SII determina los aval\u00faos fiscales y la necesaria transparencia que amerita aquel proceso y, en segundo t\u00e9rmino, a prop\u00f3sito de los recursos que los municipios est\u00e1n recibiendo tras la aprobaci\u00f3n de la nueva ley del royalty minero, por medio de los fondos creados especialmente para estos efectos. Espec\u00edficamente, en 2024 y v\u00eda un anticipo de esos recursos a trav\u00e9s de la ley de presupuestos para dicha anualidad, se entregaron del orden de 93 mil millones de pesos a 307 municipios de todo el pa\u00eds (incluyendo a comunas mineras y comunas m\u00e1s dependientes del fondo com\u00fan municipal), recursos que en 2025 se proyecta que aumenten a m\u00e1s del doble, alcanzando 218 mil millones de pesos.
\nAprovechando que la Ley N\u00b021.591 sobre el Royalty a la Miner\u00eda, establece el deber de las municipalidades de reportar trimestralmente a la Subsecretar\u00eda de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) sobre el uso de estos recursos, y que la Ley de Presupuestos para el a\u00f1o 2024 estableci\u00f3 la obligaci\u00f3n, para los municipios, de publicar en sus sitios de transparencia activa dichos reportes, el Consejo para la Transparencia (CPLT) realiz\u00f3 una fiscalizaci\u00f3n con el objeto de monitorear el cumplimiento de la normativa de transparencia y caracterizar la recaudaci\u00f3n y el destino de estos recursos.
\nDentro de los principales hallazgos de la investigaci\u00f3n para el per\u00edodo 2024, se pudo constatar que un 61% de las municipalidades beneficiarias del Fondo de Equidad Territorial y\/o Fondo de Comunas Mineras (187) no cumpli\u00f3 plenamente con la obligaci\u00f3n de publicar en sus sitios de transparencia activa los referidos reportes. El an\u00e1lisis revel\u00f3, adem\u00e1s, respecto de las principales imputaciones presupuestarias, que solo un 37% de los recursos se destin\u00f3 a iniciativas de inversi\u00f3n, mientras que un 23% a compra de bienes y servicios de consumo, un 18% a transferencias corrientes, algunas de las cuales no son f\u00e1cil de rastrear, un 12% a adquisici\u00f3n de activos no financieros y un 8% a gastos en personal.
\nLos resultados no dejan de ser preocupantes, pero mucho m\u00e1s inquietante es el panorama para este a\u00f1o. Por una parte, se mantiene el amplio espacio para la discrecionalidad en el uso de estos recursos y, por la otra, la Ley de Presupuestos para el a\u00f1o 2025 no mantuvo la obligaci\u00f3n de las municipalidades de publicar en transparencia activa los reportes de uso de estos recursos que deben enviar a la SUBDERE. Por ello, este a\u00f1o solo los conoceremos en marzo de 2026, cuando \u00e9sta los publique, en vez de ir llevando el control trimestral, a trav\u00e9s de transparencia activa, tal y como lo estableci\u00f3 la Ley de Presupuestos para el a\u00f1o 2024.
\nDada esta doble debilidad institucional, el llamado es tanto a las municipalidades para que proactivamente transparenten estos reportes y rindan cuenta del uso de estos recursos, de manera que la ciudadan\u00eda pueda evaluar si se est\u00e1n destinando adecuadamente, como a los legisladores para que revisen estas falencias y ellas puedan ser corregidas en la legislaci\u00f3n aplicable.
\nLa discusi\u00f3n de la Ley de Presupuestos para el a\u00f1o 2026 presenta una oportunidad de mejora para incluir, nuevamente y como en 2024, obligaciones peri\u00f3dicas de transparencia activa para los municipios que reciben estos recursos. Sin embargo, tanto la transparencia activa en la materia aplicable a los municipios, como la eventual revisi\u00f3n que el Congreso pudiera hacer para orientar el uso de estos fondos preferentemente a iniciativas de inversi\u00f3n y desarrollo, debieran ser abordadas como cuestiones propias de la legislaci\u00f3n de car\u00e1cter permanente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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