{"id":15844,"date":"2025-06-02T18:09:06","date_gmt":"2025-06-02T22:09:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.semanariotiempo.cl\/?p=15844"},"modified":"2025-06-02T19:57:12","modified_gmt":"2025-06-02T23:57:12","slug":"papaya-gate-tribunal-rechaza-solicitud-prision-preventiva-del-cde-y-deja-a-implicados-con-arresto-nocturno-y-firma-mensual","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.semanariotiempo.cl\/?p=15844","title":{"rendered":"Papaya Gate: Tribunal rechaza solicitud prisi\u00f3n preventiva del CDE y deja a implicados con arresto nocturno y firma mensual"},"content":{"rendered":"<h4><span style=\"color: #993300;\"><strong>La magistrada del Juzgado de Garant\u00eda de La Serena, Carolina Baroncini, determin\u00f3 esas medidas cautelares para la exintendenta Luc\u00eda Pinto y el exadministrador Regional, Jos\u00e9 C\u00e1ceres. Mientras, el resto de los empresarios implicados quedaron con firma mensual, puesto que \u201cni siquiera est\u00e1 claro que el hecho imputado sea un delito\u201d. En tanto, Pablo Bracchitta no recibi\u00f3 ninguna precautoria.<\/strong><\/span><\/h4>\n<p>El Juzgado de Garant\u00eda de La Serena rechaz\u00f3 la prisi\u00f3n preventiva solicitada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y decret\u00f3 medidas menores para siete de los ocho imputados del bullado caso Papaya Gate.<br \/>\nDurante tres jornadas de audiencia (lunes 26 , martes 27 y mi\u00e9rcoles 28 de mayo) por la cuestionada compra de terrenos en el sector San Ram\u00f3n de La Serena -por $9.800 millones, representada en cuatro oportunidades por la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica- tanto el Ministerio P\u00fablico y el CDE, como la defensa de loa implicados, expusieron los antecedentes por presuntos il\u00edcitos de fraude al fisco, y otros delitos tributarios.<br \/>\nSin embargo, el duro rev\u00e9s para CDE se grafic\u00f3 en las precautorias fijadas por la magistrada Carolina Baroncini. Dos exfuncionarios p\u00fablicos -la exintendenta Luc\u00eda Pinto y el exadministrador Regional, Jos\u00e9 C\u00e1ceres, deber\u00e1n cumplir arresto nocturno y arraigo nacional, mientras que cinco empresarios -Lorenzo Iduya, Nicol\u00e1s Bakulic, Luis Iver, Karim Daire y Manuel Daire- quedaron con firma mensual y tambi\u00e9n arraigo nacional. En tanto, Pablo Bracchitta, tambi\u00e9n formalizado por fraude al fisco, qued\u00f3 sin ninguna cautelar.<br \/>\nSeg\u00fan detall\u00f3 la jueza, no se acreditaron presunciones fundadas de participaci\u00f3n en el delito imputado. \u201cNo advierte el tribunal en qu\u00e9 momento se puede atribuir a este particular la existencia de alg\u00fan enga\u00f1o. Ofert\u00f3 el terreno en 2017 a un precio similar al que finalmente se pag\u00f3. Es una actuaci\u00f3n propia de un particular haciendo un negocio\u201d, sostuvo.<\/p>\n<p>Baroncini incluso llam\u00f3 la atenci\u00f3n sobre el hecho de que Bracchitta haya sido imputado, pese a que fue \u00e9l quien entreg\u00f3 dos tasaciones con valores muy distintos a los finalmente utilizados. \u201cSi su intenci\u00f3n hubiera sido defraudar, no habr\u00eda presentado tasaciones que podr\u00edan ir en contra de su inter\u00e9s\u201d, a\u00f1adi\u00f3.<br \/>\nAsimismo, la magistrada descart\u00f3 que existiera concertaci\u00f3n entre Bracchitta y funcionarios del Gobierno Regional para inflar el precio de los terrenos: \u201cM\u00e1s all\u00e1 de la eventual relaci\u00f3n entre C\u00e1ceres y el se\u00f1or Bracchitta, no existen antecedentes que permitan arribar a la conclusi\u00f3n de que este \u00faltimo se haya concertado para defraudar al Fisco\u201d.<br \/>\nRespecto de los dem\u00e1s imputados, la jueza tuvo en cuenta que no tienen condenas previas, se han presentado a todas las citaciones judiciales y colaborado durante la investigaci\u00f3n. En vista de ello, consider\u00f3 desproporcionado aplicar la prisi\u00f3n preventiva, especialmente \u201cni siquiera est\u00e1 claro que el hecho imputado sea un delito que conlleve una pena de crimen\u201d.<br \/>\nFinalmente, el tribunal fij\u00f3 un plazo de seis meses para el cierre de la investigaci\u00f3n, desestimando la solicitud de una de las defensas de reducirlo, al considerar que a\u00fan existen diligencias pendientes, como un peritaje clave sobre el valor del inmueble adquirido por el Gobierno Regional.<\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>Algunas claves de la formalizaci\u00f3n<\/strong><\/span><\/p>\n<p>&#8211; Luc\u00eda Pinto habr\u00eda actuado sin conocer los aspectos t\u00e9cnicos jur\u00eddicos y solo habr\u00eda firmado documentos siguiendo recomendaciones de quienes la rodeaban en una l\u00f3gica de confianza profesional. En audiencia se distingui\u00f3 que la responsabilidad pol\u00edtica, responsabilidad administrativa y responsabilidad penal son totalmente diferentes y en este caso hay que probar un dolo efectivo, es decir la intenci\u00f3n real de querer da\u00f1ar al fisco, respecto a lo cual no se present\u00f3 ning\u00fan antecedente categ\u00f3rico m\u00e1s all\u00e1 de actuaciones poco prolijas.<\/p>\n<p>&#8211; Pablo Bracchita es un empleado de una empresa particular a quien no le tocar\u00eda responsabilidad por un delito que es propio de funcionarios p\u00fablicos. Aunque existe la posibilidad excepcional de hacer \u201cextensiva\u201d su responsabilidad, no hay antecedentes suficientes para configurar presunciones fundadas. M\u00e1s all\u00e1 de las apariencias, el ministerio p\u00fablico no pudo dar cuenta de actos precisos que pudieran probar espec\u00edficamente que haya cometido un delito.<\/p>\n<p>&#8211; En la estrategia de la defensa se logr\u00f3 presentar una multiplicidad de tasaciones e informes periciales que relativizaron la percepci\u00f3n sobre un posible perjuicio patrimonial para el Estado. Seg\u00fan la magistrada, ese perjuicio no est\u00e1 claro y en la audiencia hubo abogados que insinuaron la posibilidad de que el Estado se pudo haber visto favorecido con la compra del terreno. El precio siempre fue abierto y declarado, no hubo valores reservados, ocultos, ni enga\u00f1osos.<\/p>\n<p>&#8211; Aparentemente la negativa de Contralor\u00eda de no permitir el contrato en reiteradas oportunidades no tendr\u00eda mayor relevancia para efectos de configurar un delito de fraude al fisco e incluso se argument\u00f3 que habr\u00eda una supuesta intenci\u00f3n del \u00f3rgano contralor de dificultar el actuar del gobierno regional respecto a la compra de este terreno.<\/p>\n<p>&#8211; De acuerdo a los antecedentes que se discutieron, sin duda, una de las grandes claves de este proceso ser\u00e1 verificar si hubo o no un perjuicio real, cuantificable. Si no se puede llegar a probar ese perjuicio, no hay nada.<\/p>\n<p>&#8211; Todo indica que en este caso incluso pensando en el escenario en que la fiscal\u00eda lograra probar todo, las penas ser\u00edan bajas y se cumplir\u00edan en libertad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La magistrada del Juzgado de Garant\u00eda de La Serena, Carolina Baroncini, determin\u00f3 esas medidas cautelares para la exintendenta Luc\u00eda Pinto y el exadministrador Regional, Jos\u00e9 C\u00e1ceres. Mientras, el resto de los empresarios implicados quedaron con firma mensual, puesto que \u201cni siquiera est\u00e1 claro que el hecho imputado sea un delito\u201d. 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