Tribunal Ambiental fija audiencia por demanda de pescadores contra las obras de ampliación del puerto de Coquimbo

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Servicio de Evaluación Ambiental, parte reclamada en el proceso judicial, solicitó a los magistrados Sandra Olivares, Mauricio Oviedo y Carlos Valdovinos, rechazar las acciones de quejas interpuestas. Audiencia se realizará el 10 de mayo, a las 10:00 horas, mediante la modalidad de videoconferencia.

El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA) fijó para el próximo 10 de mayo, a las 10:00 horas, una audiencia para escuchar los alegatos de las partes involucradas en una controversia entablada por 139 pescadores contra las obras de ampliación contempladas en el proyecto de modernización del puerto de Coquimbo.
La cita se desarrollará bajo la modalidad de videoconferencia, donde los magistrados Sandra Olivares, Mauricio Oviedo y Carlos Valdovinos escucharán no solo la acción interpuesta por los trabajadores del mar contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), sino que al propio organismo que se negó a invalidar los permisos ambientales para la construcción de la iniciativa, que involucra una inversión de US$120 millones.

Actualmente, el proyecto se encuentra con obras en plena ejecución, con objeto de modernizar y ampliar la capacidad de transferencia de carga del terminal portuario. Las principales partes son: la habilitación de la zona pavimentos para la circulación de vehículos propios de la actividad portuaria; la construcción de un nuevo muelle multipropósito para la operación de los nuevos sitios de atraque Nº 3 y Nº 4, y la reparación estructural de actuales sitios de atraque Nº 1 y 2, que hoy se encuentran en funcionamiento.
Sin embargo, el 11 de marzo pasado, fue el propio SEA que solicitó a los jueces del 1TA rechazar las quejas interpuestas por los pescadores, principalmente al constatar que 48 de las 139 personas que solicitaron la acción no lograran acreditar su calidad de interesados, además de descartar los supuestos efectos adversos en el medio ambiente, producto de las obras.
“El SEA al analizar si los solicitantes se encontraban legitimados, teniendo presente que no cualquier persona puede considerarse como interesado, solo 91 de las 139 personas presentaron antecedentes en orden de acreditar su calidad”, sostiene el servicio. El documento considera el Certificado de Inscripción al Registro de Organizaciones Artesanales emitido por Sernapesca.
Junto a ello, el SEA consideró que en las materias alegadas no se indica la supuesta norma infringida, “limitándose a transcribir observaciones formuladas en el proceso de evaluación ambiental, omitiendo la respuesta entregada por la empresa”, discrepando no solo del titular, sino del Comité Técnico Revisor.

Respecto a la supuesta afectación ambiental, el SEA dispuso que se consideraron diversos escenarios para la modelación de emisiones atmosféricas, y se concluyó que el proyecto no generará un aporte significativo en concentraciones de material particulado (MP; MP10; MP2,5) o gases de las naves durante el proceso de operación.
Sobre el supuesto impacto en las áreas de manejo, el SEA no identificó una influencia en el tráfico de naves proyectado, ni en la presencia de embarcaciones “a la vara”, en atención a que ellas afecten por el vertimiento de carga al mar.
Junto a ello, supone que tampoco existiría impacto porque la línea de base corresponde a una zona consolidada como puerto, por lo tanto “su abundancia y riqueza ecosistémica responde a esa condición”.

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