Contraloría detecta faltas y acuerdos extrajudiciales entre Sacyr y Municipalidad de Coquimbo por edificio consistorial y alc alcalde Manouchehri anuncia querella

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La transacción por casi $3 mil millones fue para evitar un eventual litigio, relacionado con un aumento en el valor del proyecto y perjuicios informados por la empresa, que le serían compensables. Los hechos se remontan a la administración de Marcelo Pereira y el actual jefe comunal. Alí Manouchehri, presentará -dentro de los próximos días- una segunda querella contra el ex alcalde, la primera fue por el déficit presupuestario que llegaría a los $40 mil millones.

La Contraloría envió los antecedentes de un informe de auditoría al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), al encontrar graves faltas en el contrato de construcción del edificio consistorial de Coquimbo, en el que la Municipalidad interviene como unidad técnica del proyecto y el Gobierno Regional como mandante.
La auditoría analizó desde mayo de 2018 a noviembre de 2020, contemplando la fecha de la entrega provisoria de la obra. Cabe recordar que durante ese periodo quien oficiaba como alcalde de la ciudad era Marcelo Pereira.
Dicho proyecto, financiado de manera conjunta entre el Gobierno Regional de Coquimbo y el municipio porteño, comenzó en 2014, e inicialmente debió ser entregado en 2016. Se estableció que durante la ejecución hubo diversas faltas. Entre ellas, que el municipio suscribió una transacción extrajudicial con la empresa Sacyr Chile S.A. por $2.975.000.000. Esto, para pevitar un eventual litigio entre las partes, relacionado con un aumento en el valor de la ejecución del proyecto y perjuicios económicos informados por la empresa, derivados de situaciones que, en opinión de la constructora, le serían compensables.
“La Municipalidad accedió evitando comprometer la entrega del edificio, sin efectuar un análisis técnico y económico detallado de las pretensiones sostenidas por la empresa”, sostiene el dictamen.
Del monto pactado, $1.201.685.976 corresponden a diferencias por el plazo transcurrido hasta la obtención del financiamiento de las modificaciones de obras, sin que las bases contemplaran indemnizaciones. Del acuerdo extrajudicial, el municipio sólo ha pagado un 25% del total, y no se tiene certeza sobre las partidas que fueron pagadas.
Se determinó que la Municipalidad de Coquimbo mantiene, además, una deuda $3.467.694.525 con el Gobierno Regional por aportes comprometidos para el financiamiento conjunto de la obra, por lo que deberá hacer las gestiones para pagar lo adeudado e informar a la CGR en un plazo de 60 días hábiles.
Durante la auditoría se determinó que el municipio aprobó obras extraordinarias por $18.537.472 que debieron ser ejecutadas con cargo al contratista. Por otro lado, dio su visto bueno a aumentos de obra y obras extraordinarias por $901.312.482 que no se verifican imprevistas e ineludibles conforme exigen las bases.
Otro de los hallazgos de la investigación estableció que la entidad edilicia, en su calidad de unidad técnica, aprobó aumentos de obra y plazo, superando el límite establecido y sin los informes técnicos que los fundamenten.
El actual jefe comunal en ejercicio, Alí Manouchehri, comenta que el equipo jurídico de la municipalidad trabaja en la presentación de una querella por supuesto delito de fraude al fisco o cualquier otro que pueda deducirse de los hechos.
“(Será) contra de quienes resulten responsables, en el contexto de una transacción extrajudicial por la construcción de este edificio, la que interpondremos en los próximos días. Nuestra llegada al municipio hemos puesto a disposición todos los antecedentes necesarios ante la justicia para que investigue eventuales irregularidades o delitos en la administración anterior, en relación con la utilización de los recursos de todos los coquimbanos y coquimbanas”, sostiene el alcalde.

Manouchehri explica la acción judicial se sumará a la otra querella por los supuestos delitos de fraude y malversación de caudales públicos, interpuesta poco después de su llegada al sillón edilicio por el déficit financiero de las arcas municipales que ascendería -según proyecciones de la nueva administración- a los 40 mil millones de pesos. “Estamos en proceso de licitación de una auditoría forense externa que nos permita saber el verdadero estado financiero del municipio de Coquimbo”.
“La señal que queremos dar como administración es clara: vamos a cooperar con el Ministerio Público y todas las instancias que sean necesarias para aclarar los hechos ocurridos en la municipalidad. Tenemos confianza que la instituciones deben funcionar y, paralelamente, trabajamos dar transparencia a la ciudadanía respecto a todos los procesos que realizamos en la administración de los recursos de todos y todas. Cada peso que se gasta es en beneficio de nuestros vecinos y vecinas, nunca más primarán mezquinos intereses”, sentencia.
Para el concejal Guido Hernández (RN), al ingresar al concejo municipal, en 2017, “me di cuenta que se trata de un contrato a suma alzada y lo que tenía entendido que de este tipo de acuerdos es que las empresas se los adjudican con un monto que cubra cualquier externalidad que se pueda darse en el camino, lo que lamentablemente no ocurrió”.
“Me llamaba mucho la atención, que a propósito del terremoto que había ocurrido entre medio y posterior tsunami, la empresa buscara argumentos técnicos para ir aumentando el valor de la obra pasando de $17 mil millones a $26 mil millones de pesos, y siempre consideré que eso era una estrategia que tenía la empresa que se venía dando en otras partes del país y otros países donde ellos llegaban con una oferta atractiva, se adjudicaban los contratos y al poco andar con sus equipos de abogados lograban ir aumentando el monto de las obras”, supone.

¿En qué está el consistorial?
Según Manouchehri, el actual edificio municipal de Coquimbo se encuentra con recepción pendiente de obra, trámite que debería ser resulto por la empresa constructora. Las pretensiones del ex futbolista es que se entregue el inmueble para que el Municipio realice el traslado de las dependencias municipales. “Estamos diciéndole a Sacyr que ellos tienen la pelota hace bastante tiempo, y deben cumplir con los requerimientos que contiene el contrato… ellos mismos son los que no han acelerado el proceso”, menciona.

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