El alza registrada en frutas y hortalizas sería principalmente producto de la especulación, pese a que la sequía durante el 2012 traería consigo una disminución de las tierras cultivadas cercana al 40% en la región.

La segunda semana de febrero comenzó con discusiones sobre las alzas observadas en los productos hortofrutícolas a nivel nacional, centrándose el foco en papas, lechugas y choclos.

En la región se han registrado alzas de hasta 200% que quienes comercializan estos productos explican con la escasez hídrica, sin embargo, los productores y autoridades, partiendo por el ministro de Agricultura, hablan de especulación.

Frente a esto, el Vicepresidente de la Sociedad Agrícola del Norte, Carlos Erler, indicó que «para los productores no está siendo una actividad rentable la agricultura, vemos que los productos dan mucha plata para otras personas, pero no para los agricultores».

En este sentido, si bien el alza se debe en parte a la sequía, la especulación es factor importante, ya que «los agricultores estamos viviendo con precios que son de hace 20 años, entonces hay una imperfección del mercado, porque el productor no está tomando parte de esta alza, sino que es otro grupo el que se lleva la diferencia»

Sobre la disminución de oferta, los casos más serios se ven en los sectores de El Romero y Pan de Azúcar donde, según Erler, «hay muchas tierras botadas porque los canales ya no alcanzan a llegar al fondo», sin embargo, no hay que olvidar que muchas de las tierras de estos sectores productivos cuentan con pozos para suplir esta falta de suministro por canal.

Respecto de esta situación, el seremi de economía, Gustavo Mallat indicó que «en el mercado de las hortalizas siempre existe un mercado imperfecto, con información incompleta, asimétrica y a veces existen pocos poderes compradores y pocos comerciantes, por ende, alguna gestión o manejo del precio pueden realizar».
Sin perjuicio de lo anterior, hay que considerar los ciclos productivos dependiendo de cada producto y que la mayoría de las producciones de La Serena son para invierno.

MEDIDAS A TOMAR

Todos los actores del área están de acuerdo en que en materia de manejo del recurso hídrico queda mucho por hacer. Sobre el caso particular de la cuenca del Río Elqui, Carlos Erler considera que «los canales hoy son una especie de canastos en los que entra agua y se pierde por
el camino y lo que estamos viviendo hoy día se debe en gran parte al pésimo manejo de la red hídrica».

Además, el agricultor recomienda ser conservadores al momento de cultivar, debiendo generar programas ajustados a la disponibilidad hídrica, sin caer en la ola de especulaciones que impera en la actualidad. Agrega que «hay que ser muy cauteloso, porque hoy día si falta un
riego, una fumigada o una fertilización, los productos pasan a ser malos y el mercado hoy en día no te permite productos de mala calidad»

Actualmente la Sociedad Agrícola del Norte, en conjunto con el gobierno regional y la Corporación regional de Desarrollo Productivo está desarrollando una Plataforma de Vigilancia del Mercado Hortícola para la región, que se traduce en una herramienta de uso público, mediante la que se busca transparentar las producciones, consumos, propiciando mejores precios de venta para los agricultores y de compra para los consumidores.

LA LECHUGA, EL  CASO MÁS EXTREMO

En la región el caso más marcado en cuanto al alza de precios lo tiene la lechuga, que ha visto aumentado su precio hasta en un 200%. El representante de SAN recuerda que el año pasado este producto en terreno se vendía entre 13 y 90 pesos a productor y en los supermercados se vendía entre 400 y 500 pesos la unidad.

Hoy el precio inicial esta en el orden de los 166 pesos, mientras que en supermercados se ha llegado a los 700 pesos dependiendo de la variedad. Erler hace el llamado al consumidos a que prefiera las ferias, pues «va a encontrar precios más baratos, por ser compras que el comerciante hace directamente a los productores y no hay tanto intermediario de por medio».

Si bien no existen registros formales, el bombardeo de nubes se habría realizado de forma aérea entre los años 1985 y 1988 a manos de la empresa SERVISER y financiado por Gobierno Regional, empresas mineras, empresas eléctricas, de agua potable y  la agricultura.

Durante la semana el ministerio de agricultura aprobó el informe de evaluación presentado por la Comisión Nacional de Riego respecto del proyecto de estimulación Artificial de precipitaciones, con lo que el Consejo Interregional de Emergencia Hídrica podrá iniciar su plan de
trabajo.

Este proyecto, que debería comenzar en mayo, tiene un costo aproximado de 450 millones de pesos por región y se implementará
en las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso, y en nuestra región cuenta con una experiencia previa.

Un actor principal dentro de esta innovadora iniciativa realizada entre los años 85 y 88 en nuestra región es Eugenio Munizaga, quien por esos años era presidente de ASOPROEX, (Asociación Gremial de Empresarios Agrícolas de Productos de Exportación) y que considera que «este
es un proyecto que deberíamos tener siempre y no esperar a una situación aflictiva de sequía para recién iniciar las conversaciones y buscar quién va a desarrollar el proyecto»

PRIMERAS EXPERIENCIAS REGIONALES

Los primeros acercamientos de Chile con respecto a la estimulación de lluvias se remontan a los años 60, en que el connotado meteorólogo de la Universidad Católica, Willy Duarte, «Llenó un avión de hielo picado y lo sobrevoló en las afueras de San Felipe», recuerda Munizaga.

En nuestra región, durante los años 78 a 83 el Gobierno Regional en conjunto con los privados realiza investigaciones para proyectar un programa de estimulación de nubes, periodos durante el que se adquiere un radar que es instalado en el aeropuerto de La Florida para obtener
información meteorológica.

Por esos años se estaba viviendo una sequía muy severa, a lo que se sumaba, como recuerda el conocido agricultor local, Falconeri Munizaga, que «en ese tiempo los agricultores éramos mucho menos y todavía no empezábamos con el riego por goteo, entonces gastábamos mucha más
agua, porque regábamos por tasa».

Este bombardeo estuvo a cargo de la empresa SERVISER, de Raúl Pizarro, cuyo meteorólogo era Augusto Llanos, obteniendo resultados positivos del orden del 15%, considerando que este programa se enfocaba principalmente en la acumulación de nieve en la cordillera. Sobre
esto, Munizaga explica que «hemos ganado mucho con los embalses artificiales que se han hecho, pero el gran embalse natural es la nieve que se guarda durante el invierno en las altas cumbres y que en primavera y verano va derritiéndose y escurriendo sus aguas hacia el Pacífico».

Por su parte, Falconeri Munizaga agrega que en invierno estos resultados se pueden medir de mejor manera y que en aquella época «sacamos un promedio de cuánta nieve había caído por año en 50 años hacia atrás, que era 1 metro de nieve, y cuando hicimos esto pasábamos los 2 metros».

Sobre el comportamiento de las plantaciones, Eugenio Munizaga recuerda que en aquella época no existía el Embalse Puclaro por lo que el riego debía hacerse con el agua que traía en río en sus 3 secciones, mientras que hoy «la 1º y 2º sección que son las partes altas del río, riegan con el agua que trae el río y la tercera sección y el agua potable de La Serena se nutren con agua del embalse».

EN LA ACTUALIDAD

Sobre las tratativas actuales para llevar a cabo este proyecto luego de 7 años de escasez hídrica mantenida, Eugenio Munizaga considera que la demora se debe principalmente a falta de organización, pues «no está lo suficientemente claro cuál va a ser el ejecutor del proyecto, la empresa que se va a contratar y los costos exactos». Para Munizaga, teniendo esos datos claros, la coordinación entre los actores interesados debería ser más ágil.

Además, la falta de documentación sobre la efectividad de estos procedimientos es limitante, pues «muchas veces los gobiernos no se han atrevido a tomar proyectos de esta naturaleza debido a la dificultad de una medición técnica exacta», sin embargo, los resultados que
pueden testimoniar los agricultores que vivieron la experiencia dan luces de ser una experiencia positiva.

Finalmente, sobre el sistema a utilizar, si aéreo o terrestre, pese a que es más barato el último, Munizaga considera que el aéreo es más ventajoso, porque «va buscando el frente cargado de agua, mientras que en el bombardeo terrestres los equipos están esperando que pase
algún frente por ese lugar».

Balance presentado por el Servicio de Evaluación Ambiental destacó que el 75% de las iniciativas lograron resolverse entre 60 y 90 días hábiles luego de su ingreso a tramitación.

Un total de 20 proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental resultaron calificados favorablemente en 2011, según un balance presentado recientemente por el SEA región de Coquimbo.

En dicho informe, la directora del Servicio, Claudia Rivera, establece que del total de calificados, un 45% pertenece al sector minero, un 15% de ellos está considerado como Instrumentos de Planificación Territorial, y un 10% pertenece a iniciativas del sector inmobiliario.

Los 20 proyectos calificados en 2011 registran un avance respecto a los 18 aprobados en 2010, pero inferior a los máximos alcanzados en años anteriores. En 2006 se aprobaron 30; en 2007, 34; en 2008, 44; y en 2009, 43.

El panorama para el 2012 se pronostica diferente: al 30 de enero de este año, el Sistema contenía 30 proyectos: 2 Estudios, 28 Declaraciones, de los cuales 9 están activos y 21 suspendidos.

Tiempos

Uno de los objetivos trazados por el gobierno de Sebastián Piñera fue acelerar el impulso económico del país. La promesa era crear nuevas plazas de empleo, estimular la inversión privada y expandir el PIB hasta promediar un 6% anual.

Si bien se mantienen ciertas reservas respecto de la precisión en el detalle de estas metas, es innegable que la economía del país es más robusta que hace tres años. Las recientes cifras del IMACEC – que arrojó un índice promedio anual de 6,3% el año pasado – confirman esa mejora.

En concordancia con ello, el gobierno regional de Coquimbo se comprometió a acelerar la tramitación ambiental de los Estudios o Declaraciones de Impacto Ambiental.

En el balance presentado por el SEA se informó también que en 2011 el tiempo de tramitación de un 75% de las Declaraciones osciló entre los 61 y 90 días.

En el caso de los Estudios, en 2011 éstos se aprobaron en un plazo superior a los 151 días hábiles.

Según Claudia Rivera estos porcentajes son superiores a los alcanzados en 2009 y 2010, donde la mayor parte de los proyectos ingresados – en especial, Declaraciones – lograban la calificación luego de 90 días hábiles de plazo.

«La región de Coquimbo ha alcanzado un buen equilibrio entre la protección ambiental y la tramitación oportuna de los proyectos. No se van a dejar pasivos en la región por proyectos insuficientemente analizados», señaló el Balance 2011.

INGRESO

Las iniciativas privadas de cierta magnitud, de cualquier rubro económico, cuando cumplen ciertas características, deben ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Allí los proyectos deben someterse a mediciones y  observaciones de los Servicios del Estado con competencial ambiental contempladas en la Ley de Bases del Medioambiente. El proponente – generalmente, la empresa responsable – responde a dichas inquietudes y si logra demostrar impactos mínimos en el entorno, obtiene la calificación.

Las principales modalidades de ingreso al SEIA son mediante una Declaración o un Estudio. Éste último considera mecanismos de participación ciudadana.

Seis proyectos «duermen» en el sistema desde hace más de diez años Aunque parezca increíble, existen seis iniciativas ingresadas al sistema de evaluación, algunas de las cuales se mantienen allí desde 1999 en adelante. Las autoridades del SEA señalan que no tienen las facultades legales para sacarlos del sistema, y por lo tanto, deben considerarlos en cada balance.

¿Por qué siguen allí? Según Rivera los titulares de dichos proyectos simplemente dejaron de aportar antecedentes para seguir adelante con las tramitaciones.

Categórica son las opiniones respecto de la millonaria deuda que enfrenta el Departamento de Educación de la Municipalidad de Vicuña, cercana a los mil 600 millones de pesos. Recordemos que el actual alcalde Fernando Guamán sostuvo hasta hace poco insistentemente que esa deuda «la heredó» de la administración anterior; como una forma de justificar la debacle financiera que tiene sumida a la municipalidad en un verdadero callejón sin salida.

La situación de la deuda heredada se ha aclarado, ya que en una de las últimas sesiones del Concejo Municipal fue presentado un informe oficial que da cuenta, con exactitud, de la deuda de arrastre que dejó la administración de la ex alcaldesa Gloria Torres.

El acta de traspaso de mando, de fines de 2008, indica que la deuda era de 45 millones de pesos. Al respecto la ex alcaldesa Gloria Torres Espejo declaró: «La verdad me dio la razón porque la deuda que dejé en educación no eran 400 millones, como se encargó de decirles a todos el alcalde, faltando abiertamente a la verdad, sino de apenas 45 millones», enfatizó Gloria Torres.

Luego va más allá al decir que cuando ella asumió se encontró con una abultada deuda que paulatinamente fue rebajada: «Con acuerdo del concejo municipal, y a través de la Asociación Chilena de Municipalidades, solicitamos un crédito de 300 millones de pesos para pagar deudas dejadas por Guamán, sacrificando incluso la posibilidad de contratar nuevos profesionales para la municipalidad a fin de optimizar los recursos obtenidos».

Lo que nadie
entiende, ni los propios concejales al parecer, es cómo la Municipalidad de
Vicuña, en tres años, aumentó la deuda educacional de 45 a mil 600 millones de
pesos. De hecho, la concejala Leonor Ortega exigió en  sesión de Concejo que el alcalde explicara
por qué la deuda, sólo entre noviembre del año pasado y enero del presente,
aumentó en más de 200 millones de pesos, hasta alcanzar los mil 600 millones
por todos conocidos.

La ex alcaldesa
Gloria Torres dice entender que, en general, las municipalidades enfrentan
serios problemas de financiamiento, especialmente en el área educacional; «pero
no al extremo de lo que pasa en Vicuña, donde claramente el tema ha dejado a la
vista la incapacidad del alcalde y de sus asesores para encontrar soluciones. En
mi administración hicimos grandes esfuerzos para achicar la deuda que el propio
Guamán había dejado y lo conseguimos. Hoy vemos con sorpresa que el problema no
sólo volvió, sino que se disparó a cifras realmente vergonzosas».

Luego comenta que a
pesar de estar pagando las deudas municipales de ese entonces, se pudo destinar
recursos para financiar varios proyectos de su administración, dejando,
incluso, pagados todas las obras de pavimentación faltantes en Vicuña. «Son
varias las obras que están a la vista y que pudimos ejecutar a pesar de la
carga morosa que debimos asumir cuando llegamos a la municipalidad. Hoy, en
cambio, cuando Guamán entregue su cargo a fin de año, únicamente dejará como
recuerdo una deuda que, de seguir la tendencia conocida, superará los 2 mil 500
millones de pesos», reflexiona la ex alcaldesa.

A tanto ha llegado
la situación que Fernando Guamán ha propuesto al Concejo vender algunos bienes
municipales, tal vez como última opción para, al menos, aminorar las deudas. Se
habla, por ejemplo, de la ex escuela Nº 2, del terminal de buses, de la
propiedad ubicada en las esquinas de O’higgins y San Martín, del parque Las
Tinajas y otros. Esto no sólo tiene divido al Concejo, sino que a una parte
importante de la población, pues la mayoría, al parecer, siente que se pretende
enajenar bienes que son de todos como «única» fórmula para enmendar una pésima
gestión edilicia.

La misma Gloria
Torres dice estar en desacuerdo con la venta: «Son propiedades estratégicas
que nunca serán recuperadas. Tal vez se podría justificar si es que los
recursos a obtener fueran reinvertidos en la misma comuna, en obras de adelanto
que nos sirvan a todos; pero en ningún caso para pagar la farra que ha habido
con los recursos de educación».

Y a propósito del
parque Las Tinajas, se supo también que la municipalidad lo arrendó por algo
más de 100 mil pesos mensuales, durante 25 años, negocio que la ex edil
califica como «pésimo, independiente de lo que el concesionario haya
comprometido a invertir.»

Gloria Torres
concluye aseverando que con todo esto «se ha hecho un tremendo daño a la
comuna, particularmente a los profesores y a la educación que se le imparte a
nuestros niños y jóvenes. Guamán está desesperado y no sabe cómo corregir su
deficiente administración».

Finalmente,
agreguemos un dato insólito que tiene molestos a los propios funcionarios
municipales: Guamán cito a una reunión de emergencia para analizar el problema
en profundidad junto al Concejo, los jefes de municipales de servicios y
algunos funcionarios experimentados. Hasta ahí todo bien; pero el encuentro
consistió en un almuerzo en un importante restaurante de Vicuña, con un gasto
por persona superior a los 12 mil pesos. Fue para hablar de «ahorro y
austeridad».

Esta semana Minera Los Pelambres hizo pública su vinculación al proyecto eólico El Arrayán, gigantesca central de generación que se ubicará en la zona costera de Ovalle.

Los proyectos eólicos situados en la región le han dado a este territorio el rótulo de la capital de las energías limpias. Y con razón: en la región de Coquimbo se encuentran en pleno funcionamiento cinco centrales eólicas; una más se construye, y dos están en evaluación ambiental.

Otras cinco iniciativas tienen sus calificaciones ambientales respectivas, y se espera comiencen su etapa de construcción durante este año.

En total, la región contiene 13 proyectos de parques eólicos que suman inversiones por 2.593 millones de dólares. La energía base instalada, sumando también todas estas inversiones, equivale a 1.380 Mw. como potencia instalada.

Sin embargo, cabe señalar que si bien existen anuncios importantes de grandes proyectos, a fin de cuentas las empresas ajustan sus estimaciones iniciales y pueden construir centrales más pequeñas.

Pasó con los casos de El Totoral y Monte Redondo, cuyos proyectos originales contemplaban más aerogeneradores y elevados montos de inversión. Luego, ambos parques resultaron más pequeños.

EL ARRAYÁN

Antofagasta Minerals informó la semana pasada, durante su entrega de resultados, que en diciembre de 2011 ejerció la opción para adquirir una participación del 30% en el proyecto de «El Arrayán» en US$ 4,5 millones, y será responsable proporcionalmente a su participación en los
costos de desarrollo.

Esta decisión se tradujo en la firma de un contrato de acuerdo por 20 años entre Minera Los Pelambres y Pattern Energy Gropu LP. El contrato suscrito considera el suministro del 80% de la energía que El Arrayán generará, cifra que representará el 20% del consumo anual de la
minera, equivalente a 280 GWh/año.

Emplazado en la costa de la IV región de Coquimbo, en las cercanías de Tongoy, comuna de Ovalle, el parque tendrá una capacidad instalada de 115 MW, con un total de 44 a 50 generadores eólicos, y significará una inversión de US$270 millones.

Con la entrada en funcionamiento del Parque Eólico El Arrayán, en el ultimo trimestre de 2013, Los Pelambres se transformará en la empresa minera con mayor consumo de ERNC en Chile.

En una visita a la Caleta de Punta de Choros realizó la Directora de Sernatur Región Coquimbo, Adriana Peñafiel, junto a un grupo de profesionales del servicio  con la finalidad de observar en terreno la actividad turística del sector e intercambiar opiniones con los diferentes actores.

En el recorrido se reunieron con Conaf, los dirigentes de la caleta de pescadores y buzos, y se conversó con algunos empresarios de agencia y guías , además de turistas y pescadores que prestan servicio de traslado.

La Directora de Sernatur, Región Coquimbo, Adriana Peñafiel, señaló «intercambiamos opiniones y sugerencias, coordinamos trabajo conjunto y nos preparamos para seguir impulsando este destino como uno  de los atractivos turísticos de la región, para ello se necesitan estándares de calidad y para este efecto, estamos coordinando las futuras capacitaciones que haremos aquí en terreno con  los boteros y pescadores junto a  Conaf y otras instituciones.
Además, hay que ir pensando en la norma que va entrar en vigencia el 2013, que significa ir adecuándose a  los estándares de calidad, que cada día son más exigentes»

Para José Morales, Vicepresidente de la Asociación de Pescadores y Buzosde Punta de Choros comentó, «nuestra gran
ilusión es ir superándonos, empezamos con unos botes de madera saliendo de esta caleta, ahora de una flota de 37 botes, tenemos 35 que son de fibra de vidrio, por eso queremos cada vez ir mejorando y que los 37 botes sean similares en calidad para entregar un mejor servicio a la gente y que el turista se vaya contento»

Los pescadores se manifestaron muy dispuestos a capacitarse y, asimismo la Directora de Sernatur Regional se comprometió a realizar  una serie de capacitaciones que mejoren la calidad del servicio y que los oriente  para la implementación de los estándares de seguridad que establece  la norma NCH3016 y que será necesaria a partir de junio de 2013 para todos los que ofrezcan actividades de turismo aventura.

El programa en la región ya cuenta con 314 beneficiarios que son pequeños productores dedicados al rubro de nogales, uva de mesa, caprinos, apícolas, olivos, pasas  y nuez quienes recibirán apoyo en asesorías, comercialización y transferencia tecnológica de parte de las empresas  ProCarne S.A, Agrovivo S.A, exportadora Valle del Limarí, Valdovinos y Araya Ltda, Cooperativa frutícola Agronuez Choapa,
Valle Grande S.A y Comercial Chau S.A.

Felipe Cruz, Gte. General de Valle Grande (OLAVE), indicó que «nosotros hace algún tiempo atrás estamos apoyando a una comunidad en la zona de Punto de Choro, que produce aceite de oliva y decidimos apadrinarlos y poyarlos en toda la gestión productiva agrícola, y que accedan también a toda la compra de insumos secos a los precios que compramos nosotros, y ahora estamos en la etapa de la comercialización de sus productos con la marca Santo Sazón».

Por su parte, Juan Jorquera, empresa Santo Sazón, de la comuna de la Higuera, manifestó que «nosotros estamos en el programa de las alianzas productivas con el apoyo de Olave, quienes nos han entregado asesoría técnica y por intermedio de Indap, entregándonos lo crediticio que es fundamental para nuestro desarrollo, lo quenosotros apuntamos es a la calidad del producto e insértanos en el mercado nacional y en el futuro exportar».

El Director Nacional de Indap, Ricardo Ariztía, señaló que «en términos generales se está dando a la pequeña agricultura las posibilidades de llegar más cerca del consumidor, y así lo demuestran los resultados que hemos tenido en otras regiones, aquí recién estamos empezando,  la tecnología que les entrega una empresa especializada donde ambos se benefician, el pequeño productor por tener mejores precios y mejor calidad en el producto, y se beneficia el grande por tener más volumen de exportación, yo creo que vamos por el camino correcto, hoy día tenemos 4300 productores  integrados en el sistema y esperamos 6.000 para este año y 10.000 al término de este gobierno».

Para el año 2012 el programa cuenta con un presupuesto de 300 millones de pesos para mantener las alianzas vigentes e impulsar  nuevas
alianzas que permitan aumentar la cantidad de productores beneficiados en la región.

***A nivel regional

Corresponde a un símbolo gráfico, que representa calidad y eficiencia productiva, vinculando a las empresas que lo usan con altos estándares ambientales e innovaciones tecnológicas, que minimizan residuos, cuidan recursos y disminuyen la contaminación.

El Consejo Nacional de Producción Limpia (CPL), comité Corfo, está promoviendo en todo el país el uso del sello «Estrella Azul» como elemento diferenciador en el caso de las empresas e instalaciones que ya se han certificado a través de un Acuerdo de Producción Limpia (APL).

Así lo dio a conocer el secretario ejecutivo regional del CPL, Roberto Rojas, quien destacó la importancia del logo «Estrella Azul, instando a los empresarios locales a que aprovechen los beneficios de este sello distintivo. Su utilización se formaliza mediante la firma de un «Contrato de Licencia de Uso de Marca», que una empresa certificada u otra organización suscribe voluntariamente con el CPL.

En términos prácticos, la aplicación del sello en los productos de una empresa demuestra que ésta cumplió con las metas y acciones determinadas en un APL. Por lo tanto, que va más allá de la normativa vigente, considerando aspectos ambientales. Ello, permite una diferenciación significativa con su competencia.

De esta forma, las empresas que mejoran su gestión ambiental y competitividad, pueden acceder a dicha marca comercial–tras conseguir la certificación de un APL–, la cual es posible exhibir gráfica e internacionalmente.

La utilización del sello es de carácter temporal, mientras esté vigente la certificación del APL. Asimismo, su licencia no es de uso exclusivo, ni tampoco se puede transferir a terceros. En definitiva, este sello pretende aumentar las oportunidades de información en el mercado sobre qué productos y elaboración poseen Producción Limpia.

***Proyecto FONDEF

Iniciativa se desarrollará  durante el  2012, la que pretende repoblar las aguas del río por la sobreexplotación que ha sufrido el camarón de río del norte.

Alrededor de 50 mil juveniles de camarón de río del norte serán liberados durante el transcurso de este año en las aguas del río Choapa, por un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Católica del Norte, que han logrado desarrollar una tecnología que permite cultivarlos en forma artificial.

La finalidad de la iniciativa es repoblar esta zona de la región de Coquimbo, donde este recurso ha sido sobreexplotado. Por ello, ya está programada una primera entrega de 15 mil juveniles para julio de este año, y una segunda, de 35 mil, entre noviembre y febrero de 2013.

Ambas entregas se enmarcan en el proyecto FONDEF D08 I-1104 “Estrategia Pesquero-Acuícola Camarón de Río del Norte”, liderado por la ingeniera en Acuicultura, María Cristina Morales Suazo. Quien expresa su satisfacción por el trabajo que se está realizando en los laboratorios de la Facultad.“Estos futuros repoblamientos de juveniles de camarón son un aporte que la UCN hará a los camaroneros,  pero con la visión de apoyarlos a cuidar y proteger el recurso, además de capacitarlos y vincularlos con la universidad, ya que son socios del proyecto”, precisa la investigadora, destacando que el trabajo irá en directo beneficio de este sector de la comunidad de Illapel.El proyecto, iniciado
en enero de 2010, contempla aportar los antecedentes de base necesarios para  generar un programa de manejo del recurso a nivel de cuenca hidrográfica y su actividad de extracción asociada. La iniciativa es apoyada por  la Subsecretaría de Pesca, el Servicio Nacional de Pesca, la Municipalidad de Illapel y el Sindicato de Camaroneros del Choapa, integrado por  47 socios.

VISITA A LA UCN

Dentro de las actividades programadas por el proyecto, veinte socios pertenecientes al Sindicato de Camaroneros del Choapa visitaron en enero las instalaciones del Laboratorio del Centro de Cultivos de la UCN, para conocer el proceso del cultivo larval del camarón de río del
norte.

La actividad permitió a los trabajadores familiarizarse con la siembra y desarrollo de larvas, alimentación, visualización de las hembras, reproductores y juveniles, manejo del cultivo, mantención de estanques y cambio de agua, entre otros aspectos.

María Cristina Morales manifiesta que el principal propósito de esta visita fue acercar y capacitarlos respecto al cultivo larvario del crustáceo, porque “si bien ellos trabajan con este recurso, tienen un desconocimiento sobre las etapas del proceso de reproducción y crecimiento del camarón, como de la vulnerabilidad de éste”.
Terreno de nadie y falta de normativa

El camarón de río del norte es una especie endémica de importante valor social y comercial;  a partir de su extracción subsiste una gran cantidad de “extractores” artesanales de los principales cursos de agua de la zona centro norte del país.

No obstante, Carmen Álvarez, ingeniera en acuicultura e investigadora del proyecto, precisa que tanto el camarón de río como sus “extractores” están en “una condición de indefinición, porque este crustáceo a pesar que se extrae no está reconocido como un recurso pesquero. Por tanto, los camaroneros no son legalmente extractores ni pescadores artesanales en ninguna categoría”.

Por ello, -explica-este proyecto está asociado con una propuesta de la Subsecretaria de Pesca paratratar toda la normativa del camarón de río, con el fin de superar esta realidad que afecta a los camaroneros.

Asimismo, el camarón  río, al no ser considerado un recurso pesquero, no cuenta con una norma o fiscalización que lo proteja, y puede ser extraído actualmente por cualquier persona.

La ingeniera manifiesta que este proyecto de la UCN pretende mantener y proteger al camarón de río del norte a largo plazo, porque “es un recurso que actualmente está denominado en extinción. “Si los“extractores” siguen sacando el camarón como actualmente se está haciendo, va allegar a un punto que desaparecerá”, enfatiza la investigadora.

Días atrás en la localidades de Gualliguaica, Diaguitas y Vicuña estuvo efectuando intensas filmaciones un equipo productor (dos periodistas, un camarógrafo y un iluminador) de la televisión de Buenos Aires, Argentina, sobre la vida de un hijo de fusilados durante el gobierno militar.

El documental será exhibido en la televisión argentina en un programa que se está preparando en torno a la vida de hijos que tuvieron experiencias críticas relacionadas con dictaduras militares en Latinoamérica. Las filmaciones y entrevistas fueron asesoradas y observadas atentamente por el propio protagonista de la historia quien viajó junto a los productores del documental.

La historia local es la de Ernesto Lejderman Ávalos, quien cuando tenía 3 años fue entregado por militares del Regimiento de Infantería «Arica» de La Serena, a unas religiosasde la capital regional luego que asesinaron a sus padres en los cerros aledaños a Gualliguaica el 8 de diciembre de 1973. Posteriormente fue entregado a su abuela paterna que en ese tiempo vivía en Buenos Aires, Argentina.

Ernesto Lejderman, nació el año 1970 en Santiago, cuando sus padres Bernardo Lejderman, de nacionalidad argentina, y su madre Rosario Ávalos, de nacionalidad mexicana, llegaron a nuestro país en busca de nuevas perspectivas económicas.

En 1972 se establecieron en Diaguitas, junto a la familia de Sergio Majul Álvarez; y cuando ocurrió el golpe militar se fueron a refugiar en un pique minero ubicado en los cerros cercanos a Gualliguaica, donde finalmente fueron asesinados por los militares luego que un taxista los delatara sobre su ubicación. Ernesto Lejderman fue dejado con vida, pero abandonado en el frontis de un convento religioso en La Serena. Hoy tiene 40 años de edad y vive en Buenos Aires, junto a su esposa.
Constantemente viene al Valle de Elqui, especialmente a visitar a los amigos de sus padres, como la viuda de Sergio Majul, Flor Salazar, quien vive en Diaguitas.

Los restos mortales de sus padres permanecieron sepultados varios años en el cementerio municipal de Vicuña, hasta el año 2003 cuando fueron exhumados y trasladados hasta Santiago.

Cabe recordar que esta dramática historia también fue filmada en nuestra comuna por Canal 13, hace cuatro años y fue emitida en un programa especial sobre derechos humanos durante la dictadura militar.

Cabe señalar que el 26 de mayo 2009 la Segunda Sala de la Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por los homicidios calificados de Bernardo Lejderman (argentino) y María del Rosario Ávalos (mexicana), ocurridos el 8 de diciembre de 1973. En fallo dividido (causa rol 696-2008), la Segunda Sala del máximo tribunal del país, integrada por los ministros Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros, Jaime Rodríguez, Carlos Künsemüller y el abogado integrante Domingo Hernández, determinó las siguientes condenas:

Fernando Polanco Gallardo: 5 años y un día de presidio. Sin beneficios.

Héctor Vallejos Birtiola: 5 años y un día de presidio. Sin beneficios.

Luis Fernández Monjes: 5 años y un día de presidio. Sin beneficios.

Ariosto Lapostol Orrego: absuelto por falta de participación.