Marcelo Carrasco, ASOC. NACIONAL DE CONSEJEROS: “Si algún Intendente aplica esa norma, vamos a ir a los Tribunales de Justicia”

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dssdEn entrevista con Semanario Tiempo, líder del gremio de los consejeros regionales y político independiente por la región de La Araucanía sostiene que Contraloría hizo uso excesivo de sus facultades y que pedirá una reconsideración del dictamen que limita estas autoridades en la aprobación de proyectos bajo los $350 millones.
“Primero decir que es una consulta puntual de un asesor político del Gobierno Regional de Magallanes, un señor que nunca se ha caracterizado por buscar valor al Consejo Regional y actúa en valor del Ejecutivo”.
Con estas palabras Marcelo Carrasco, presidente de la Asociación Nacionales de Consejeros Regionales (ANCORE), explica su postura sobre una materia que nació en la región más austral del país y que podría generar un conflicto con los intendentes, luego que la Contraloría General de la República precisara el alcance de una norma –incorporada en la Ley de Fortalecimiento de la Regionalización del País–, y que básicamente restringe la facultad de los consejeros regionales en la aprobación directa de proyectos de inversión social con un monto inferior a los $344 millones.

En ese sentido, alude a que el organismo presidido por Jorge Bermúdez hizo un uso excesivo de sus facultades: “entendiendo que Contraloría no se puede arrojar más facultades que la propia Ley le entrega, como ente que regula y fiscaliza los actos de la administración del Estado. Ellos no tienen más facultades que hoy tiene el Poder Legislativo. Por ello, agrega que entregaron un documento a nivel central que busca una reconsideración al dictamen. Esto debido a que es el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, suscrito con la cartera de Hacienda, quién debe materializar un reglamento que precise el funcionamiento de la normativa, constriñendo alcances y fechas de aplicación, según lo establecido por el Congreso.
“Esta Ley tiene rango constitucional. Por lo tanto, el legislador le encomienda a un órgano del Estado, que no fue precisamente a la Contraloría General de la República, ni al Intendente, ni el Gobernador Regional: Le dice señor Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ustedes para poner en marcha la presente Ley, dictarán los reglamentos respectivos”.

Justamente, Carrasco estima que dichos códigos legales, posteriormente, deben ingresar a toma de razón por parte del organismo contralor, de manera que recién el 2021 sería aplicable.

¿El dictamen sostiene que la norma puede ser aplicada por los Intendentes?
“Tengo mucho respeto por la Contraloría, pero creo que en ese punto pudo haber una desprolijidad porque, claramente, si usted ve la Ley, artículo 78, dice el Gobierno Interior y Seguridad Pública redactarán los reglamentos respectivos. Acá hay normas, el legislador estableció mecanismos de cómo hacer este proceso, fijó criterios y dejó plazos que queremos pujar: que los Gobernadores se elijan. No nos olvidemos que estas leyes son de rango constitucional, por si algún Intendente aplica esa norma, vamos a ir a los Tribunales de Justicia”.

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