Fuerte polémica por norma que impedirá a Consejeros Regionales aprobar proyectos bajo los $350 millones

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Nueva norma en el contexto de los futuros Gobernadores Reginales podría y según interpretación de Contraloría, podría ser aplicada de inmediato si necesidad de reglamenro. Personeros locales de oposición calificaron la medida –concretada durante el gobierno anterior– como “nefasta” y apuntaron sus críticas a parlamentarios.

Consejeros Regionales: Adriana Peñafiel (RN); Javier Vega  (PC); Lidia Zapata (DC); Marco Sulantay (UDI).

Consejeros Regionales: Adriana Peñafiel (RN); Javier Vega (PC); Lidia Zapata (DC); Marco Sulantay (UDI).

Una consulta esgrimida por el Gobierno Regional de Magallanes a la Contraloría de la zona –derivada posteriormente al organismo a nivel central– prendió las alarmas en esa y las otras 14 regiones del país, luego que sometiera a juicio del ente contralor la facultad que, tradicionalmente, poseen los consejeros regionales en la aprobación de proyectos o iniciativas públicas de inversión.

La inquietud apunta a la asignación de fondos para proyectos bajo las 7.000 UTM (unos $344 millones), conforme a lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley 19.175, incorporado en la Ley de Fortalecimiento de la Regionalización del País, que expresa que corresponderá al gobernador regional asignar tales dineros a iniciativas, así como a estudios preinversionales o diseños que den origen a dichos proyectos. Ello debe ir aparejado a la elaboración de un reglamento que fije el procedimiento, el que será dictado por el Ministerio del Interior, y suscrito por Hacienda.
Incluso, el dictamen del Contralor General Jorge Bermúdez sostiene que consultada a la Dirección de Presupuestos (DIPRES), la normativa contiene elementos suficientes para su aplicación inmediata, sin necesidad de reglamento. Es más, agrega el informe que mientras no asuma el gobernador regional, “las normas legales que hagan referencia a esas autoridades se entenderán referidas al Intendente, en su calidad de órgano ejecutivo de los gobiernos regionales”.

Reacciones
La Ley 20.074 de Fortalecimiento de la Regionalización del País marcó un hito en la descentralización, pues introdujo la elección de gobernadores regionales a partir de este año –hoy en duda por sectores del oficialismo– y creó una nueva institucionalidad. La norma fue promulgada durante el gobierno anterior de Michelle Bachelet.

Para el Consejero del Partido Comunista, Javier Vega, si bien es la norma ya fue aprobada, “es nefasto las atribuciones que perdemos porque somos representantes ciudadanos (…) Teníamos una incidencia en determinar cuáles eran los fondos concursables que se iban a elegir, lo que excluye la opinión de los consejeros e implica que estemos haciendo un saludo a la bandera cada vez que nos presentamos en el consejo”, precisa. Vega cree además que en el caso que una inversión de un proyecto alcance los $1.000 millones y su ejecución fuese parcelada en uno o más años, los consejeros regionales tampoco podrían tener incidencia.

Lidia Zapata, consejera regional de la Democracia Cristiana y representante del cuerpo colegiado local ante la Asociación de Consejeros Regionales (ANCORE), apunta a que los parlamentarios no deseaban seguir entregando esas facultades que eran propias de los consejeros y ahora son del Ejecutivo: “Políticamente, mi opinión es que ahí estaba el interés de los parlamentarios. El hecho que los consejeros regionales fuesen sombra para futuras candidaturas, veían que estábamos más posicionados en la comunidad que los mismos parlamentarios”, dice.
“Ellos (parlamentarios) como aprueban glosas, presupuestos y marcos generales, llevaron a que el consejo regional también hiciera lo mismo”, dispara. En ese sentido, agrega, que el Ejecutivo tuvo presiones del Congreso para concretar y materializar la iniciativa legal.

En esa misma línea, el consejero Vega coincide que los parlamentarios incidieron sin hacer consultas previas con los consejeros regionales. Ambas autoridades concuerdan que entre las principales iniciativas que van a verse afectadas de su aprobación, son aquellas a los fondos concursables, particularmente

Matices
El consejero regional de la UDI, Marco Sulantay, mantiene que la aplicación del marco legal podría tener matices que dependerán de la relación entre los consejeros regionales y el Ejecutivo. “Esta normativa no debiese generar ningún tipo de problema, porque todas las iniciativas que vienen al Consejo, sean inferiores o superiores a 7.000 UTM, es espíritu es que siempre exista una buena comunicación, y no se ha visto ninguna iniciativa del Ejecutivo que venga a imponerse al Consejo”, sentencia.

El presidente de ANCORE, Marcelo Carrasco, anunció que presentaron una reconsideración al ente contralor por el presente dictamen, aludiendo que la Contraloría no puede “arrogarse” más atribuciones que la Ley le confiere, y apeló a que se espere la elaboración del reglamento de la norma (ver nota relacionada)
Adriana Peñafiel, presidenta Consejo Regional de Coquimbo, cuenta que si bien están al tanto del dictamen, aún no han sido notificados y que están a la espera de la postura que fije ANCORE. “El argumento es que el reglamento no se ha dictado, por lo tanto, para nosotros se sigue el procedimiento tal cual ha sido hasta ahora, concluye.

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