ANEF en alerta: Difunde instructivo ante desvinculaciones del sector público

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anefLa Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) por estos días se encuentra en alerta por los ya anunciados despidos en el sector público y los que podrían venir más adelante, considerando que este viernes 30 de noviembre, deberían ser notificados los trabajadores en calidad de contrata y honorarios que no seguirían en las distintas reparticiones.
La última situación de despidos fue el pasado miércoles en la Secretaria Regional Ministerial de Educación (Secreduc), en donde once funcionarios fueron notificados que no seguían, situación que se suma a los despidos en Indap y Fosis.
Producto de los despidos en Secreduc, Luz Cabrera, presidenta regional de La Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (ANDIME), confirmó que se encuentran en paro.
“Nosotros estamos en paro por las desvinculaciones de once funcionarios hasta ahora, no tenemos claro si después hay más despedidos, porque el miércoles ocurrió desde las 3:30 lo que nosotros llamamos ‘La Operación Cubillos’ donde todos los seremis empezaron a notificar los despidos que comprende el 10% de cada repartición” señaló la dirigente.
Además Luz Cabrera comentó la seremi (s) Ianina Erazo Tapia se reunió con los dirigentes para informar de los despidos, “los argumentos no son técnicos, no relacionados con el servicio, más bien tiene que ver con rumores y comentarios, que no son válidos para tomar esa decisión” agregó. “De acuerdo al instructivo que entregó el Ministerio de Hacienda estas personas no podrían ser despedidas porque todas están bien calificadas y además no hay cierre de programas, que son las dos razones que señala el ministro que son las dos causales de no renovación de contrato” sostuvo Cabrera.

El instructivo
Principalmente por correo electrónico, la ANEF empezó a difundir un instructivo para trabajadores en calidad de contrata y honorarios en casos que sean desvinculados, “todo despido de un funcionario a contrata debe ser formalizada, por medio de un acto administrativo, que señale los preceptos legales y fundamentos, antecedentes y/o motivos de hecho en los cuales se funda” señala el citado manual.
Además, enfatiza en que “el funcionario nunca puede sentirse obligado a presentar su renuncia, ni aún a requerimiento expreso de alguna autoridad. Por el contrario, corresponde a la autoridad determinar el despido por la vía formal”.
Consultada a Clara Olivares, presidenta regional de la ANEF, respecto al instructivo, señaló que “lo entregamos a todos los funcionarios, es una minuta en donde se establecen los pasos a seguir en caso de ser despedido o notificados”.
“El objetivo es aclarar cuáles son los pasos tanto funcionarios como legales, entonces es agotar primero las instancias administrativas y gremiales y luego en el plazo de una semana, demandar al gobierno, con un recurso de protección” agregó Olivares.

¿Qué dice jurisprudencia?
El abogado Jorge Villar, quien también es el secretario de la nueva directiva regional de Renovación Nacional (RN), comentó que “el instructivo se trata de un documento donde señala una serie de pasos para defender administrativa o judicialmente los casos en que el trabajador pudiera considerar que su despido no ha sido ajustado a derecho”.
“Estamos precisamente en una sociedad donde prima el principio del Estado de derecho, entonces cualquier trabajador que pueda sentirse vulnerado está en todo su derecho para presentar los reclamos administrativos o judiciales que correspondan, la ANEF está cumpliendo con su rol como asociación de funcionarios” agregó Villar.
Respecto de los eventuales despidos, el jurista sostuvo que “hay que tener claro la autoridad está en su derecho de poder trabajar con las personas que sean de su confianza, aquí hay que hacer necesariamente una diferencia entre aquellos que son funcionarios de carrera y aquellos que han ingresado sobre la base de cuotas políticas o de cargos de confianza”.

Por su parte el abogado Renán Álvarez señaló que “lo que está sucediendo actualmente, y sobre todo lo que ha sido el último oficio de Hacienda en relación al despido de empleados públicos, es algo que tiene que ver con un contexto anterior, no es proprio de la actual administración porque ya hay al respecto dictámenes de la Contraloría”.
“Este dictamen del año 2016 de la Contraloría plantea que los trabajadores públicos en este país obtienen lo que se denomina confianza legítima de ser recontratados, además, es algo de larga data porque estaba consagrado en la Constitución Política del Estado” agregó Álvarez.
Además, el abogado enfatizó en que “más allá de los dictámenes de Contraloría, los tribunales de justicia están fallando conforme a derecho acogiendo demandas laborales, estamos en otro contexto de lo que se consideraba hacer 5 o 6 años atrás, en el cual los funcionarios públicos y sobre todo los contrata se decía que cuando eran despedidos no tenían derecho a nada y no es así”.

Lombardo Toledo: “no es normal”
El consejero regional Lombardo Toledo quiso entregar su posición respecto a los despidos en el sector público en donde cuenta con una dilatada experiencia como director de servicios y concejal de La Serena y comentó que “no es normal, he sabido que otros funcionarios públicos también están a punto de ser despedidos y es el momento oportuno de decirle a la autoridad, porque escuché al presidente de la república en un su primer discurso que no iba a perseguir políticamente a nadie”.
“La evaluación, desde mi punto de vista y de acuerdo a los antecedentes, la mayoría de los funcionarios están muy bien evaluados, sé de casos concretos del Fosis, en el caso de Indap, requiere de sus funcionarios despedidos, porque el gobierno regional tiene apostados una inversión de más de 2 mil millones de pesos para 2 mil usuarios de Indap, un momento en que precisamente el campo de la región de Coquimbo está carenciado de agua y por las características de la agricultura caprina, ameritan que el Estado a través de esos organismos lleguen con agilidad” agregó.
Respecto de los motivos de los despidos, Toledo sostuvo que “son por causas políticas para meter a otras personas, no hay justificación, si hay evaluaciones cómo es posible que no se hayan dado cuenta que un funcionario durante 6 años no era eficiente. Incluso en algunos otros casos son 7 u 8 años de carrera”.

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