A PROPÓSITO DEL CASO ANDES IRON: ¿Existe la necesidad de la elaboración de una guía metodológica de línea base para el medio marino?

Publicado bajo: Minería y Energía |

– En las 40 hojas en donde el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta dio las razones de porque acogió el recurso de reclamación interpuesto por Andes Iron, además, realizó sugerencias para la protección del medio ambiente.
– Una de ellas hace referencia a la creación de un documento que sirva como línea base y
en otra hace notar la eventual contienda o falta de claridad de competencias entre órganos del Estado para pronunciarse en materias del medio marino.
– Peticiones que también hacen surgir la interrogante respecto a si la regulación existente en Chile es suficiente para la conservación de la flora y fauna marina. Para aclarar estas incognitas, Semanario Tiempo, conversó con la abogada experta en esta temática y asesora jurídica de Modema, Alejandra Donoso.

energiaTras cinco meses, el pasado viernes 27 de abril, el Primer Tribunal Ambiental (1TA) de Antofagasta dio a conocer que acogió favorablemente el recurso de reclamación interpuesto por la empresa operadora de Dominga, Andes Iron en contra del rechazo del proyecto minero portuario por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) y del Comité de Ministros. Pero, además de la sentencia del caso, en las 40 páginas que entregó la instancia jurídico-ambiental para justificar su decisión, realizó tres sugerencias (poco habituales en este tipo de procesos) que tienen como objetivo “la mejor protección del bien jurídico ambiental”, según se indicó en el documento.
En la primera indicación, el 1TA señaló la necesidad de contar con una guía metodológica de línea base para el medio marino, en tanto, en la tercera proposición hace notar la eventual contienda o falta de claridad de competencias entre órganos del Estado para pronunciarse en materias ambientales del maritorio. Sugerencias que abren interrogantes respecto a herramientas administrativas que orienten acerca de la evaluación ambiental, además, de la clarificación de las competencias de distintas entidades en cuanto a la flora y fauna marina, asimismo, se abre otra incógnita y esta hace referencia  a si la regulación actual en este ámbito es suficiente.
“Son múltiples las variables que no cuentan con guías metodológicas para la identificación de impactos y la determinación de medidas de mitigación, compensación y reparación idóneas. En este sentido, la dictación de este tipo de instrumentos es una mejora al sistema, de lo cual se ha encargado la institucionalidad ambiental paulatinamente durante su existencia”, afirmó a Semanario Tiempo, Alejandra Donoso, abogada experta en temáticas medioambientales y asesora jurídica del Movimiento de Defensa del Medio Ambiente (Modema).
La jurista agregó que, sin embargo, la carencia de estas herramientas no puede ser impedimento para la determinación y evaluación de dichos impactos.
“La falta de una guía metodológica no puede ser justificación para dejar sin identificar ni evaluar impactos significativos (y en consecuencia, medidas de mitigación, compensación o reparación idóneas asociadas). Es un argumento que no resiste ningún tipo de análisis, precisamente por la gran cantidad de variables que no cuentan con guía metodológica que, llevando el argumento al extremo, quedarían sin evaluación. El mandato de la institucionalidad ambiental, desde el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y los organismos con competencia ambiental, pasando por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y los tribunales ambientales; es la protección del Medio Ambiente y ese mandato se debe llevar a cabo con las herramientas jurídicas existentes, sin perjuicio de la necesidad de mejora constante, propia de la evolución jurídica en cualquier sociedad”, agregó.
No obstante, afirmó que, en el contexto de la necesidad invariable del fortalecimiento de la institucionalidad medio ambiental y de las herramientas jurídicas y metodológicas de identificación de impactos significativos y determinación de medidas de mitigación, compensación y reparación idóneas, “la elaboración de una guía metodológica de línea de base para el medio marino sería un avance en este sentido, siendo de vital importancia que esta se genere a través de equipos multidisciplinarios, herramientas de gestión, diseño y ejecución que involucren la mayor cantidad de variables socio-eco-ambientales para poder así establecer indicadores que se ajusten a revelar los impactos reales de las diferentes actividades productivas que se desarrollan en el maritorio”.
En tanto, respecto a si existe una falta de claridad respecto a las competencias que posee el Estado para pronunciarse en materias medioambientales marinas, Donoso manifestó que “es posible que la autoridad se confunda cuando desconoce la completitud y complejidad de la regulación ambiental, que tiene diversos cuerpos normativos, algunos centralizados, orgánicos y otros sectoriales”.
Pese a ello, añadió, que la normativa actual es clara en indicar que atribuciones tiene cada órgano con competencia ambiental.
Asimismo, manifestó que en el maritorio existen diversas competencias que apuntan a objetivos diferentes, empero, ninguna de estas puede ser un obstáculo para que la institucional ambiental se pronuncie acerca de los impactos y medidas vinculadas a la afectación y necesidad de protección del Medio Ambiente.

¿La actual regulación es suficiente para la conservación de la flora y
fauna marina que hay en Chile?
Ante estas sugerencias que hizo el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, se forma la incógnita respecto a si en nuestro país existe una regulación que permita la correcta preservación de la flora y fauna marina.
Respecto a esta interrogante, la asesora jurídica de Modema aseveró que “si bien no existe un instrumento que aborde todas las variables que se conjugan en el maritorio, lo cierto es que la ley sí contempla los contenidos mínimos en los estudios de impacto ambiental…la ciencia y el avance tecnológico han llegado a un punto en que es posible cumplir estándares mínimos de cuidado y conservación de la flora y fauna marina en los instrumentos de gestión ambiental. Si bien las herramientas administrativas regulan parcialidades, el espíritu de la legislación ambiental no es otro que la protección del Medio Ambiente y ordena interpretar el ordenamiento jurídico ambiental en esa línea”.

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