Caso Dominga: ¿subirá o no subirá a la Corte Suprema?

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corte domingaJurídicamente no estaría del todo claro si es que las organizaciones ambientalistas estarían habilitadas para recurrir ante la Corte Suprema por el fallo del Tribunal Ambiental por el caso Dominga. En principio sólo las partes del juicio podrían hacerlo, es decir el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la empresa Andes Iron. Y, en todo caso, si recurren los terceros coadyuvantes, tendrían que señalar el agravio  o perjuicio que les produce el fallo, como requisito del recurso.
La importancia práctica de esta posibilidad  radica en los plazos, puesto que si el máximo tribunal del país acoge el recurso a tramitación (que según ha señalado la ONG Oceana será presentado en los próximos días), la votación regional  para volver a calificar el proyecto podría atrasarse hasta un año más, si consideramos la resolución de Cruz Grande que demoró ocho meses. En cambio, si la corte declara no admisible a tramitación este recurso, la votación local podría darse mucho antes, incluso en dos meses más.
La minera tiene su posición clara y obviamente no acudirá a la Suprema porque el tribunal accedió completamente a lo que estaban solicitando en la reclamación.
Por su parte el SEA, representado en este caso por la ministra del medio ambiente, Marcela Cubillos, rechazó cualquier tipo de intervención del gobierno ante la Corte Suprema mediante un recurso de casación.
“No seremos continuadores de una actuación que un tribunal calificó de ilegal e inconstitucional. El tribunal ambiental ha señalado a través de una sentencia que la actuación de la Comisión de Evaluación y del Comité de Ministros, durante el gobierno anterior, no se ajustó a la ley y se infringieron, además, garantías constitucionales como la igualdad ante la ley y el debido proceso. Esas no son objeciones de forma, sino de fondo” señaló la ministra.
Para Cubillos, la casación no es una instancia más, “es un recurso extraordinario que se interpone cuando es ilegal un fallo. Aquí lo legal, de acuerdo a la sentencia, fue el actuar del Comité de Ministros durante el gobierno anterior. Lo que nos toca hoy, como gobierno, es repetir el procedimiento conforme a derecho. Y durante ese proceso se podrá rechazar, aprobar o imponer nuevas condiciones al proyecto Dominga” explicó.
El abogado Raúl Pelen, cercano al juicio de Dominga, le quitó el piso a la opción de las terceras partes. “En un proceso normal el tercer coadyuvante no tiene la capacidad para presentar un recurso, en el tema medio ambiental, como es un bien protegido con otras características, el tema ha sido más discutible. Creo que lo va a zanjar ahora la Suprema”.
Además, el jurista es categórico en señalar que votación regional fue ilegal, “no solamente fue ilegal la votación de los seremis sino que también del intendente, y eso no solo lo dice el tribunal sino que lo había dicho la resolución del Comité de Ministros, que claramente señala que el único voto legal y fundamentando fue el del seremi de Agricultura basado en lo que le dice Conaf, todos los otros votos de rechazo incluyendo el del intendente los estima sin fundamento y por lo tanto ilegales” concluyó.

ABOGADOS AMBIENTALISTAS
Alejandra Donoso, quien es la asesora legal de Movimiento de Defensa del Medio Ambiente de La Higuera (Modema), contraria a la visión de Pelen, comentó que “ante el contenido de la sentencia del Primer Tribunal Ambiental por el caso Dominga, se vuelve procedente su impugnación por la vía del recurso de casación, la sentencia omite pronunciarse sobre las materias medio ambientales que son aquellas que revisten de algún sentido la conformación del Tribunal Ambiental, su grado de especialidad y por otra parte no se entienden las diligencias probatorias que el tribunal ordenó en su momento como la inspección personal de los miembros y respecto a eso no se pronunció en la sentencia que dictó por lo tanto la sentencia tiene vicios, no es conforme a derecho según nuestro punto de vista y por lo tanto vamos a ir a la Corte Suprema para casar la sentencia conforme a derecho”.
Según la abogada, “la ley nos otorga el derecho de recurrir contra la sentencia, en la medida en que se cumplan los requisitos para presentar en recurso de casación, que en este caso si se cumplen, no hay discusión  en torno a si terceros están o no, hay discusiones que se han dado por otros temas, pero la verdad es que llama la atención esta duda que se ha generado al derecho que tenemos los terceros a recurrir en la sentencia cuando hasta ahora la jurisprudencia ha sido consistente, ni siquiera en ponerlo en duda, lo que corresponde es que el Servicio de Evaluación Ambiental en calidad de reclamado y ante una sentencia que le es desfavorable ejerza el derecho que le corresponde en su rol de parte del poder Ejecutivo y de la administración del Estado de impugnar una sentencia que es desfavorable para los intereses de la administración y de la comunidad en general”.
La agrupación medio ambiental Oceana fue una de las primeras, incluso antes que se diera a conocer el fallo, en señalar que si no era favorable interpondrían un recurso en la Corte Suprema, ante esto Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de la entidad, señaló que “presentaremos un recurso de casación ante la Corte Suprema para que anule el fallo del Tribunal Ambiental el cual no se pronunció sobre las falencias técnicas del proyecto, es decir, no revisó el fondo, teniendo la facultad para hacerlo y decidió retrotraer el proceso de evaluación por razones procedimentales. Asimismo, esperamos que el Comité de Ministros, representado por el Servicio de Evaluación Ambiental, también haga lo mismo y pida anular el fallo que declaró ilegal lo que ellos habían resuelto”.
“No sabemos qué día exactamente se presentará el recurso, pero tiene que ser antes de que se cumplan 15 días desde el fallo” agregaron desde Oceana.
Consultados sobre en qué basaban su posición para poder actuar y acudir a la Corte Suprema, señalaron que el Código de Procedimiento Civil “estaba todo”.
Revisado el citado cuerpo legal en su artículo 16 señala que “cualquiera de las partes representadas por el procurador común que no se conforme con el procedimiento adoptado por él, podrá separadamente hacer las alegaciones y rendir las pruebas que estime conducentes, pero sin entorpecer la marcha regular del juicio y usando los mismos plazos concedidos al procurador común. Podrá, asimismo, solicitar dichos plazos o su ampliación, o interponer los recursos a que haya lugar, tanto sobre las resoluciones que recaigan en estas solicitudes, como sobre cualquiera sentencia interlocutoria o definitiva”.
Además, el artículo 23 detalle que “los que, sin ser partes directas en el juicio, tengan interés actual en sus resultados, podrán en cualquier estado de él intervenir como coadyuvantes, y tendrán en tal caso los mismos derechos que concede el artículo 16 a cada una de las partes representadas por un procurador común, continuando el juicio en el estado en que se encuentre”.
Posiciones las hay en favor y en contra, las partes involucradas están claras y por lo pronto, falta ver cuando presentarán el recurso de casación y quedará en manos de la Corte Suprema si declara la admisibilidad en un nuevo capítulo de esta larga historia.

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