Dominga: abogados piden dejar “sin efecto” llamado a conciliación

Publicado bajo: Minería y Energía |

Juristas representantes de distintas organizaciones y “personas naturales” contrarias al proyecto minero-portuario presentaron recursos de reposición ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, solicitando que el proceso propuesto por la misma instancia jurídico-ambiental no se lleve a cabo o que se aclaren las condiciones en la que se podría llegar a un acuerdo entre los reclamantes y reclamados. 

El próximo 14 de marzo, comenzará el proceso de conciliación entre Andes Iron, empresa encargada de la operación del proyecto Dominga y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Instancia en la que participarán además, como “terceros coadyudantes”, abogados representantes de diversas organizaciones de protección del medio ambiente y de “personas naturales”, que también se oponen a la iniciativa minero-portuaria, los cuales ingresaron al Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, recursos de reposición con duras aseveraciones respecto a la decisión tomada por la institución jurídica-ambiental.
En las acciones presentadas entre el 15 y 19 febrero pasado, los juristas Diego Lillo, Javiera Calisto, Ezio Costa, Juan Pablo Sanguinetti, Alejandra Donoso y Juan Pablo Escudero; esgrimen que la conciliación propuesta por el Tribunal Ambiental no es admisible en instancias como estas, que no se solicitó la aprobación de ellos para el proceso y que se realizó unilateralmente, entre otros argumentos y que por tanto, se debería dejar “sin efecto” la instancia de marzo.

Con fecha 17 de febrero, Diego Lillo, abogado representante de la Asociación Gremial de Pescadores Mariscadores de Los Choros, aseveró en el recurso de reposición presentado ante la institución jurídico-ambiental que esta ha tenido una “intención de llamar a conciliación ha sido constante (…) y existía incluso antes de escuchar alegatos. Ello ha implicado que, al contrario de lo que señala la resolución recurrida, las partes no han acogido el llamado a conciliación sino que solamente fueron informadas de este como gestión unilateral del tribunal”.
Ante lo cual Lillo se opone al llamado a conciliación, ya que esta causa ”no es una cuyo objeto litigoso sea disponible por las paartes” en referencia a la legalidad de un acto administrativo y el medio ambiente.
Otro aspecto interesante de este escrito es que Que durante la inspección personal del tribunal los Ilustres Ministros que asistieron a la gestión no sólo pudieron revisar en terreno algunos de los aspectos controvertidos del caso, sino que directa-mente, formularon en diversas ocasiones consultas al reclamante y titular del proyecto que consistían en la posibilidad de establecer mejoras al proyecto, cuestión que no tiene que ver con el asunto principal de autos, el cual se refiere exclusivamente a la legalidad de la decisión de rechazo adoptada por el Comité de Ministros.

En tanto, Javiera Calisto, representando a Javiera Espinoza, indicó en la acción desplegada que: “El juez llamará a las partes a conciliación, en aquellos juicios en que legalmente sea admisible la transacción (…) la doctrina es conteste en señalar que la conciliación no es admisible en aquellos juicios en que se encuentran comprometidas normas de orden público (…) precisamente, la regulación ambiental y específicamente las normas que regulan el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, son de orden público, porque hay un interés social de por medio, tanto de igualdad como de protección del medio ambiente”
“Es por esto, que todo cambio en el proyecto que pudiese acordarse requiere necesariamente de la evaluación ambiental del mismo, conforme a los requisitos contenidos en la Ley 19.300 y el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, agregó el recurso de reposición.
Por último, manifestó que, conforme a los argumentos dados por “este Ilustre Tribunal, que deje sin efecto el llamado a conciliación y derechamente cite a las partes a oír sentencia”.

Por su parte y en representación de uno de los organismos medioambientales que más férrea oposición ha dado al proyecto Dominga; la ONG Oceana, Ezio Costa afirmó que “el acuerdo de conciliación que se pudiese alcanzar debe de ser de carácter total, tanto respecto de las partes intervinientes como de las materias en el planteadas”.
“Conforme a lo anterior, solicito a este Ilustre Tribunal, que modifique la resolución que por este acto se repone, y que se indique que el proceso de conciliación convocado (…) podrá terminar en acuerdo, exclusivamente en caso de que estén todas las partes intervinientes (…) conformes con la totalidad de su contenido”, finalizó.

Mientras que Juan Pablo Sanguinetti, abogado representante de Cristóbal Díaz de Valdés, fue más allá y aseguró de manera enfática que la reunión sostenida por los jueces del Primer Tribunal Ambiental, además, de reclamantes y reclamados, fue “referida a informar a los abogados sobre una idea ‘sui generis’ respecto de que el Ilustre Tribunal (…) propusiera bases de arreglo. Debo aclarar que el Ilustre Tribunal invitó a conocer su propuesta sobre bases para un posible arreglo. Pero en ningún caso solicitó aprobación a los abogados a si estaban de acuerdo en un proceso de conciliación”.
Añadió en su escrito que “un proceso de conciliación es improcedente para el caso de autos, además al no haber sido expresamente consultado, se tradujo en la indefensión de aquellas partes que consideramos improcedente un proceso de conciliación”.

Siguiendo la misma línea y representando a una “tercera independiente”, Alejandra Donoso afirmó en su recurso de reposición presentado ante el Primer Tribunal Ambiental de la Antofagasta que: “Como bien sabemos, la Ley N°20.600 no contempla la conciliación como etapa procesal en las reclamaciones, a diferencia de lo que ocurre en las demandas por daño ambiental. Esto se debe a que la discusión en ambos procedimientos es radicalmente diferente (…) el proceso de reclamación, de naturaleza contencioso administrativa, donde lo que está en disputa es la legalidad del acto recurrido, por una parte; y el de daño ambiental, por otra”.
Por tanto, la jurista solicita que se precise que la apertura del procedimiento de conciliación deberá tener la condición de que el acuerdo sea total, es decir, suscrito por todas las partes intervinientes en la reclamación.

Por último, Juan Pablo Escudero, manifestó que “se deje sin efecto el llamado a conciliación”, debido a la actuación de los órganos recurridos en el litigio de reclamación se apegó a derecho. “El Proyecto Dominga fue rechazado por deficiencias en su evaluación ambiental, la cual, a juicio del Comité de Ministros no se ajustó a derecho”.
“Así, a menos que volvieran a evaluarse los aspectos que motivaron el rechazo del Estudio de Impacto Ambiental, el Servicio de Evaluación Ambiental no podría válidamente emitir una opinión diversa a la que ha sostenido (…) el presente proceso judicial no es una nueva instancia de evaluación ambiental, por lo que no podrían corregirse en esta instancia los aspectos que motivaron el rechazo del proyecto”, terminó la iniciativa judicial.
Respuesta del Primer Tribunal Ambiental

Ante los seis recursos de reposición presentados, la instancia jurídica ambiental con sede en la ciudad de Antofagasta, indicó escuetamente que “atendiendo al estado procesal de la causa, estese a lo que se resolverá en su oportunidad”.
La resolución dictada con fecha 19 de febrero lleva la firma del ministro tramitador, Mauricio Oviedo Gutiérrez.

Compártenos en las redes

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *