«Reforma al Código de Aguas está planteada completamente en forma ideológica»

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Esta semana el Ejecutivo anunció, a través del Ministro de Agricultura, Carlos Furche, que le quitaría “emergencia” al proyecto en su discusión en el parlamento. Sin embargo, las modificaciones que se le quieren hacer a la norma que regula el uso del recurso hídrico en Chile, siguen causando preocupación especialmente entre los agricultores. El experto en esta temática, Roberto Vega, se refirió a los cambios más polémicos que se le quieren hacer al código vigente desde el Gobierno Militar.

Compuertas junta vigilancia, agua de canal de riego.

Compuertas junta vigilancia, agua de canal de riego.

No cabe duda de que la reforma al Código de Aguas vigente desde el año 1981, ha suscitado gran polémica. En el 2011, se presentó en la Cámara de Diputados una moción parlamentaria que buscaba su modificación, la que posteriormente fue apoyada por un proyecto presentado por la Presidenta Michelle Bachelet en 2014. Desde ese momento se encendieron las alertas en los rubros de Minería, Agricultura y Energía; a causa de que, según el Gobierno, el actual código les otorgó un dominio absoluto del recurso hídrico a los privados, además, de que este se encuentra focalizado en el uso productivo de las aguas.
En tanto, integrantes de estos tres sectores productivos, especialmente los agricultores, han calificado la reforma como “expropiatoria” e “inconstitucional” y han focalizado su discrepancia en cuatro ejes fundamentales: la caducidad de derechos de agua cuando no se usen, los breves plazos para regularizar estos mismos derechos con posterioridad a la promulgación de la ley que propone la reforma, además, de la temporalidad del derecho de las aguas y por último, el de uso, goce y disposición dejando solo el uso y goce, lo que eliminaría la opción de venderlos, arrendarlos, hipotecarlos o heredarlos, con lo que supuestamente se afectaría su patrimonio y capacidad crediticia con las instituciones bancarias.
A estas modificaciones se refirió el Abogado, Vicepresidente de la Junta de Vigilancia del Río Grande y Limarí y sus afluentes, además, de Subdirector del Sistema Paloma, ex Director de la Sociedad Agrícola del Norte (SAN), experto en derechos de aguas y candidato a Diputado por Chile Vamos: Roberto Vega.
“Es una reforma planteada completamente en forma ideológica. O sea, aquí se planteó desde la ‘guata’ de algunos legisladores, lo digo con esas palabras y al parecer no desde la cabeza de ellos. Porque acá no buscamos solucionar un tema, simplemente hicimos un discurso, tal como lo hizo el Diputado Daniel Núñez diciendo que ‘el agua vuelve para los chilenos’; pero sucede que el agua siempre ha sido de los chilenos”, aseguró
De acuerdo a la modificación que se le planea hacer a la norma, en el caso de la caducidad por no uso del agua, en los Derechos de Aprovechamiento de Aguas Consuntivos, es decir aquellos donde el agua no es devuelta a su cauce de origen, estos finalizarán en un plazo de cuatro años desde su otorgamiento. Mientras que en los no consuntivos o los que devuelven el agua al río, lo harán en un plazo de 8 años. Para evitar esta extinción, “se acreditará” el uso del recurso hídrico a través de la construcción de obras que demuestren que se está utilizando el vital elemento, tales como compuertas u otra infraestructura y la restitución al curso desde donde fueron extraídas, situación esta última en el caso de los derechos de agua no consuntivos.
Los plazos de no uso de las aguas regirán desde el uno de enero del año siguiente al de la fecha de publicación de la ley y para el caso de derechos reconocidos o constituidos con posterioridad a esa fecha, los períodos se calcularán desde su constitución o reconocimiento.
También, causa discordancia los plazos para regularizar los derechos de aguas con posterioridad a la puesta en marcha de la ley, en esta situación se propone un plazo de un año y medio (18 meses) a 3 años para la regularización de derechos de agua o esos haberes pasarán a manos del Estado. Para Vega este es un tema importante y aseveró que “el problema acá es que los derechos que no se encuentran inscritos van a caducar. Y ¿En manos de quién están esos derechos administrativos? Principalmente en pequeños agricultores (…) esto los afecta directamente, porque los grandes y medianos agricultores ya los tienen completamente inscritos. Porque ninguna empresa grande compra un derecho que no esté inscrito”.
En tanto, la temporalidad hace referencia a que los derechos de aguas que poseían los agricultores eran de carácter perpetuo, sin embargo, tras la propuesta gubernamental, se pretende que la constitución de nuevos derechos, es decir aquellos reconocidos tras la entrada en vigencia de la ley, posean una extensión limitada a un máximo de 30 años, siempre prorrogables, salvo que la Dirección General de Aguas (DGA) certifique el no uso efectivo del vital elemento, caso en el que operarán las causales de caducidad señaladas anteriormente. “Lo único que se está haciendo en este ámbito es meter incertidumbre dentro de los derechos de aprovechamiento de aguas ¿Por qué? Porque ahora, lo que dice la administración es que estos derechos van a ser para los derechos futuros, pero sucede que en esta zona no hay más derechos que otorgar”, afirmó Vega.

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