Contraloría: responsabilidades por faltas técnicas en consistorial de Coquimbo están “prescritas”

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Modificaciones al proyecto por actualizaciones a la normativa obligaron a desembolsar más de $3.000 millones adicionales al presupuesto original y retrasaron su edificación.

El miércoles pasado, autoridades comunales y de Gobierno, junto a los principales ejecutivos de Sacyr, anunciaron el acuerdo para volver a los trabajos en el abandonado edificio consistorial de Coquimbo.
En síntesis, el pacto involucró dos etapas. La primera consistirá en que la empresa seguirá con las faenas en su obra gruesa, los revestimientos exteriores, además del muro de cortina, lo que permitirá adicionar un 30% más a la iniciativa que actualmente está a medio construir.
Paralelamente, los abogados del municipio y Sacyr negociarán si la firma concretará la implementación final del proyecto. Dicho convenio sería el mejor escenario, ya que de no prosperar, el proyecto se podría dilatar con una nueva licitación, de acuerdo a lo manifestado por el alcalde, Marcelo Pereira.
Y es que la obra está sin avances desde febrero del 2017. Esto según consta en los resultados entregados en Investigación Especial N° 668 que realizó la Contraloría General de La República, motivada para esclarecer las causas de la paralización del inmueble y las responsabilidades por los incumplimientos al contrato y sus modificaciones.

Culpas “prescritas”
Contraloría instó a la municipalidad de Coquimbo a tomar las acciones administrativas pertinentes, debiendo informar en un plazo máximo de 30 días hábiles, incluida la documentación de respaldo, por una serie de incumplimientos por la presentación de obras no ajustadas a la normativa vigente, tanto en pilotes, estructura metálica y arquitectura, los que fueron recepcionadas por el contratista cuando la obra ya estaba en plena ejecución.
Y es que en el proceso licitatorio de noviembre de 2012, no se incluyó la última versión de las especificaciones técnicas de arquitectura. Dichas indefiniciones, sostiene Contraloría, incidieron no solo en las valorizaciones de las partidas afectadas, sino que también sería una de las causas basales de la posterior paralización del inmueble.
Pese a ello, el servicio solo recomendó a la entidad municipal a “velar” en futuras licitaciones para que los proyectos sean coherentes y agregó que al ser hechos que datan de hace 5 años atrás, la responsabilidades administrativas se encuentran “prescritas”.

Gastos extras
El texto del organismo contralor fue entregado al alcalde Pereira el 15 de septiembre del presente ejercicio y de la revisión realizada, se detectó que esos incumplimientos dieron paso a una modificación del contrato, estipulado con fecha 10 de febrero de 2016.
Los aumentos de obras, disminuciones, obras extraordinarias y extensión de plazos asociados a tales modificaciones, efectuadas al proyecto por motivo de actualización de las normativas, y los daños que dejó el terremoto y posterior tsunami de 16 de septiembre de 2015, provocaron un suplemento económico que llegó a $3.020.404.993.
Sin embargo, el gerente General de Sacyr Chile, Juan Antonio Marín, aclaró que la catástrofe “en ningún momento ha afectado a las arcas municipales”.
“La modificación de obra de la que se habla y que estaba firmada con el anterior equipo de gobierno, y hubo dificultades de pago, venían provocadas por unas deficiencias en lo que es la documentación técnica y el método de cálculo del edificio. Es decir, la norma técnica no estaba actualizada”, dijo.
Agregó que cuando sucedió el tsunami, “eso nunca afectó a las finanzas del contrato del edificio. Eso se asumió enteramente por parte de Sacyr y su compañía de seguros. Todas las modificaciones al contrato no tienen nada que ver con el tsunami”.

Presupuesto al alza
El organismo contralor sostuvo en su investigación que el 2 de diciembre en 2011, se suscribió el convenio entre el Gobierno Regional (GORE) y la Municipalidad de Coquimbo, para la ejecución del proyecto “Construcción Edificio Consistorial de Coquimbo”.
La iniciativa se estipuló con una inversión inicial de $8.011 millones, financiada íntegramente con recursos del GORE. Sin embargo, se constató que esa repartición efectuó un primer proceso licitatorio en que la única oferta que se presentó sobrepasó en un 140% el monto asignado.
Seguidamente, una segunda licitación fue declarada desierta, lo que obligó a presentar las bases para un tercer proceso, donde la única empresa qué superó la etapa de evaluación fue Sacyr, quien exhibió una oferta económica de $17.863 millones.
Debido a que el monto ofertado excedió el 10% del presupuesto autorizado, el proyecto debió ser reevaluado, resultando el análisis técnico económico favorable por parte del Ministerio de Desarrollo Social; acordando que el Consejo Regional de Coquimbo entregaba un suplemento de $5.168 millones respecto del ítem obras civiles y $94 millones en consultorías. Además, el Concejo Municipal de Coquimbo entraba al financiamiento del proyecto con un aporte de $5 mil millones más.
Esto permitió adjudicar la licitación a Sacyr y las obras totales ascendieron a más de $18 mil millones, es decir, previo a la modificación de contrato anteriormente expuesta.

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