EXPERTO AMBIENTAL POR VOTACIÓN DE DOMINGA: “El cambio de parecer (…) resulta bastante incomprensible”

Publicado bajo: Minería y Energía |

Ricardo Irarrázabal, es uno de los expertos más reconocidos del país en derecho ambiental, explica los mecanismos administrativos y judiciales que podrían activarse en el caso del proyecto de Andes Iron. Adelanta que una resolución final podría demorar hasta cuatro años.
Además, aborda aspectos legales del polémico episodio y descarta uno de los argumentos más usados por los críticos al proceso de evaluación.

Ricardo Irarrázabal es profesor de Derecho Ambiental y vicedecano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ejerció como subsecretario de Medio Ambiente y director nacional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Ricardo Irarrázabal es profesor de Derecho Ambiental y vicedecano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ejerció como subsecretario de Medio Ambiente y director nacional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

La votación de la Comisión de Evaluación Ambiental, que el jueves 9 de marzo rechazó el proyecto minero y portuario Dominga, de la empresa Andes Iron SpA, abrió espacio a un mar de juicios y especulaciones. Pero un dato que desde todos lados se da como cierto es que, por dramático que haya sido este episodio, no fue ni de cerca el último de la serie.
Tal como anunció ese mismo día el presidente ejecutivo de la empresa, Iván Garrido, la compañía apelará al Comité de Ministros, instancia técnico-política conformada por los secretarios de Medio Ambiente, Salud, Economía, Agricultura, Energía, y Minería. Aun después de este paso, quedan dos instancias más: el Tribunal Ambiental y, finalmente, la Corte Suprema.
El profesor de Derecho Ambiental y vicedecano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, Ricardo Irarrázabal Sánchez, es uno de los expertos más reconocidos del país en normativa ambiental. Ha ejercido como consultor en Chile y el extranjero, es autor de numerosos volúmenes dedicados al tema y ha ejercido como subsecretario de Medio Ambiente (2013) y director nacional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Con su ayuda, buscamos resolver algunas de las interrogantes que flotan en el aire.

-Partiendo por el Comité de Ministros, ¿cuáles son los recursos legales y los plazos disponibles para reclamar a una resolución de la Comisión Regional? ¿Cuánto puede tardar todo el proceso?
Una vez que se notifique la RCA (resolución de calificación ambiental), existe un plazo de 30 días para que el titular reclame ante el Comité de Ministros, luego de lo cual éste tiene un plazo de 60 días para pronunciarse sobre la señalada reclamación. Todos los plazos son de días hábiles administrativos (descontando sábados, domingos y feriados).
Con todo, resulta complejo forzar al Comité de Ministros a pronunciarse dentro de plazo, por lo que puede tomarse un tiempo mucho mayor que el establecido en la ley. Aunque existe un mecanismo, que se denomina “silencio administrativo”, pero de compleja articulación.
De lo que resuelva el comité se puede reclamar ante el Tribunal Ambiental respectivo (en este caso, el 2° de Santiago). Y luego, de lo que decida el Tribunal Ambiental, existe un recurso de casación ante la Corte Suprema. El tiempo total puede llegar a los 3-4 años.

-Se sabe que el Comité de Ministros puede solicitar nuevos estudios al proponente de un proyecto. ¿Pero puede, a partir de ello, cambiar el propio estudio de impacto ambiental (EIA), ya sea en sus fundamentos o en las medidas de mitigación, reparación o compensación?
Hay que recordar lo que fue el proyecto Punta Alcalde, rechazado en la región (Atacama) y luego aprobado en el Comité de Ministros. En dicho caso, dados los expresos términos del artículo 20 inciso final de la Ley 19.300, el Comité de Ministros estableció condiciones o exigencias a dicho EIA, que se tradujeron en un filtro que Punta Alcalde tenía que financiar en una de las chimeneas de la industria vecina de la CAP. Todo con la finalidad de mejorar la calidad del aire de Huasco, incluso con la nueva termoeléctrica.
Dicha facultad del Comité de Ministros fue ratificada por la Corte Suprema en recurso de protección que se intentó en contra de su resolución.
Los estudios en los cuales se fundamentó la señalada medida fueron ejecutados por el SEA y con una opinión independiente de uno de los mejores expertos de aire que hay en Chile.
Por lo tanto, nada obsta a que en el presente caso el Comité de Ministros solicite estudios e incorpore nuevas medidas.

-¿Qué personas o entidades pueden presentar algún recurso ante un tribunal ambiental en un caso como este?
En el caso de un rechazo de proyecto, sólo el proponente del mismo. En caso de aprobación de proyecto, tanto aquellos que realizaron observaciones ciudadanas y que no fueron consideradas, como el titular del proyecto por alguna condición o exigencia impuesta.

-En el probable escenario de una confrontación judicial, ¿qué revisan exactamente los jueces: la tramitación completa en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental o sólo los antecedentes que los intervinientes presenten?
En principio, los tribunales debieran atenerse al contenido de las reclamaciones. Pero ha ocurrido a veces que los tribunales han ido más allá de lo pedido, lo cual es un fundamento para la casación ante la Corte Suprema.

DISCUTIDA VOTACIÓN
-En nuestras páginas analizamos los fundamentos que cada uno de los integrantes de la Comisión Regional entregó a la hora de votar. En algunos casos, un mismo personero votó y argumentó en contra, pero previamente entregó, por escrito y con su firma, un oficio en que señalaba no tener observaciones. ¿Tienen estas autoridades libertad total para cambiar de opinión tan radicalmente?
El cambio de parecer en los mismos personeros, con tan pocos días de diferencia, resulta bastante incomprensible. Hay que esperar el acta de la comisión para conocer las motivaciones que llevaron a dichos seremis a cambiar de posición. Ahora bien, dicha fundamentación debiera estar basada en las leyes y regulación ambiental, no en cualquier tipo de argumentación. En este sentido, no hay realmente “libertad” para cambiar de posición, salvo algún nuevo antecedente. Las leyes están para cumplirlas.
– ¿Puede el titular de un proyecto utilizar tales contradicciones como argumento para impugnar una votación o responsabilizar de algún modo a los personeros que las hayan cometido?
Por supuesto, la arbitrariedad es ilegal de acuerdo a la ley. Y las autoridades han de actuar conforme a la ley. Estamos en un Estado de Derecho.

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