PROYECTO MINERO DOMINGA: Las contradicciones que marcaron la votación

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De sorpresas y curiosidades hubo mucho entre los argumentos vertidos por los 12 intervinientes en la Comisión de Evaluación. Algunos de los seremis que rechazaron el proyecto entregaron sólo pocos días antes pronunciamientos favorables en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, poniendo en duda sus propias actuaciones a lo largo del proceso y la naturaleza misma de la votación: ¿fue técnica o política?

Doce eran los funcionarios públicos –casi todos de confianza política– que, en su calidad de integrantes de la Comisión de Evaluación de Ambiental de Coquimbo, debían votar el jueves 9 de marzo la aprobación o rechazo de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) para el proyecto minero y portuario Dominga.
En forma paradojalmente alternada fueron votando uno a favor otro en contra. Finalmente empate a seis votos, considerando al intendente regional, Claudio Ibáñez, cuyo voto tuvo calidad de dirimente. Según la normativa vigente, ante un posible empate en esta instancia, la preferencia del jefe regional define la votación.
Cada voto fue argumentado, unos con una simple frase y otros con extensas intervenciones preparadas con anticipación, leídas en medio del incesante ruido proveniente de la calle, debido a las manifestaciones de partidarios y detractores del proyecto.
Se pronunciaron a favor el recién designado seremi de Economía, Rodrigo Sánchez Tello, y sus pares de Obras Públicas, Mirtha Meléndez Rojas; Vivienda y Urbanismo, Erwin Miranda Veloz; y Medio Ambiente, Eduardo Fuentealba Castillo, todos ellos militantes de la Democracia Cristiana, más el titular de Minería, Igor Díaz López de Maturana, de las filas del Partido Radical. El sexto voto de afirmativa correspondió al director regional subrogante del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Óscar Robledo Burrows.
Se inclinaron en contra el democratacristiano Óscar Pereira Peralta, seremi de Transportes y Telecomunicaciones; el socialista Marcelo Salazar Pérez, de Energía; el comunista Rosendo Yáñez Lorca, de Salud, y los dos seremis del Partido por la Democracia (PPD), Herman Osses Soto, de Desarrollo Social, y Andrés Chiang Guzmán, de Agricultura. A este último partido pertenece también el intendente Ibáñez.
En general, quienes aprobaron la iniciativa reiteraron lo expuesto en los pronunciamientos de sus respectivas carteras durante el proceso de evaluación del estudio de impacto ambiental (EIA) de Dominga, o en su defecto, de los organismos técnicos dependientes de cada cual. En el caso de Robledo, mantuvo la recomendación favorable emitida por el SEA en el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) del proyecto, fechado el 24 de febrero.
Más llamativos fueron los argumentos de quienes rechazaron, entre otras cosas porque muchos de ellos contradijeron los pronunciamientos expedidos por sus propias secretarías regionales ministeriales (algunos de ellos hace menos de un mes) en respuesta al ICE y a la cuarta y última Adenda presentada por la empresa Andes Iron.

ÓSCAR PEREIRA (TRANSPORTES)
Su intervención fue la más breve de todas: sólo nueve segundos. “Considerando que el transporte será revisado por el Comité de Ministros, rechazo”, fue lo más importante del mensaje.
En el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se puede ver un oficio firmado por el propio Pereira, del 3 de marzo, en que señala no tener observaciones al ICE. Antes, el 13 de febrero, otro oficio con su firma se pronuncia conforme con el proyecto.
Tras la votación, se retiró raudo y sin aceptar preguntas de la prensa.

ANDRÉS CHIANG (AGRICULTURA)
El entusiasmo con que leyó su argumentación pareció contagiar a los críticos a Dominga, quienes lo aplaudieron reiteradamente.
Acusó fallas de fondo en el EIA, tales como que el área de influencia había sido subestimada, por no incluir a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt (RNPH); que la línea base para medir los impactos ambientales fue insuficiente, tanto respecto al medio terrestre como al marino; que existía “desequilibrio entre impactos y medidas de mitigación”, insuficiente medición de efectos sinérgicos con otros proyectos (en particular, el puerto Cruz Grande, de CAP Minería), riesgos para las aguas de la quebrada de Los Loros y los cultivos de olivos de la zona, entre otros aspectos.
Pese a ser titular de Agricultura, recalcó los potenciales riesgos para las especies marinas de la zona, derivados del paso de barcos de carga. “En el ámbito marino, el titular no ha entregado todos los antecedentes que permitan evaluar el impacto que podría generar el transporte marítimo en la ruta de navegación”, dijo.
Varios de estos argumentos acogen las críticas que sostuvo a lo largo de todo el proceso la Corporación Nacional Forestal (Conaf), aunque se alejan completamente del pronunciamiento con observaciones firmado por el mismo Chiang, del 3 de marzo, en que incluso declara no tener competencias sobre algunos de los aspectos evaluados.

MARCELO SALAZAR (ENERGÍA)
Explicó su reprobación de modo algo complejo: “En una visión global de sustentabilidad de este proyecto (…), en relación al informe consolidado en que en algunas de las respuestas el titular del proyecto no da certezas si el proyecto generaría o no impactos ambientales significativos y los antecedentes no son suficientes para (…) el análisis”.
Cabe señalar que Salazar fue el primer personero en visar conforme el ICE. Lo hizo el 27 de febrero, apenas tres días después de su publicación, y sin reparo alguno.

ROSENDO YÁÑEZ (SALUD)
La opinión oficial de esta secretaría ministerial en respuesta al ICE, del 3 de marzo (firmada por el jefe del Departamento de Acción Sanitaria, Herman Cifuentes), se remite a correcciones y precisiones sobre diversos reglamentos involucrados en la evaluación. Previamente, mediante documento del 15 de febrero, el organismo se excluyó de participar en la evaluación de la Adenda 4.
Nada de eso apareció en las palabras de Yáñez, quien centró su exposición en que por la fecha en que el proyecto Dominga ingresó al SEIA (13 de septiembre de 2013) se le aplicó las exigencias contenidas en la normativa sanitaria de 2001, en vez de otra más estricta, de 2012. A partir de esta idea, deslizó que la iniciativa debió haber cumplido con mucho más del mínimo exigible. “Tanto el Código Sanitario como la Constitución obligan a la autoridad sanitaria a exigir un mayor estándar (…) al momento de evaluar un proyecto, a fin de que se garantice la seguridad de la población”, afirmó.
Mencionó que el único impacto significativo sobre la salud identificado por el proponente fueron emisiones de ruido, lo cual a su juicio sería “insuficiente”.
Además, disparó contra el director regional del SEA, señalando que no ejerció la facultad que le entrega la Ley sobre Bases del Medio Ambiente, en orden a terminar anticipadamente la evaluación de un estudio de impacto ambiental en que se omita información esencial.

HERMAN OSSES (DES. SOCIAL)
En su discurso (leído en tono bajo y sin levantar la mirada) acusó que el titular de la iniciativa “no acreditó la inexistencia de impactos ambientales significativos” y “en consecuencia, no propuso las medidas necesarias de mitigación”.
Hizo hincapié en el daño que el puerto de Dominga (propuesto para la bahía de Totoralilllo Norte) y las faenas de transporte de concentrado de hierro en grandes barcos cargueros ocasionarían a las actuales actividades económicas de la zona, en particular la pesca. Esta idea coincide con el pronunciamiento con observaciones ingresado por la cartera al SEIA el 3 de marzo, en que estipulaba la necesidad de que Andes Iron incluyera en su proyecto “una medida de compensación económica para los grupos humanos que ejercen actividades productivas” en las áreas de manejo de recursos bentónicos. Una petición que, sin embargo, el SEA recomendó rechazar por improcedente.
Osses también apuntó a que el EIA adolecía de falta de información y que fue presentado de manera fraccionada.

El voto del intendente Claudio Ibáñez

El intendente leyó un documento preparado previamente, de cuatro carillas.

El intendente leyó un documento preparado previamente, de cuatro carillas.

Usó un discurso de cuatro carillas para explicar su posición. Con frases que parecían bambolear entre la felicitación y la crítica al proyecto, resaltó conceptos como el desarrollo sustentable, la necesidad de proteger la riqueza biológica del litoral de La Higuera y la afectación a los recursos naturales. Todo ello pese a que reconoció “la importancia de la minería en la historia de nuestra región, la relevancia de sus efectos económicos, comerciales, productivos, sociales y culturales”.
Incluso afirmó que “en este proceso de más de tres años es justo reconocer la iniciativa de la empresa por sacar adelante el proyecto, con medidas y diseños innovadores que buscan mitigar sus impactos, aportando antecedentes a las observaciones planteadas por los servicios públicos, donde también el trabajo de los equipos involucrados en el estudio, demuestran que la institucionalidad funciona, en el marco que obliga y que permite la ley”.
Pero agregó que “este proceso se lleva a cabo bajo una normativa medioambiental hoy derogada, y que si bien, respetuosos de la institucionalidad, no pretendemos hacer más exigencias que las establecidas en dicha legislación, de la misma certeza es que, en dicho marco legal, se establecen los mínimos, pero como gobierno debemos pensar en los máximos estándares. (…) Cabe la duda razonable, cuando hay organismos técnicos que advierten riesgos y sus fundamentos son desestimados en el proceso; cuando existen consideraciones que, al amparo de la normativa aplicable, no pueden ser evaluadas; cuando existen situaciones que de no ser razonadas implica exponer a la comunidad, a las personas, a riesgos en su salud y en la calidad de vida, incluso a la afectación de sus tradicionales fuentes laborales”.

Cómo se vivió la votación desde la calle
Luego de esperar y gritar por casi tres horas, a la una de la tarde conocieron el resultado de la votación. Entonces la opinión de quienes apoyaban y quienes rechazaban el proyecto Dominga no se hizo esperar.
Natalia Tapia, de Los Choros, destacó que «siento mucha satisfacción y orgullo porque este rechazo es un triunfo para las comunidades que nos íbamos a ver afectados con este proyecto. Es un tapaboca para todas las personas que dicen que los políticos son todo poderosos, la gente tiene un poder importante también. Nosotros somos una población libre de delincuencia, prostitución, de drogas y todo esto se iba a ver afectado con este proyecto, asi es que estamos felices. Vamos a celebrar».
Rodrigo Flores, Vicepresidente del gremio de pescadores de Punta de Choros y encargado del área de Turismo, señaló que «en un principio pensábamos que iba a ser aprobado por un tema netamente político pero finalmente nos dieron la razón. La tarea del Gobierno ahora es incluir a la gente del interior que durante mucho tiempo se han visto perjudicados por el tema de la minería, no podemos dejar que un proyecto venga a solucionar los problemas de la gente, eso es totalmente falso», indicó.
Enzo Ramírez, trabajador de la construcción, señaló que «acá no hay trabajo, la cesantía es enorme, toda la gente está pasando hambre en La Serena y en La Higuera, entonces si el Intendente vota que no que dé más trabajo. Esto era el futuro para ellos, era algo que teníamos al alcance como fuente laboral, andamos todos buscando trabajo y no hay. Que arregle la situación, este proyecto estaba bueno para toda la región».
Algo que reafirmó Erica Hidalgo, minera del pueblo de La Higuera, quien se manifestó totalmente desilusionada. «Me da vergüenza la concertación, siempre ha sido la más votada de la región. Ahora no queremos ningún político de la concertación dentro de la comuna de la Higuera porque ellos no velaron por el pueblo de La Higuera, que es un pueblo minero. Los pescadores a nosotros no nos dan trabajo, ellos se echan la plata al bolsillo y los demás quedamos mirando. Tenemos hijos; esto es una decepción con la concertación y la Presidenta, no los queremos ver, son una vergüenza pública». Mientras, desde el otro sector entre abrazos y felicitaciones, los detractores al proyecto celebraban la decisión.
En tanto Luis Aguilera, Concejal del Partido Comunista de la Municipalidad de La Serena, señaló que «me alegro que el señor Intendente haya escuchado la voz del pueblo. Estoy muy contento con este rechazo porque hace el sentir de la gente, escuchan a la gente. Ahora, yo creo y pienso que la minería no puede estar rigiendo la economía de este país, no puede estar chantajeándonos; aquí es el Estado el que tiene que responder por esa comunidad. Espero que de una vez por todas no tengamos que depender de las empresas que se coluden».

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