Regantes piden a senadores fortalecer Juntas de Vigilancia y mantener los derechos de aguas otorgados

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Representantes de organizaciones de aguas de toda la región, junto a dirigentes de la Sociedad Agrícola del Norte, los senadores Adriana Muñoz y Jorge Pizarro y  el experto en legislación hídrica Rodrigo Weisner, trabajaron más de 5 horas en realizar aportes al proyecto de ley que crea un nuevo código de aguas. La cita tuvo lugar en las oficinas de la Junta de Vigilancia del Río Elqui, ubicada en las inmediaciones del embalse Puclaro.
Por primera vez, tras varios meses de actividades e intenso debate, las organizaciones de aguas presentaron a los senadores una serie de correcciones que a su juicio deberían estar incorporadas una vez que empiece la discusión de la reforma a partir de marzo en el Senado. De ahí la relevancia de esta reunión, que sus organizadores calificaron como un «hito regional» desde el inicio de la tramitación del proyecto.
El análisis fue desarrollado en detalle artículo por artículo. Entre los más importantes destacan los efectos de la conservación del caudal ecológico, vale decir, un caudal de agua mínimo para  la protección de la flora y fauna en los valles; el fortalecimiento de las Juntas de Vigilancia en situaciones de emergencia hídrica y también la mantención del uso, goce y disposición de los derechos de aprovechamiento ya otorgados con anterioridad a la promulgación de la reforma.
Al respecto, Dagoberto Betancourt, Gerente de la Junta de Vigilancia del Río Elqui, señaló que esta es la primera reunión de trabajo que pretende corregir el curso del proyecto de reforma al Código de Aguas.
«Damos por sentado que este es un hito, porque estuvimos todas las provincias de la región representadas, las Juntas de Vigilancia y los actores interesados y tuvimos a los senadores disponibles para escucharnos y acoger nuestras inquietudes con argumentos razonables. Lo que estamos tratando de proteger son básicamente dos cosas: el fortalecimiento de las Juntas de Vigilancia y la protección de los derechos de aguas ya otorgados», dijo.
Luis Lohse, Presidente de la Junta de Vigilancia del Río Choapa, afirmó que si bien hubo disponibilidad de resolver dudas y agregar cambios en algunos artículos de la ley, quedan varias instancias para continuar generando proposiciones. «Creo que esto va a ayudar a reflexionar porque creemos que no es un tema resuelto aunque hemos sido propositivos para aportar al nuevo código de aguas. Me quedo con la idea de seguir escuchando a nuestros regantes. Este es un gran paso, ahora tenemos que reunirnos con el Director General de Aguas y la Comisión de Recursos Hídricos del Senado», dijo.
José Eugenio Gonzalez, Presidente Junta de Vigilancia Río Grande Limarí, destacó la importancia de continuar trabajando en desarrollar una reforma que incluya a todos los   involucrados.  «Estas reuniones son positivas y nos sirven como experiencia en el sentido de que los temas hay que conversarlos y agotar las instancias de diálogo antes de entrar en conflicto».
Ignacio Millet, Presidente de la Asociación de Canalistas de Illapel, valoró que los parlamentarios aceptaran las inquietudes generada desde los regantes de la región. «Estamos muy conformes por la disposición que presentaron los dos senadores que nos escucharon claramente y encontraron acertadas las propuestas que presentaremos en el Congreso».
Por otra parte, el experto en legislación hídrica, Rodrigo Weisner afirmó que el análisis de la reforma debe considerar el desarrollo histórico de la agricultura en la región y que no nace con el código de aguas de 1981.
«La agricultura en esta región nace en el siglo XIX e incluso antes y que no nace con el Código de Aguas de 1981 y por lo tanto, cualquier regulación que se haga debe hacerse con respeto a esa historia y por mucho que la reforma tenga objetivos loables como garantizar el consumo humano y el medio ambiente, el problema es que entran normas que afectan la historia de los derechos de los regantes, y eso genera preocupación», puntualizó.

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