Seremi asegura que reforma a la enseñanza superior permitirá a universidades dejar de “andar consiguiendo recursos para seguir existiendo”

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Criticado desde prácticamente todos los sectores involucrados, el proyecto de Ley de Educación Superior considera un sistema de aseguramiento de la calidad, un nuevo esquema de financiamiento, eliminar los espacios al lucro, entre otros puntos. Pedro Esparza, seremi del ramo, confía en que se logre promulgar la nueva legislación hacia el segundo semestre de 2017.

Pablo Portilla Vargaspedro esparza

Mediante un mensaje enviado a la Cámara de Diputados, el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet abrió al debate en el Congreso Nacional al comentado y polémico proyecto de Ley de Educación Superior, que pretende introducir fuertes cambios en el sistemas de enseñanza profesional y técnica de nivel superior, que abarca a los centros de formación técnica (CFT), los institutos profesionales (IP) y las universidades, sean éstas privadas, privadas “con vocación pública” (las que conforman el colectivo autodenominado G9) y estatales.

La iniciativa contiene cinco ejes primordiales: “Sistema de Aseguramiento de la Calidad”, “Fin Efectivo del Lucro”, “Equidad e Inclusión”, “Formación Técnico Profesional” y “Fortalecimiento de la Educación Pública”.

El secretario regional ministerial de Educación, Pedro Esparza, recalca que este proyecto es sólo una parte de la reforma integral al sistema educacional que se puso como meta la administración Bachelet, y en donde se ha avanzado ya en medidas para los niveles parvulario, básico y medio, carrera docente, así como algunas medidas ya implementadas para la enseñanza superior, como el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) y la gratuidad para los cinco primeros deciles, que por ahora es sólo una glosa dentro de la Ley de Presupuestos, pero que –según datos oficiales– está beneficiando a 5.580 jóvenes de la región.

 

-La reforma a la educación superior es producto de una inquietud social evidente, expresada en las movilizaciones estudiantiles. ¿Qué tanto interpreta este proyecto a aquellas aspiraciones originales?

Considero que los interpreta de manera muy importante. Suele ocurrir en estos procesos de cambio que las propuestas no satisfacen plenamente a los principales grupos más vinculados al tema, en este caso, los estudiantes, los rectores. Falta internalizar más la riqueza de esta propuesta inicial; es lógico que cada cual quiera lo óptimo desde su perspectiva, pero para nosotros, como gobierno, significa hacer la síntesis, de forma que esta ley se implemente con una mirada de país. Estamos iniciando un proceso legislativo, por lo tanto se van a ir agregando otros elementos, se irá enriqueciendo y estará la opción de que aquellos que están relacionados al tema puedan entregar sus opiniones.

Van a ser varios meses. Nosotros ya tenemos experiencia, ocurrió con la Ley de Inclusión, también con la Política Nacional Docente, que en algún momento parecía que nadie estaba conforme, pero después va a avanzando el trámite legislativo, los parlamentarios hacen su trabajo y al final del día se obtiene algo que hace bastante más sentido a las grandes mayorías. No debiera ser distinto en esta ocasión.

 

-¿Tiene algún plazo el gobierno para lograr la promulgación?

Debiera ser al primer semestre del próximo año. No podemos estar eternamente discutiendo; además, ya hubo un proceso prelegislativo no menor.

 

-Usted mencionó que ya hay experiencia en el debate de proyectos que han tenido resistencia. Pero lo notable en este proyecto es que, a diferencia de cualquier otro, no parece haber ningún actor que esté conforme; tenemos a los rectores de universidades estatales, los rectores del G9, estudiantes… ¿Cómo se entiende algo así?

No podría decir en todos, pero en ciertos casos hay una mirada corporativa: yo, desde mi posición, trato de alcanzar el máximo al que puedo aspirar, y lógicamente que, al iniciar el trámite, enfatizo las diferencias más que las coincidencias. Eso es una estrategia obvia. Si alguien aspira a 100 y en este momento está logrando 70, va a seguir pelando por llegar a 100. Un buen ejemplo es que los rectores de universidades estatales dicen “esto no nos interpreta, nos dan muy poco”, y los rectores del G9 dicen “a ellos les dan y a nosotros no”.

 

-En una entrevista reciente el rector de la Universidad de La Serena, Nibaldo Avilés, nos planteó que hasta antes de la gratuidad “la preocupación de las universidades y los rectores era el financiamiento; llega la gratuidad y la preocupación es la misma. Los rectores se siguen preocupando de cómo financiar la universidad”. Los dineros de la gratuidad sólo financian la docencia; por tanto, las otras actividades, como extensión e investigación, no están cubiertas.

En relación a las universidades estatales, habrá tres tipos de financiamiento: por un lado, la gratuidad, que se proyectará fundamentalmente a la docencia. Pero también habrá fondos para la investigación; el trámite legislativo nos indicará cuáles son los montos, cuánto le va a corresponder a cada universidad, y también habrá fondos de carácter institucional para, en particular, las universidades públicas.

 

-¿Para su funcionamiento habitual, o sea, un financiamiento basal?

Exacto. Y también para que implementen programas de mejora.

 

-Y es eso lo que, precisamente, se alega desde el G9 que no van a recibir.

Justamente. Uno puede entender la impaciencia, pero habrá mayor cantidad de recursos y eso va a permitir que el conjunto de las universidades, pero en particular las estatales, tengan la preocupación fundamental en cómo hacer una mejor universidad y no en cómo andar consiguiendo recursos para seguir existiendo.

 

-¿Seguirán existiendo fondos concursables?

No en el caso de los fondos institucionales. Se asignan a partir de un conjunto de variables: la población estudiantil, las características de las carreras, los programas de mejora que se estén llevando adelante, los resultados de las acreditaciones…

Y en el caso de la investigación, está la decisión de apoyarlos en términos de recursos, pero contra evidencias concretas de que esa investigación tiene pertinencia para el desarrollo de la universidad.

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